Una incubadora de GovTech

En ocasiones anteriores he propuesto y comentado acerca de la implementación de sandboxes regulatorios, zonas francas digitales y la promoción estatal de la innovación tecnológica, para la propuesta de esta ocasión deseo enfocarme en la creación de una incubadora estatal enfocada en el desarrollo de tecnologías para atender las necesidades del mismo Estado, también conocido como GovTech.

Idealmente el sector privado debería estar en la capacidad de tener incubadoras y aceleradoras de desarrollos tecnológicos y empresas de tecnología para poder ofrecer al Estado las soluciones que este requiere, lamentablemente en la República Dominicana no tenemos la cultura de inversión o el enfoque en investigación y desarrollo necesarios para estimular esto, por lo que para motivar estos avances podemos adoptar el enfoque que viene implementando la Unión Europea, creando esos laboratorios desde los organismos públicos.

Es difícil desde el sector privado conocer las necesidades del Estado especialmente desde la perspectiva tecnológica ya que la inmensa mayoría de esas informaciones no son públicas o simplemente no existen. De similar forma es difícil para el Estado identificar soluciones existentes en el sector privado para atender o lograr mejoras en sus procesos internos. Esta falta mútua de información podría estar representando un severo coste de oportunidad no sólo para el Estado y el sector privado, sino para la ciudadanía en general que resultaría beneficiada de las mejoras sustanciales de los servicios del Estado que pueden derivarse de la implementación de nuevas tecnologías en el sector público.

Una incubadora de GovTech, con diferentes laboratorios enfocados a distintos aspectos de la operatividad interna de las instituciones del Estado, sería instrumental la barrera que actualmente representa la falta de información. Permitiendo al Estado compartir el estado de sus procesos y sistemas actuales y definir sus objetivos y prioridades, dejando a cargo del sector privado el desarrollo de soluciones que no sólo sirvan para atender procesos a instituciones específicas sino que puedan ser replicadas en otras instituciones del Estado dominicano y fuera del país.

Ni la Ley de Compras y Contrataciones, ni la de Alianzas Público-Privadas encajan adecuadamente para el desarrollo de estas incubadoras, por lo que es probable que para superar las barreras legales que crean esas legislaciones y otras más, se requiera una ley especializada para su creación y operatividad, que es donde pudiera ser útil seguir el ejemplo de la Unión Europea en la creación de su propia incubadora.

Ha medida que desde el sector privado se vienen desarrollando más soluciones de servicios empleando nuevas tecnologías, más Estados están procurando el desarrollo e implementación de tecnologías para mejorar y hacer más eficientes sus propios servicios. La República Dominicana no debe quedar rezagada en ese esfuerzo y debería estimular esos desarrollos de forma nativa, para en adición a recibir los beneficios de la tecnología para la mejora de sus procesos, adicionalmente estimule su propia economía, la generación local de empleos y la creación de una cultura local hacia la investigación, desarrollo y el emprendimiento.

Un refugio seguro

“Nunca desperdicies una buena crisis”. Actualmente el gobierno de Estados Unidos está siendo impactado por una crisis política derivada de la posible expiración del Título 42 de su norma migratoria y la creciente presión de personas buscando asilo en sus fronteras. Ahora que la República Dominicana no está teniendo el mejor momento en sus relaciones con los Estados Unidos por nuestra propia crisis migratoria, podemos aprovechar las circunstancias ofreciendo alivio al gobierno americano acogiendo parte de los refugiados que hoy están llegando a sus fronteras.

La ola migratoria actual en los Estados Unidos está encabezada por migrantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, quienes han sustituido a los migrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y México como la cabeza de los flujos migratorios hacia el vecino del norte. Las circunstancias políticas que movilizan a estos migrantes suponen una dificultad mayor para su tratamiento en Estados Unidos, lo que se complica aún más con la expiración del Título 42 de su norma migratoria.

El Título 42 se estableció durante la pandemia del COVID-19 y permite al gobierno de EEUU expulsar de su territorio de manera más acelerada a cualquier inmigrante ilegal detenido en sus fronteras. La expiración de esta norma implicaría para EEUU incurrir en un proceso más prolongado para procesar las solicitudes de asilo para migrantes especialmente vulnerables como los llegados de Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo que supone un riesgo político para su gobierno que por un lado no desea verse débil frente a la inmigración ilegal, pero que al mismo tiempo podría verse particularmente inhumano si devuelve de forma sumaria a refugiados hacia las dictaduras de las cuales buscan escapar.

La República Dominicana puede ofrecerse como un refugio seguro alternativo para muchos de esos que hoy buscan asilo en las fronteras de los Estados Unidos, a cambio de que estos cesen su presión sobre nuestro país con el tema de la migración haitiana y asuman un rol más proactivo en la búsqueda de soluciones para la crisis económica, social y política en Haití, incluyendo, si fuera necesario, su intervención.

Como país deberíamos asumir un rol más activo en el plano internacional frente a la situación en Venezuela, Cuba y Nicaragua, no sólo condenando la deplorable situación social y política en esos países, sino presentándonos como refugio para las personas que hoy huyen de las dictaduras que plagan a esas naciones.

Como parte de dicho rol podemos presentarnos como alternativa para la solución del problema político que ahora enfrenta el gobierno de Estados Unidos, y juntos empezar a trazar una hoja de ruta para enfrentar la crisis humanitaria que viene afectando a nuestro hemisferio como resultado de esas dictaduras, por supuesto, a cambio de una normalización de nuestra relación y mayor consideración por nuestras preocupaciones en el plano internacional.

Un país multilingüe

El turismo en República Dominicana sigue creciendo, y se viene logrando de forma tal que se espera poder duplicar la entrada de turistas al país en menos de 15 años con la continua expansión de proyectos hoteleros en todas las regiones del país. Este crecimiento debe venir acompañado de un esfuerzo para hacer no solo de las regiones tradicionalmente turísticas, sino a todo el país, como un espacio más acogedor para esos turistas, por lo que en esta ocasión propongo el inicio de la transición para hacer de nuestro territorio un espacio multilingüe.

Si la meta es, en efecto, lograr recibir en el país unos 12 millones de turistas al año para el 2035, esto significaría que para ese momento en cualquier día del año un poco más del 5% de la población en nuestro territorio serían turistas extranjeros, y que si se incluyen a los inmigrantes permanentes, legales e ilegales, implicaría que más del 10% de las personas dentro del país serían extranjeras.

Lo anterior será sumamente positivo para nuestra economía, pero en la medida que nos acerquemos a esos números será más crítico para nuestro país que ese movimiento económico no quede encerrado en nuestros hoteles sino que se movilice hacia nuestros pueblos y ciudades, y para empezar a estimular ese movimiento vamos a necesitar que todo nuestro territorio esté mejor adaptado para acoger esos turistas, pudiendo empezarse por hacerles más multilingües.

El Estado puede hacerlo de forma voluntaria, sin necesidad de nuevas leyes o normativas, estableciendo un estándar comunicacional multilingüe donde toda comunicación, letrero, pancarta o anuncio en cualquier medio y en cualquier parte del territorio incluya la traducción del mensaje a idiomas como el inglés, francés, mandarín y ruso. Esto debe extenderse a los anuncios oficiales sobre tema de interés para extranjeros en el territorio, tales como los de medidas de prevención sobre los efectos de fenómenos naturales, de riesgos de salud pública, sobre seguridad, entre otras medidas que impliquen un despliegue importante de las acciones del Estado para preservar la seguridad en el territorio, así como en todo letrero o comunicación en museos, teatros, oficinas estatales, monumentos o todo espacio de comunicación del Estado.

Sería idóneo que esto sea replicado por el sector privado, pero debo recalcar que esto no debería resultar de un efecto compulsivo por parte del Estado, sino mediante nudges o empujones del comportamiento, que con el simple hecho de la adopción de la comunicación multilingüe por parte del Estado ya se estarían iniciando y que pudieran ser complementados por acciones adicionales sin nueva regulación o legislación.

Por supuesto, los efectos positivos de normalizar el uso de la comunicación multilingüe por parte del Estado se van a extender a muchas cosas más que el turismo, pudiendo incidir en la educación multilingüe de nuestra población y los múltiples beneficios que pudieran derivar de esto, en lo que supone una acción de bajo costo de implementación y alto retorno para el país.