Me atrevo a ser directo, el Estado dominicano se viene legislando y regulando a si mismo dentro de una camisa de fuerza que está empezando a impedirle dar resultados para la ciudadanía y ya es tiempo de empezar de darle vuelta a esta moda normativa. Es importante que el Estado no aniquile su capacidad estatal para hacer y construir cosas, ya que en la medida que esto ocurre se disminuye su capacidad de responder a la necesidades de la ciudadanía lo que en el largo plazo tiene un efecto nefasto sobre las instituciones democráticas. 

A modo ilustrativo podemos usar la Ley de Alianzas Público-Privadas y su reglamento. El concepto de alianza público-privada en su esencia se trata de construir cosas, por lo que es irónico que sea uno de los ejemplos más claros de como el Estado a través de leyes y normas viene limitando su propia capacidad de, en efecto, construir cosas.

Aprobada en el 2020 la ley fue recibida con muchas expectativas de que serviría para lograr el desarrollo e implementación de muchos proyectos de alta envergadura que contribuirían a acelerar el crecimiento económico del país y ofrecer beneficios para toda la ciudadanía. Ese entusiasmo se notó en la cantidad de iniciativas recibidas por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) en el 2021 que llegaron hasta 13. Una vez se asentó la realidad alrededor de la ley y su reglamento el entusiasmo se evaporó y año tras año han venido bajando el número de iniciativas hasta este año donde el número de iniciativas recibidas ha sido una (1).

Y este desplome no debe sorprender, la estructuración normativa de las alianzas público-privada hacen que desde el momento de recepción de una iniciativa a la apertura del proceso de adjudicación del proyecto pasen 2 años, que desde la aceptación de una oferta al momento de la firma del contrato con el oferente pasen hasta 7 meses, y que desde recibida una iniciativa hasta que se mueva el primer block para hacerla una realidad pasen hasta 4 años. Desde 2020, de 26 iniciativas depositadas en la DGAPP solo una (1) ha sido adjudicada, y ninguna ha sido culminada.

Uno de los muchos problemas de la ley y el reglamento de alianzas público-privada es el error recurrente de nuestra cultura normativa de meter demasiados cocineros dentro de la cocina. Para la aprobación de una iniciativa la ley exige la opinión de la DGAPP, el Consejo de la DGAPP, el Director de la DGAPP, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Dirección General de Contrataciones Públicas, del ente público contratante y todo esto antes de cualquier opinión técnica que pueda venir de Medio Ambiente, Turismo, etc. creando un "boondoggle" procesal administrativo que esencialmente garantiza que no se pueda hacer nada.

Debo recalcar que esto no es único a la Ley de Alianzas Público-Privada, de hecho la insistencia normativa de vestirse en un falso manto de pluralidad, inclusión y transparencia vienen haciendo imposible para el Estado ejecutar su rol más esencial que es hacer cosas para sus ciudadanos, y en un próximo artículo traeré más ejemplos de este cáncer regulatorio y sugerencias de como extirparlo.