Desde hace poco más de un año he venido insistiendo en la urgencia de implementar un plan nacional de industrialización que nos permita reorientar una parte de nuestra economía hacia las exportaciones de bienes manufacturados y reducir nuestra dependencia del turismo y las remesas para la captación de divisas, para estar más preparados a los cambios comerciales y geopolíticos que se van vislumbrando. Para hacer de esto una realidad, debemos prestar atención a la necesidad de capacitación técnica de nuestra fuerza laboral. 

Esta necesidad no es un secreto para el Estado o el sector privado, precisamente buscando atender eso fue que se crearon el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), ambas iniciativas ejemplares que han traído buenos resultados para nuestro país. Pero una industrialización como la que será necesaria en los próximos años va a necesitar un abordaje distinto y mucho más agresivo.

Un ejemplo práctico del alcance al que debemos apuntar es el de la capacitación docente en nuestro país hacia la que se han movilizado docenas de miles de millones de pesos en becas y programas de capacitación como parte del gasto en educación que se ha realizado desde la implementación del 4%. Desde la implementación de ese enfoque no solo se ha logrado capacitar a docenas de miles de docentes, sino que se ha logrado impulsar a la carrera de Educación como una de las más demandadas para estudiantes universitarios de nuevo ingreso, representando más de un 10% del total de estudiantes universitarios, proporción muy por encima del 4% que suele verse en naciones desarrolladas.

Lamentablemente, la inversión en la industrialización del país no está respaldada por una ley que obligue el gasto de un 4% del PIB en ella como la educación, por lo que esto tendría que ser abordado de forma distinta. En principio esto hubiera podido ser ejecutado mediante una alianza público-privada, pero esta figura legal es tan infuncional que sería inutil, por lo que un fideicomiso público el cual pueda captar fondos privados de empresas con vocación industrial interesadas en la capacitación de su personal y sus futuros prospectos pudiera ser un vehículo más viable. 

Adicionalmente la inversión privada en capacitación debe ser incentivada con un tratamiento fiscal favorable que les permita deducir la misma de la renta imponible que le pudiera ser aplicable en el corto y mediano plazo, de esta forma se puede crear un fondo sostenible y lo suficientemente sustancial como para sostener el programa durante todo el proceso de industrialización y su continuidad en el futuro. 

Los beneficios de esta política serían inmediatos en la creación de la fuerza laboral que puede sostener el proceso de industrialización y podría sostenerse en el largo plazo en la medida en que esa fuerza capacitada se vuelque a emprender por su propia cuenta y crear empresas y nuevos empleos en sus ramas de especialización. Este es uno de los múltiples pasos que debemos tomar para la implementación de un plan sostenible de industrialización que permita la diversificación económica interna y externa de nuestro país, y que pueda sostener nuestro crecimiento en el mediano y largo plazo indistintamente de las fluctuaciones geopolíticas.