Reconsiderando la fiscalización.

Mientras el proceso judicial del caso Senasa acapara la atención mediática, es importante que el Gobierno y el Congreso Nacional pongan sus ojos en el proceso legislativo y normativo que debe ocurrir para evitar que casos como este vuelvan a ocurrir. Debería ser fuente de alarma para el Estado que el caso se destapara por virtud del rumor público y la prensa, y no por los controles internos y externos de la organización.

La Cámara de Cuentas, en la forma que está actualmente diseñada, simplemente no funciona como un ente efectivo de fiscalización. El hecho de que su respuesta al rumor público alrededor del Senasa fuera una auditoría de los años 2017 al 2019 evidencia que de no haberse destapado el escándalo probablemente la Cámara de Cuentas no se hubiera enterado de lo ocurrido hasta el año 2030. Necesitamos una fiscalización continua y dinámica de la actuación del Estado, y la Cámara de Cuentas no tiene el presupuesto ni la estructura para lograr algo de esa magnitud. 

El proceso de reforma de la fiscalización del Estado debería enfocarse en cuatro pilares: la fiscalización preventiva, la agilidad de actuación de los fiscalizadores, eficientización presupuestaria y el control externo de la fiscalización.

Para lograr algo de esa magnitud será necesario crear un sistema de inspectoría general en todas las entidades públicas. Los inspectores generales de cada entidad tendrían una estructura y presupuesto dentro de la entidad que estarían fiscalizando, pero se reportarían, serían supervisados y evaluados por la Cámara de Cuentas, quien a su vez debe ser un órgano adscrito, nombrado y con dependencia funcional al Congreso Nacional. 

Al igual que la Cámara de Cuentes hoy en día, los inspectores generales deben, de manera independiente, contar con el poder de preparar informes, hacer recomendaciones e incluso referir los casos que entiendan apropiados a la acción del Ministerio Público. La Cámara de Cuentas a su vez debe monitorear la acción de los inspectores generales y que las entidades a las que estos se encuentren adscritos no obstaculicen o traten de influenciar el ejercicio de esas funciones. 

Impulsar la independencia de organismos como la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público ha sido, y seguirá siendo, de vital importancia para nuestro país si deseamos reducir el impacto de la corrupción en nuestra gobernanza. Pero esa independencia en si misma no es suficiente porque ambos organismos fungen como controles post-hoc y el objetivo del Estado, y el beneficio político del esfuerzo anti-corrupción, no va a estar solamente en castigar los actos de corrupción sino en lograr la forma de prevenirlos.

El caso Senasa con sobradas razones ha indignado a la sociedad y esta esperará pacientemente los resultados del proceso judicial, por su lado el Estado debe ver el caso de Senasa como una oportunidad de ejecutar muchas de las reformas necesarias para evitar que casos como este no vuelvan a ocurrir. Una de estas es la reforma de la fiscalización de la acción del Estado que simplemente no debemos tolerar que continúe en la forma en la que lo ha venido haciendo en toda nuestra historia democrática.      

Capacitación técnica

Desde hace poco más de un año he venido insistiendo en la urgencia de implementar un plan nacional de industrialización que nos permita reorientar una parte de nuestra economía hacia las exportaciones de bienes manufacturados y reducir nuestra dependencia del turismo y las remesas para la captación de divisas, para estar más preparados a los cambios comerciales y geopolíticos que se van vislumbrando. Para hacer de esto una realidad, debemos prestar atención a la necesidad de capacitación técnica de nuestra fuerza laboral. 

Esta necesidad no es un secreto para el Estado o el sector privado, precisamente buscando atender eso fue que se crearon el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), ambas iniciativas ejemplares que han traído buenos resultados para nuestro país. Pero una industrialización como la que será necesaria en los próximos años va a necesitar un abordaje distinto y mucho más agresivo.

Un ejemplo práctico del alcance al que debemos apuntar es el de la capacitación docente en nuestro país hacia la que se han movilizado docenas de miles de millones de pesos en becas y programas de capacitación como parte del gasto en educación que se ha realizado desde la implementación del 4%. Desde la implementación de ese enfoque no solo se ha logrado capacitar a docenas de miles de docentes, sino que se ha logrado impulsar a la carrera de Educación como una de las más demandadas para estudiantes universitarios de nuevo ingreso, representando más de un 10% del total de estudiantes universitarios, proporción muy por encima del 4% que suele verse en naciones desarrolladas.

Lamentablemente, la inversión en la industrialización del país no está respaldada por una ley que obligue el gasto de un 4% del PIB en ella como la educación, por lo que esto tendría que ser abordado de forma distinta. En principio esto hubiera podido ser ejecutado mediante una alianza público-privada, pero esta figura legal es tan infuncional que sería inutil, por lo que un fideicomiso público el cual pueda captar fondos privados de empresas con vocación industrial interesadas en la capacitación de su personal y sus futuros prospectos pudiera ser un vehículo más viable. 

Adicionalmente la inversión privada en capacitación debe ser incentivada con un tratamiento fiscal favorable que les permita deducir la misma de la renta imponible que le pudiera ser aplicable en el corto y mediano plazo, de esta forma se puede crear un fondo sostenible y lo suficientemente sustancial como para sostener el programa durante todo el proceso de industrialización y su continuidad en el futuro. 

Los beneficios de esta política serían inmediatos en la creación de la fuerza laboral que puede sostener el proceso de industrialización y podría sostenerse en el largo plazo en la medida en que esa fuerza capacitada se vuelque a emprender por su propia cuenta y crear empresas y nuevos empleos en sus ramas de especialización. Este es uno de los múltiples pasos que debemos tomar para la implementación de un plan sostenible de industrialización que permita la diversificación económica interna y externa de nuestro país, y que pueda sostener nuestro crecimiento en el mediano y largo plazo indistintamente de las fluctuaciones geopolíticas.    

El mito nacionalista (2)

Hace unas semanas escribí de como no obstante el Estado dominicano haber complacido al sector nacionalista deteniendo el otorgamiento de visas y permisos de trabajo en Haití, construido el muro y ejecutar la deportación de más de 300,000 personas, ninguno de los problemas que estos atribuyen a los migrantes haitianos se solucionó, de hecho en muchos casos empeoró. En esta ocasión quiero llamar la atención sobre lo que potencialmente sí nos ha traído el haber complacido a los nacionalistas. 

El sector construcción ha venido contrayéndose cada trimestre desde el último de 2024. Hay muchos factores que pueden explicar este comportamiento del sector que van desde la inflación, las altas tasas de interés y los retrasos burocráticos los que probablemente han tenido una alta incidencia en la contracción de la construcción, pero estos factores no han variado significativamente de como estaban en los primeros 9 meses de 2024, de hecho varios de estos han mejorado sustancialmente. Quizás no sea coincidencia que el decrecimiento de la construcción inició justo en el mismo trimestre en el que el Estado inició su campaña de deportaciones masivas.

El resultado de las deportaciones masivas también se va manifestando en las exportaciones agrícolas nacionales, en particular en la reducción de las exportaciones de banano y tabaco, sectores que tenían alta dependencia de la mano de obra haitiana. 

Todo lo anterior deriva de una vista superficial de los datos económicos publicados por el Banco Central, sería de mucho valor un análisis exhaustivo que pueda dimensionar adecuadamente el costo económico que ha representado el haber complacido a las nacionalistas. 

Aunque dudo mucho que la desaceleración económica se deba en todo o siquiera en su mayor parte a la política de deportaciones, expulsar a 300,000 personas, en su mayoría productivas, de un país de un poco más de 10 millones de personas en tan corto tiempo, necesariamente iba a tener un impacto en nuestra economía. 

Por encima de las consignas nacionalistas importadas desde Estados Unidos que hablan de invasiones, reemplazos, robo de empleos, depresión salarial o aumento de la criminalidad, todas demostradas falsas en este último año, sí se tapa una realidad importante de nuestra población inmigrante, la inmensa mayoría trabaja y consume en nuestro territorio, y son una parte importante de nuestro motor económico, expulsarlos nos ha salido caro por doble partida, el costo base (bastante elevado) del programa de deportación y el costo económico de no tenerlos acá trabajando y consumiendo. 

Es mi deseo que esta sea una lección aprendida para el Estado dominicano y muy especialmente para todos nuestros políticos que con frecuencia se dejan tentar por los cantos de sirena nacionalistas. Necesitamos un sistema de inmigración efectivo y estratégico, que reconozca los beneficios y los retos de todo tipo de inmigración y que pueda adaptarse a las necesidades del país, pudiendo ser restrictivo en aquello que sea absolutamente necesario e inclusivo en el manejo de la mayoría de los casos. Las pancartas nacionalistas, por el propio bien de la nación, deben pasar a ser cosa del pasado.