¡Cacao! Junta Central Electoral

Con este, me acerco a casi 2 años utilizando mi espacio haciendo propuestas. Muchas de las propuestas partieron de la premisa de que en nuestro país, aún con sus dificultades, hemos avanzado y que algunas cosas elementales ya fueron superadas. Recientemente descubrí que en definitiva yo he pecado de iluso. En esta ocasión sangro un poco por la herida con la Junta Central Electoral, ¡Oh, madre santísima! La Junta.

Primero que nada, la división por jurisdicciones de las Oficialías del Estado Civil. Comprendo que esto es un arrastre de la Ley No. 659 de los Actos del Estado Civil de mil novecientos cuarenta y cuatro, pero no pongo reparo en cargar la responsabilidad a la JCE que si bien ha sido muy diligente en someter y conseguir la aprobación de 4 leyes sobre el régimen electoral y los partidos en los últimos 10 años, no ha hecho absolutamente nada con los Actos del Estado Civil, y en especial en eliminar la división por jurisdicciones de las Oficialías. Pudiéndose decir lo mismo de los alguaciles, notarios y registros inmobiliarios, imponer jurisdicciones a los oficiales del estado civil tenía sentido cuando la gente andaba a caballo y la mitad del país estaba sin documentos. Operar bajo ese régimen como si el país estuviera dividido por trocitos, cada uno con sus propias leyes, no tiene sentido. Esto requiere eliminación urgente.

Más aún, realizando las gestiones para mi matrimonio civil descubro que el Oficial del Estado Civil que me estaría casando necesita que yo le presente actos mi estado civil. Por lo que debo ir ante el mismo Oficial del Estado Civil que busco para el matrimonio a los fines de que este me expida esos actos del estado civil para luego proceder con su entrega al mismo Oficial del Estado Civil para que este finalmente, y en teoría, proceda a realizar el matrimonio. Proceso que se evidencia muchísimo más estúpido ahora que lo vengo poniendo por escrito.

Pero como si eso fuera poco, en ejecución de tan estúpido proceso descubro que mi acta de nacimiento está en proceso de “corrección administrativa” y, por tanto, no me puede ser emitida y no me puedo casar hasta tanto termine ese proceso porque el Oficial del Estado Civil necesita que yo le entregue un documento que le corresponde a él mismo emitir. Para aclarar un poco el nivel de absurdo burocrático propio del Siglo XIX que hoy ejecuta la JCE y en el que estoy metido; el Oficial del Estado Civil no me puede casar, porque él no me puede emitir mi acta de nacimiento debido a que la JCE para la cual él trabaja cometió un error interno manipulando mi información sin mi consentimiento el cual esta debe corregir y yo debo esperar, para luego de que el Oficial del Estado Civil me emita el acta de nacimiento yo se la entregue a él mismo.

Usualmente en este punto de mis artículos tiendo hacer una propuesta bien elaborada de correcciones y un listado de tareas a ejecutar, habitualmente incluyendo el uso de tecnologías probadas en estos procesos para facilitar el trabajo del Estado y reducir costos a los ciudadanos. Pero hoy no tengo nada de eso; ¿Para qué hacer de ridículo y perder mi tiempo?

La JCE debería ir a cualquier universidad y contratar a un estudiante de último año de ingeniería industrial, darle un minuto para revisar este ridículo proceso, luego darle 4 horas para que se le pase la risa de haber sido sometido a semejante estupidez, y finalmente darle un papel y un lápiz para que describa el nuevo proceso y ejecutar eso.

El drenaje en la ciudad de Santo Domingo

La lluvia del viernes pasado desnudó, nuevamente, la realidad detrás del sistema de drenaje de la ciudad de Santo Domingo. Este problema no es nuevo, pero es difícil de atender por razones políticas, técnicas y de presupuesto. Para esta propuesta abordo cada una de esas razones para tratar de brindar una luz al final del túnel alrededor del eterno problema del drenaje de la ciudad capital, que pudiera ser replicado en otras ciudades del país.

Entiendo que todos estamos de acuerdo en que ya es tiempo de que tengamos una solución al sistema del drenaje, pero la idea de que para hacerlo se sacrifiquen meses o años del normal desenvolvimiento de la ciudad para llenarla de zanjas para instalar ese sistema en la forma tradicional, simplemente no es realista. Desde hace décadas en otros países se vienen empleando técnicas de instalación y mantenimiento de drenajes sin zanjas, y múltiples empresas en el exterior ofrecen el servicio. Si, en definitiva, el servicio no se ofrece en el país, debemos extender múltiples licitaciones internacionales para ejecutar la instalación del sistema de drenaje sin zanjas en la ciudad.

Dicho lo anterior, la realidad es que las alcaldías no tienen presupuesto suficiente para atender un problema de esta magnitud en un tiempo razonable. Para poder pagar un trabajo masivo de instalación de drenaje sin zanjas estas pueden implementar un arbitrio temporal sobre cada residencia en la ciudad, acorde al valor de las mismas, utilizando a los residenciales y juntas de vecinos como agentes de retención en similar forma en como hoy se aplican con relativa normalidad las cuotas extraordinarias de mantenimiento. En principio, este arbitrio no debería exceder los 6 meses de vigencia y el único objetivo de su recaudación debe ser atender el problema del drenaje de la ciudad.

Tomando lo antes expuesto, y para hacerle frente al problema político que implicará un nuevo arbitrio y la inversión en una obra que, como el drenaje, no se ve y sólo se hace relevante cuando ocurre un evento como el del viernes, la alcaldía debería crear un fideicomiso para la recaudación del arbitrio y el pago de las labores de instalación del sistema de drenaje sin zanjas, que tenga disponible al público y en tiempo real el total de lo recaudado, lo ejecutado y los montos en caja. Esto crearía un compromiso de la alcaldía no sólo a la transparencia en el uso de los fondos y la veeduría ciudadana, sino a la temporalidad del arbitrio y su uso.

Debemos aceptar que lo ocurrido el viernes va a ser un evento cada vez más habitual en nuestro país dado a los efectos del cambio climático, y las ciudades deben adaptarse ante esta nueva realidad. Tenemos que adoptar mejores técnicas para la construcción de infraestructura pública como la instalación de drenaje sin zanjas, y apalancarse en figuras como los fideicomisos públicos municipales para financiar, construir y manejar la ejecución de obras de alta importancia e impacto para manejar los riesgos económicos y políticos asociados al desarrollo de las mismas.

La instalación del drenaje necesario para la ciudad de Santo Domingo pudiera ser el proyecto que sirva de punta de lanza para este nuevo enfoque de ejecución de políticas públicas, y servir de ejemplo a replicar en todo el territorio nacional en los años por venir.

e-Residencia

Hace 8 años Estonia, un pequeño país en la región Báltica de Europa, inició su programa de e-Residencia para emprendedores que viven fuera de Estonia. A la segunda mitad de este año Estonia ya tenía 94,000 e-Residentes que han constituido más de 22,000 nuevas empresas en Estonia, como resultado de ese esfuerzo, entre impuestos y servicios, el gobierno de Estonia ha recaudado más de 114 millones de euros desde que empezara el programa. República Dominicana tiene una parte no despreciable de la infraestructura que se requeriría para replicar un programa de esa naturaleza y deberíamos considerar volcarnos a construir un programa similar apuntando a e-Residentes de Latinoamérica.

Desde hace uno años desde el Estado dominicano se ha venido haciendo un esfuerzo notable en estimular el emprendedurismo en especial para la población joven del país. Uno de los componentes importantes de establecer un cultura de esa naturaleza es poder atraer a potenciales emprendedores extranjeros a contribuir con esa cultura a través de un programa estructurado para ello como lo sería un programa de e-Residencia.

Las condiciones de partida deben estar claras, esto no se trata únicamente de recaudación, de hecho el Código Tributario Dominicano como está sería un punto de partida terrible para atraer inversión y mucho menos estimular la creación de empresas en el país. El programa debe tender a facilitar la formalización de emprendimientos latinoamericanos en nuestro territorio, y empezar a posicionar a la República Dominicana como un hub de innovación y emprendedurismo para la región.

Similar al programa de Estonia, las empresas creadas a través del programa de e-Residencia en nuestro país deberían estar exentas del impuesto sobre la renta y las declaraciones anuales, los impuestos patrimoniales, así como cualquier impuesto sobre ingresos no distribuidos o capitalizados, quedando sujetos a la obligación de retención del impuesto sobre la renta de los dividendos distribuidos, así como la retención del impuesto sobre la renta y las obligaciones de Seguridad Social en el pago de nómina.

Adicionalmente, a las personas físicas que constituyan empresas como parte del programa y mantenga una e-Residencia se les debe permitir la entrada y salida al país en la misma forma que a los residentes legales, en adición a crear una vía rápida de acceso a la residencia física permanente y, eventualmente, la naturalización, para que esto no sólo sirva de estímulo al turismo de la región hacia el país, sino para motivar la creación de puestos de trabajo en nuestro territorio por parte de esas empresas.

La República Dominicana está en un momento especial en su historia, siendo un pequeño pilar de crecimiento económico y estabilidad tanto social como política en una región tradicionalmente volátil, y que hoy sigue fluctuando a los extremos políticos. Así como hoy aprovechamos este contexto para tratar de ser un hub logístico, como muy acertadamente viene apuntando el equipo en Aduanas, también podemos serlo en otros aspectos, incluyendo en innovación y emprendedurismo sirviendo de vía de escape a los emprendedores regionales que pudieran temer a la inestabilidad política y normativa que reciben habitualmente de sus países.