Entendiendo que actualmente el Estado dominicano está sacrificando su capacidad de actuar con normativa que prioriza el proceso por encima del objetivo, en esta ocasión hacemos la propuesta de considerar un nuevo enfoque.

La regulación en la República Dominicana en términos generales, y especialmente en lo que atañe a la acción e inversiones del Estado, tiene una obsesión poco sana en sobre como se hacen las cosas y con frecuencia pierde el enfoque de su objetivo. Esta obsesión lleva a que la normativa, y en especial las leyes que la definen, trate de micro-gerenciar los procesos que busca regular en vez de permitir que se ejecuten esos procesos y establecer un control continuo y efectivo de los mismos. 

Muchas contrataciones del Estado, en especial las de obras grandes de infraestructura y de ejecución de proyectos que ameriten desarrollo o implementación de nuevas tecnologías, se podrían beneficiar de procesos sin licitación y una contratación menos costosa y más expedita que le permita al Estado ejecutar mejoras, obras o servicios con proveedores razonablemente conocidos y con experiencia en la ejecución del servicio contratado sin necesidad de agotar la burocracia habitual.

Este modelo de contratación puede ser complementado con la exigencia de la inclusión de un proceso de auditorías externas del contrato como tal, si es de corta ejecución, o anuales, durante toda la ejecución del contrato, si la contratación se extiende por más de un año y hasta la terminación del mismo. Esto para asegurar la transparencia y fiscalización de lo contratado y el uso de los fondos del Estado. Esto supone un control durante la vida del contrato sin detener su ejecución salvo que se encuentren irregularidades de importancia.    

Podría sugerir, y reconozco que estoy muy tentado en hacerlo, que se eliminen por completo todas las leyes que pretenden dictarle al Estado como ejecutar su rol y rehacerlas desde cero con un enfoque hacia alcanzar resultados que a micro-gerenciar procesos, pero reconozco que un shock cultural de esa naturaleza daría espacio para generar un mensaje equivocado. La transparencia en la contratación pública y el uso adecuado de los fondos públicos es de altísima importancia, y el solo hecho de que favorezca un Estado que pueda hacer más no implica una relajación sobre el control y fiscalización adecuada del uso de los fondos del Estado.

Entiendo valioso que desde el Congreso Nacional y todos los Poderes del Estado reconozcan la importancia de la capacidad estatal, y que esta capacidad sea priorizada. Debemos ser más proactivos en encontrar soluciones que permitan una mejor fiscalización de los fondos del Estado de forma que esta se pueda realizar sin que ello suponga la paralización del poder de acción del Estado. Desarrollemos mejores y más dinámicas formas de construir sin ponernos palos en las ruedas.