Este año se cumplen 20 años desde que iniciara este espacio escribiendo para el periódico El Nacional. Recuerdo que uno de mis primeros artículos consistió en una propuesta dirigida al entonces Presidente Leonel Fernández para que detuviera la contrarreforma eléctrica y directamente privatizara las empresas distribuidoras de electricidad para evitarle al país el enorme problema del pago del déficit eléctrico. Hoy, 20 años después, en medio del debate de una reforma fiscal que busca aumentar los ingresos fiscales en aproximadamente 1.5% del PIB, para que cerca de un 80% de esa recaudación se desperdicie en seguir cubriendo el déficit eléctrico, me siento obligado a reiterar aquella vieja propuesta. 

Soy de los que cree que la reforma fiscal es necesaria e inevitable, hace un año y medio hice 9 artículos proponiendo formas que podía tomar esa reforma reconociendo su necesidad, y aunque naturalmente no esté de acuerdo con todos los puntos especificados para la reforma actual entiendo su importancia. La República Dominicana está en un punto de inflexión en su desarrollo en el que va a necesitar un gasto ambicioso y agresivo del Estado en infraestructura y el desarrollo del capital humano para el que necesita aumentar sus ingresos en una forma comparable a países de la OECD y así fortalecer los cimientos de su desarrollo. 

Pero es muy cuesta arriba poder hacer una reforma fiscal si su objetivo de impulsar el gasto en activos necesarios para el desarrollo nacional arrastra el grillete de un déficit eléctrico que no solo va a consumir la mayor parte de ese ingreso, sino que viene en franco crecimiento año por año sin ninguna perspectiva de mejora en el corto, mediano o largo plazo. 

Es tiempo que el Estado dominicano privatice toda su participación en el sector eléctrico y retire todo tipo de soporte económico directo que mantenga sobre las empresas que participan en el mismo. Asistencias directas en el consumo, como bonoluz, pueden continuar para tratar de preservar que la mayoría de los dominicanos, incluyendo los más necesitados, puedan sostener el enorme ajuste en precios y facturación que implicaría la privatización y la eliminación de la asistencia económica a las empresas eléctricas.  

Las cuatro grandes partidas en el Presupuesto Nacional son educación, salud, el servicio de la deuda y el déficit eléctrico, sobre las primeras dos el objetivo es hacer ese gasto más efectivo concentrándose en metas cualitativas que hagan más productivo ese gasto, la tercera puede ser manejada como un buen programa de emisión de deuda interna y externa como muy bien ha venido haciendo el Estado dominicano en las últimas décadas, pero el déficit eléctrico es simplemente insalvable y debemos cortarlo de raíz. 

No tengo dudas de que la reforma fiscal es necesaria y que el objetivo desde el Estado es poder utilizar sus resultados en un programa de ejecución de gastos que sirva para apuntalar nuestro desarrollo, pero simplemente no veo realista esa ejecución si el gasto público continua siendo arrastrado por el déficit eléctrico. Fortalezcamos la Superintendencia de Electricidad, privaticemos todo el sector eléctrico y blindemos la normativa del sector frente a cualquier contrarreforma requiriendo mayorías especiales para su modificación para garantizar la estabilidad normativa que una privatización requerirá.