En defensa de Israel

El pasado 7 de Octubre el mundo fue testigo del peor ataque terrorista desde el 11 de septiembre, cuando militantes de Hamas, Jihad Islámico, la Brigada de Mártires de Al-Aqsa entre otros grupos terroristas, penetraron pueblos como Sderot, Be’eri y Ofakim en Israel y mataron alrededor de 1,200 personas, secuestraron más de 200 y dejaron más de 5,000 heridos. 

Al día siguiente de ese acto barbárico iniciaron las manifestaciones aclamando un “cese al fuego” (negando el derecho de Israel a defenderse), acusando a Israel de cometer genocidio y vociferando “desde el río hasta el mar, Palestina será libre”, siendo esto último un claro llamado a la eliminación del Estado de Israel y el genocidio de los judíos. Y si bien reconozco que no me sorprenden tanto ese tipo de manifestaciones dado a lo cargado que siempre ha sido el tema entre Israel y Palestina, sí quedé muy consternado por la cobertura de la prensa no solo a esas manifestaciones sino al conflicto actual en Gaza de manera general. 

La primera víctima de la guerra es la verdad, y los periodistas son los primeros en saber eso. Esa consideración ha sido más que evidente en la cuidadosa cobertura de la prensa en conflictos como la invasión rusa a Ucrania, los choques entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno-Karabahk, la invasión de Afganistán de 2001 y la guerra de Irak en 2003. Ese cuidado y rigurosidad, sin embargo, parecen ser lanzados por la borda desde que el conflicto ocurre en Israel.

En gran medida la prensa internacional ha venido dando cobertura al conflicto en Gaza sin proveer adecuado contexto. Israel no ha estado dentro de Gaza en ninguna capacidad desde el 2005 cuando estos abandonaron de manera unilateral el territorio para facilitar la implementación del acuerdo de paz apoyado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas, que finalmente no se pudo implementar por incumplimientos tanto de Israel como Palestina. Desde el año 2007, Gaza ha estado bajo el control administrativo, militar, social y político de la organización terrorista Hamás, por lo que toda información “oficial” desde Gaza viene de un grupo terrorista, lo que rara vez es aclarado en la cobertura de la prensa.

Para Israel poder ejercer su derecho de defensa, este siempre va a estar en una posición particularmente difícil. Los combates urbanos son muy peligrosos, confusos y propensos a producir una alta cantidad de bajas civiles aún cumpliendo con todas las normas internacionales que rigen las guerras. Esto se agrava cuando se combate con un grupo terrorista que no siente ninguna obligación de adherirse a esas reglas y utilizan a su población e infraestructura civil como un activo militar más dentro de su arsenal.

Está bastante documentado el uso de ropa civil por parte de los militantes de Hamás para mezclarse con la población al momento de ejecutar sus ataques, por igual el entrenamiento y uso de niños soldados y de mujeres vestidas de civiles para inmolarse. Esto se suma al uso habitual de escuelas, hospitales y otras infraestructuras habitualmente protegidas bajo las normas de la guerra para desde allí ejecutar sus ataques u organizar sus actividades. A esto ahora le han agregado el secuestrar civiles israelíes para también usarles de escudo y como material de extorsión. 

Encima de todo eso, ahora Israel también tiene que navegar un ambiente mediático listo desde el primer momento para criticarle y poner toda responsabilidad por esta guerra y lo que derive de ella a sus pies, sin ninguna pretención de ser cautelosos o actuar de buena fe en la forma en como reporta esta guerra.    

Quizás lo más llamativo del conflicto en Gaza y el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel ha sido la cobertura que hasta el momento le ha dado la prensa. El contraste es aún más marcado ya que esta ocurre después, y de forma simultánea, con la invasión rusa a Ucrania, lo que necesariamente debe llamar la atención por el abordaje desigual a ambos conflictos y genera preguntas de porque ese es el caso.

La cobertura de la invasión rusa a Ucrania ha sido marcada por el cuidado en la forma de reporte los eventos en la guerra, las bajas militares para ambos bandos y el impacto que está teniendo ese conflicto sobre las vidas de los civiles. Se nota un sano escepticismo respecto de las informaciones que ofrece Rusia sobre la guerra ya que estos se han destacado por no ser narradores confiables y usar las mentiras no solo como una herramienta de guerra sino como un pilar fundamental de su sociedad y sus líderes políticos. Y por igual, es palpable el cuidado en reportar avances en el frente de lado y lado por entenderse que en una guerra es difícil discernir de forma inmediata ese tipo de progreso, lo que habitualmente les pone en la posición de reportar cambios en el frente con hasta más de 48 horas de retraso desde el momento que estos ocurrieron. 

Esto es directamente lo opuesto a lo que viene ocurriendo con el conflicto en Gaza. La prensa se ha venido haciendo eco, sin ningún tipo de reserva o advertencia a sus consumidores, de las informaciones que reporta el grupo terrorista Hamás y sus representantes en los diversos estamentos donde estos operan, incluyendo el Ministerio de Salud de Gaza. Reportan las cifras, indistintamente de lo descabelladas que puedan lucir, sin hacer comprobaciones directas y ni siquiera admitiendo un tiempo razonable para verificarlas o permitir a un ente neutral que lo haga. Al igual que Rusia, no hay ninguna razón de darle credibilidad al grupo terrorista Hamás y las informaciones que estos comparten ya que mentir o exagerar es parte de sus herramientas de guerra y tienen un alto incentivo para hacerlo.

Un fácil contraste para medir la actitud de la prensa en el conflicto de Gaza es la forma en que fue reportado el “bombardeo” del hospital árabe al-Ahli en Gaza comparado con la forma en que se reportó el ataque en el café de Hroza en Ucrania. Estos eventos ocurrieron a una diferencia de 12 días entre uno y otro, y sin embargo, el nivel de atención, cuidado y seguimiento fue notoriamente distinto. Mientras en Ucrania primero se procuró confirmar el ataque, reportar los fallecidos con las cifras oficiales, las cuales fueron variando con el tiempo en la medida que se confirmaban los fallecidos luego de despejar los escombros, y luego verificar directamente los acontecimientos para dar esas informaciones como confirmadas, en Gaza se reportó como un hecho el bombardeo del hospital, la cifra de muertos y la responsabilidad de Israel. La forma de reportar los eventos del hospital al-Ahli provocaron una revuelta global en contra de Israel, no obstante, 1 mes después, haberse demostrado que el hospital no fue bombardeado sino el parqueo, no haberse podido confirmar los fallecidos (si alguno), y haber claros indicios de que resultó de un intento fallido de lanzamiento de misil de Hamás. 

No digo con nada de esto que no hay posiblemente miles de civiles afectados por las operaciones de Israel en Gaza, de hecho es altamente probable que la cifra es bastante alta dada la naturaleza del conflicto. Tampoco entiendo que Israel es libre de reproches, de hecho sus acciones en Cisjordania me resultan repudiables y deben ser condenadas. Lo que sí me preocupa es la falta de cuidado y ecuanimidad de la prensa cuando de repente un conflicto involucra a Israel o, como sospecho, a los judíos. Ese no es el estándar profesional que uno espera de los periodistas y deben hacer una profunda introspección.  

Mejorando la Gestión de Desastres

Hace un año, a raíz de las lluvias del 4 de noviembre, propuse impulsar la mejora del drenaje en nuestras ciudades empleando técnicas de drenaje sin zanjas y creando un arbitrio temporal administrado por fideicomisos públicos para asegurar su ejecución. Un año y pocos días después, nuestro país vuelve a sufrir un evento de similar naturaleza, pero sensiblemente más catastrófico. Entiendo que este evento demuestra que la mejora del drenaje no va a ser suficiente para mitigar el impacto de estos eventos y que debemos pensar en soluciones multisectoriales para enfrentar el impacto de estos fenómenos que seguirán empezaron con el tiempo debido al cambio climático.

Arreglar el drenaje no va a ser suficiente para enfrentar las consecuencias derivadas de este tipo de fenómenos. Luego de lo ocurrido el pasado fin de semana es evidente que necesitamos crear o mejorar nuestro protocolo de emergencias por catástrofes naturales.

Para este tipo de catástrofes no podemos dar por comunicadas las informaciones oficiales por darlas a la prensa o hacerse eco de ello en redes sociales. El Estado debe poder comunicar las situaciones de emergencia a todos los teléfonos móviles en el territorio nacional, servicio que ya ofrecen Google y Apple para terremotos y pudiera ser gestionado con estos. Más aún, la comunicación debe ser más clara respecto de la gravedad de la situación, donde se transmita de manera clara que, por ejemplo, una alerta roja significa tomar refugio donde se está (“shelter in place”) o ir a los refugios habilitados. La indicación de “shelter in place” debe incluir un listado de los refugios disponibles dentro de un rango de al menos 3 kms a la redonda de quien lo recibe.

Adicionalmente, el Estado debe poder estar en condiciones de atender emergencias aún en el curso de estos eventos extremos. Esto debe incluir no solo a la defensa civil, la policía, los bomberos, el ejército y los hospitales, sino también debe tener una red nacional de atención de emergencias que incluya al sector privado al que el Estado pueda pedir soporte con las maquinarias y equipos necesarios para atender cualquier escenario al menor tiempo, aún si por el uso de las mismas con posterioridad sean resarcidos. De esta forma el Estado podría tener la capacidad de reaccionar de forma casi instantánea a cualquier escenario.

A mediados de este año se anunció un acuerdo con Waze para optimizar el tránsito en nuestras avenidas, entiendo que es posible acercarse a Google (los dueños de ese servicio) para desarrollar e implementar funcionalidades adicionales que les permitan a los usuarios reportar desperfectos de la infraestructura, charcos, desbordes, entre otros eventos antes o durante de una emergencia y que estos puedan ser alertados a las autoridades para su atención inmediata y el despliegue de los equipos de emergencias no solo para atender cualquier situación que se haya presentado, sino también para tomar todas las medidas necesarias para prevenir que se produzcan.

Advierto, como lo hice en mi propuesta después del 4 de noviembre de 2022, que estas situaciones van a seguir ocurriendo y cada vez de formas más extremas. Quizás no haya deber más sagrado para un Estado que el de preservar las vidas y la seguridad de sus ciudadanos, por lo que esto debe ser tomado en serio y abordarlo como el problema multi-factorial que es, conscientes de que no hay nada que podamos hacer para prevenir estos eventos, y en algunos casos, ni siquiera para mitigar el impacto de sus efectos, pero si tomamos el problema con seriedad, al menos podremos salvar vidas.

Ley de Sanciones Internacionales

En una de mis propuestas anteriores comenté que el Estado dominicano debe tener herramientas para su gestión de crisis de relaciones exteriores. Actualmente, y siendo justo, reconozco que son muy limitadas las acciones realmente disponibles para el Estado, por ello en esta ocasión propongo una ley de sanciones y control de activos de individuos, organizaciones y estados extranjeros para agregar una herramienta que nos permita actuar no solo en función de nuestros intereses, sino para la protección de nuestra economía y el sistema financiero.

En los últimos años la República Dominicana ha resultado ser un país atractivo para los delincuentes internacionales, y sus capitales, buscar refugio. Adicionalmente, esta carece de la capacidad de imponer sanciones económicas, comerciales o financieras a individuos, organizaciones o estados conforme lo determine su política de relaciones exteriores.

Una consecuencia práctica de esta carencia normativa es que mientras Estados Unidos impuso sanciones a varias docenas de individuos involucrados en el soporte y financiamiento de las pandillas en Haití, República Dominicana no pudo replicar dicha acción de similar forma y se mantiene expuesta a que esos individuos utilicen nuestro territorio para esquivar esas sanciones.

Si bien es cierto que la economía dominicana o su sistema financiero no tienen la relevancia global como para generar el mismo efecto que Estados Unidos o la Unión Europea, esta no es insignificante para la región del Caribe, Centroamérica y el norte de Suramérica, donde se concentran nuestras iniciativas diplomáticas más importantes.

Las sanciones que pudieran estar disponibles para el Estado dominicano incluirían la congelación de los activos en nuestro territorio de individuos, organizaciones y estados, restringir importaciones y exportaciones, así como la capacidad de hacer negocios en la República Dominicana y con dominicanos, restricciones de entrada por nuestros puertos y aeropuertos, entre otras medidas económicas, comerciales y financieras que fortalezcan la posición diplomática de nuestro país.

Una ley de esta naturaleza le daría un poco más de dientes a nuestra política exterior, y aunque, por supuesto, podría no tener mayores implicaciones en situaciones como la invasión rusa a Ucrania donde, siendo honestos, no tenemos mayor relevancia, sí pudiera ser de mayor importancia en el manejo de las relaciones exteriores en nuestra región.

Una herramienta de esta naturaleza deberá ser utilizada de forma bien cuidadosa y estratégica, que sirva como reflejo de nuestros valores como nación en defensa de la seguridad y estabilidad regional, la democracia y los derechos humanos, debiendo cuidar que la misma no pueda ser abusada o utilizada de forma torpe en perjuicio de esos valores o para perjudicar las relaciones que mantenemos con nuestros aliados comerciales y diplomáticos más cercanos.