La reciente intervención de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera (CoopHerrera) por parte del IDECOOP “por detectarse irregularidades en temas de gestión administrativa, financiera y de gobernabilidad”, debe volver a poner sobre la mesa la necesidad de elevar los estándares de liquidez y solvencia, así como fortalecer el régimen de regulación y supervisión de las cooperativas.

En la República Dominicana hay más de 1,100 cooperativas activas haciendo actividades de intermediación financiera creadas y operando bajo una ley especial para ellas y están expresamente excluidas de la Ley Monetaria y Financiera que es la ley más importante que regula la actividad de intermediación financiera en nuestro país. Curiosamente bajo la Ley Monetaria y Financiera solo operan 49 entidades de intermediación financiera al momento de escribirse este artículo.

Hasta cierto punto es entendible que las cooperativas tengan su régimen de regulación especializada ya que estas buscan llenar un espacio y tienen un rol distinto al que habitualmente persiguen las entidades de intermediación financiera más tradicionales, sin embargo, la ejecución del mismo no debe eximir a las cooperativas de cumplir estándares operacionales, de administración de riesgos, gobierno corporativo y de naturaleza prudencial que brinden cierto nivel de protección para aquellos que coloquen su dinero en las mismas.

Mi propuesta es que las cooperativas pasen a quedar bajo el alcance regulatorio y de supervisión de la Junta Monetaria y que esta empiece a definir los estándares prudenciales, de administración de riesgos, manejo operativo y los estándares de solvencia y liquidez aplicables a las cooperativas. El IDECOOP no tiene por que ceder su rol de supervisión, pudiendo continuar el mismo con el soporte de la Junta Monetaria, esta última manteniendo su rol como garante de la estabilidad del sistema financiero.

Esta transformación regulatoria tendría un costo significativo para las cooperativas que hasta el momento están acostumbradas a operar con mucha flexibilidad regulatoria, pero esto vendría a cambio de poder optar por los mecanismos de estabilización del mercado financiero como el seguro de depósitos, acceso a las ventanillas de liquidez, entre otros, que tenderían a atraer y dar mayor tranquilidad a sus socios.

Más importante aún, entrar a las cooperativas dentro de la sombrilla de la Junta Monetaria, y en particular de la Ley Monetaria y Financiera, extendería a favor de sus clientes las protecciones previstas por la normativa vigente a favor de los usuarios de los servicios financieros, y de esta forma se podrían mitigar los malestares habituales que manifiestan los ciudadanos cuando sus cooperativas empiezan a dar señales de problemas.

No espero que pasar a las cooperativas bajo la supervisión de la Junta Monetaria y hasta cierta medida a la Ley Monetaria y Financiera sirva de algún tipo de panacea que evite los problemas que con cierta frecuencia surgen en el sector cooperativista. Sin embargo, entiendo que con el tiempo esto tenderá a brindar mayor estabilidad y seguridad en el largo plazo, en beneficio no solo de los clientes de las cooperativas, sino para todo ese sector.