Prohibir el uso de militares dentro del territorio nacional.

Es importante para la seguridad nacional que nuestras Fuerzas Armadas, por conducto del Ministerio de Defensa, tengan claramente definido el rol que estas juegan dentro de esa estructura. Con frecuencia se acude a nuestras Fuerzas Armadas para realizar patrullaje del tipo policial más por razones de apariencias que de efectividad, estas también fungen como guardia fronteriza y guardia costera. En esta ocasión propongo prohibir que las Fuerzas Armadas operen dentro del territorio nacional para fines policiales o en la ejecución de políticas internas, así como crear cuerpos autónomos especializados para atender algunas de las tareas que hoy realizan estas.

El Ejército de la República Dominicana, la Armada de la República Dominicana y la Fuerza Aérea de la República Dominicana deben estar centradas en la defensa del territorio dominicano de amenazas externas, no debiendo intervenir en acciones de naturaleza policial o en ejecución de políticas internas sin autorización del Congreso Nacional.

Esto permitiría al Ministerio de Defensa concentrar sus recursos en la especialización del cuerpo castrense y la inteligencia militar en la defensa de nuestro territorio de amenazas externas, sin degradarlos a ejecutar tareas de naturaleza puramente civiles, lo que puede impactar de forma negativa en la moral del personal que trabaja en dichos organismos.

Dicha restricción no debería ser una limitación para que la Armada y la Fuerza Aérea puedan continuar el patrullaje de nuestras fronteras marítimas para evitar la entrada de contrabando y sustancias ilícitas por esa vía, constituyendo estas una amenaza real de naturaleza externa a nuestro territorio que entraría dentro de su alcance.

Este cambio de alcance de nuestras Fuerzas Armadas requeriría la creación de nuevas unidades de seguridad para asumir los roles que hoy de manera ordinaria se les asignan a estas. Esto incluiría una Guardia Nacional para atender amenazas y calamidades internas, y una Guardia Fronteriza para la protección de la frontera terrestre con Haití y en nuestros puertos marítimos y terrestres.

La especialización de las fuerzas de seguridad es clave, y proteger esa especialización para preservar la moral y profesionalidad de esas fuertes es fundamental para que estas puedan ejecutar su rol de manera efectiva. Debemos ver nuestras Fuerzas Armadas como un gran mazo cuyo rol no es compatible con actividades de carácter policial o de ejecución de políticas domésticas, de esta forma estas podrán, realmente, estar preparadas para hacer frente a las amenazas externas sobre nuestra soberanía.

Reducir el alcance de la fe pública del Registro Mercantil

La celeridad de respuesta en el Registro Mercantil es fundamental para el desarrollo del ecosistema de negocios en la República Dominicana. No obstante esto, la mayoría de nuestros registros, incluyendo el Registro Mercantil, se rigen bajo el principio de la fe pública registral lo que les obliga, en parte, a verificar la validez de los actos jurídicos que les sean sometidos, lo que afecta de manera severa su capacidad de responder con celeridad a sus obligaciones registrales. El Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, que tiene apenas unos meses de funcionamiento, es un ejemplo de como puede funcionar un sistema con un único enfoque a la publicidad, y en esta ocasión propongo extender esa lógica registral al Registro Mercantil.

La ley que rige el Registro Mercantil, que data del 2002, le asigna a este fe pública. Esa fe pública registral, según así lo ha entendido el mismo Registro Mercantil, le carga la obligación de verificar algunos de los documentos que le son sometidos para registro considerando ciertos requisitos de forma y fondo atado a dichos documentos. El Tribunal Constitucional reconoce dos tipos de actos registrables por ante el Registro Mercantil, los de eficacia constitutiva y los de eficacia declarativa, siendo los primeros los que ameritan revisión previa para su registro.

En la práctica, el Registro Mercantil, en particular en Santo Domingo y el Distrito Nacional, se encuentra rebozado de solicitudes de registro, y las quejas por la lentitud del servicio se vienen acumulando. Aunque es posible reducir esa mora implementando mejoras de procesos, digitalización y de estructura organizacional, la realidad es que ya es tiempo de que la ley se ajuste para delimitar la fe pública registral del Registro Mercantil y descargarle de responsabilidad respecto de una cantidad significativa de sus actuaciones.

Entiendo que aún es razonable que el Registro Mercantil verifique y de fe pública respecto de la documentación necesaria para la matriculación de sociedades comerciales en el registro, ya que al tratarse de la constitución misma de estas entidades, es apropiado que esta verifique y de fe pública respecto del cumplimiento de los requerimientos mínimos de ley. Eso dicho, toda otra documentación distinta a la constitución de las sociedades comerciales, debe ser vista desde la perspectiva de la eficacia declarativa y no ser sometida a revisión del Registro Mercantil.

Esto implicaría, en términos prácticos, que una vez una sociedad comercial queda constituida, todos los actos de la sociedad pueden ser cargados de manera electrónica y con efectos de publicidad instantáneos en un registro electrónico. Por supuesto, el Registro Mercantil no daría fe respecto de estos actos, por lo que esta solo tendría efectos declarativos, siendo responsabilidad de las partes la veracidad y validez de dichos actos.

Esto tenderá a agilizar de forma significativa todas las actividades registrales de las Cámaras de Comercio del país, descargándole de la verificación de documentos, que inclusive en la actualidad, son responsabilidad de los socios y gerentes de las sociedades comerciales. Esto supondrá mayor agilidad y eficiencia en este registro público y una mejora sustancial en el clima de negocios del país.

Privatizar el problema del sargazo

La República Dominicana depende de sus playas para sostener la actividad turística, uno de los componentes más importantes de su economía, por lo que la situación del sargazo es una crisis como ya lo ha identificado el gobierno. En esta ocasión propongo otorgar una concesión para recogida del sargazo en nuestras playas y costas para poner en manos del sector privado la búsqueda de usos comerciales para esa alga.

Al sargazo se le ha encontrado utilidad como ingrediente de cocina, como componente para productos cosméticos, pero más interesante aún, como abono y fertilizante líquido para la agricultura. Hay otros usos posibles, como parte de un biocombustible, pero esa es una tarea que el Estado debe ceder al sector privado, quien es que debe hacerse cargo de desarrollar productos comerciales viables empleando el sargazo, lo que no quita que el Estado pueda utilizarlo para acciones de interés público como el control de la erosión alrededor de nuestros ríos.

Por supuesto, la recogida y procesamiento del sargazo debe ser ecológicamente sostenible, de modo que esta no resulte en un daño mayor a nuestras playas que el sargazo mismo. Se debe incentivar a que la captura de la mayor parte del sargazo se haga en la costa y no en las playas, para mitigar los efectos negativos que pudieran derivar de la recogida de este en las playas.

El Estado no saca nada de incurrir en el gasto de recoger el sargazo y luego apilarlo en un vertedero, es por ello que este se debe apalancar en el sector privado para sacarle provecho económico al alga, de forma que este problema se convierta en una oportunidad, pero esta potencial materia prima se encuentra en terrenos públicos, por lo que es indispensable la concesión estatal.

Adicionalmente el Estado puede crear incentivos fiscales para el uso comercial del sargazo. Se pueden otorgar créditos fiscales por las inversiones en investigación y desarrollo para la recogida y uso del sargazo. Puede además exonerar los impuestos de la comercialización de los productos derivados del sargazo y establecer un régimen tributario similar al de las zonas francas para todas las empresas en la cadena de comercialización de productos derivados del sargazo, desde su recogida, almacenamiento, procesamiento, transformación y comercialización.

El sargazo es un problema serio para nuestro turismo, un problema que solo irá empeorando con el pasar del tiempo debido a los efectos del cambio climático en los océanos. Sin embargo, ese problema podemos convertirlo en un enorme oportunidad cultivando un ecosistema productivo enfocado a comercializar cualquier derivado que se pueda desarrollar del sargazo como materia prima y hacerlo una industria. De esta forma no solo logramos mitigar los efectos del sargazo sobre nuestras playas y turismo, sino que creamos nuevas oportunidades económicas y más empleos para nuestro país.