La relación Estado-ciudadano es en su esencia de naturaleza bilateral entre dos entes únicos e identificables. Sin embargo, el Estado dominicano en el manejo administrativo de su relación con los ciudadanos no opera como un ente único, sino que el ciudadano debe manejarse frente a un grupo de islas de burocracia. Esta propuesta es para un Registro Público Unificado.

Desde el Poder Judicial y a través de múltiples entes y organismos del Poder Ejecutivo, el Estado solicita, genera, recaba, almacena, comparte y procesa información de los ciudadanos por diferentes razones y para distintos fines.

Actualmente esa gestión se hace de forma independiente por cada entidad frente a cada ciudadano, con nula visibilidad respecto de las informaciones que tienen otros entes del Estado. Esto obliga al ciudadano a tener que gestionar documentos de otros entes del Estado, para completar un proceso con otro ente del Estado.

No puedo insistir lo suficiente en el enorme costo para el ciudadano y el Estado que deriva en razón a la solicitud y procesamiento de información que, en principio, es redundante para uno de los lados de la relación bilateral Estado-ciudadano.

Un Registro Público Unificado tendería a conservar toda la información del ciudadano que recabe el Estado en un mismo repositorio. Esto incluye desde las informaciones del estado civil, hasta la información de carácter tributario y la derivada de registros públicos como el registro inmobiliario, el registro civil, el registro mercantil y todas las bases de datos de naturaleza pública.

En términos prácticos esto implica eliminar exigencias de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y de cualquier naturaleza asociada al estado civil, así como de participación social en empresas, titularidad de bienes mobiliarios o inmobiliarios los cuales estarían sujetos a niveles significativos de protección al estar sujetos a los requerimientos de una misma base datos.

Esto agrega un nivel de seguridad y confiabilidad sobre la información pública sin comparación con la situación actual, que mitigaría significativamente los riesgos asociados a la suplantación de datos personales partiendo de un mismo protocolo de seguridad aplicable a la información personal de cada ciudadano.

Los ahorros en términos económicos no sólo para el aparato estatal, sino los asociados a seguridad y facilidad para los servicios al ciudadano son los suficientemente significativos como para no cuestionar el importante ahorro que implica al costo operativo para el Estado, adicionalmente su impacto económico para el ciudadano, por si solo, justifica las múltiples razones para su potencial implementación y que sea algo notoriamente evidente para el Estado especialmente uno tan ávido de recursos como el Estado dominicano.