Adherirnos a los Acuerdos Artemisa

Desde hace unos años la República Dominicana ha venido coqueteando con la idea de crear su propia agencia espacial con el propósito inicial de servir como la representación del país en la Oficina de Asuntos Ultraterrestres de las Naciones Unidas (UNOOSA por sus siglas en inglés) un pendiente de mucho tiempo que requiere atención. Entiendo que como país debemos apuntar mucho más allá e involucrarnos en el proceso de producir talento y aportar desarrollos adhiriéndonos a los Acuerdos Artemisa.

Los Acuerdos Artemisa establecen una estructura legal alrededor de la cooperación internacional para la exploración y explotación de la Luna. En la actualidad los mismos han sido suscritos por 24 países, entre los cuales se destacan Estados Unidos, India, Japón, Canadá, Italia, Francia y Australia, que cuentan con programas y agencias espaciales bien maduros, pero igualmente también participan países como México, Nigeria, Ecuador, Colombia y Ruanda, que cuentan con programas más modestos.

Si bien tener una voz en la UNOOSA es de importancia vital en la medida que la economía espacial se viene expandiendo exponencialmente año sobre año, entrar en los Acuerdos Artemis nos exigiría cooperar en el desarrollo del conocimiento y las tecnologías necesarios para hacer la colonización de la Luna una realidad, algo que ya viene tomando forma bajo el Programa Artemisa de la NASA que busca volver a poner astronautas en suelo lunar en esta misma década.

Participar en los Acuerdos Artemisa nos permitirá exigir de nuestros técnicos y universidades trabajar en el extremo de lo que es posible con nuestra tecnología y cooperar con los equipos internacionales involucrados en los trabajos que se desarrollan como parte de los mismos, lo que tendrá un impacto importante en la calidad de nuestra educación en ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas en el mediano y largo plazo.

El impacto que tienen este tipo de iniciativas primero en la educación superior, luego en el desarrollo de innovación y ciencia, y luego como esto se reproduce en bienes y servicios aplicados e implementados el sector privado es innegable partiendo de las experiencias que han vivido los países con programas espaciales maduros.

En adición a los beneficios prácticos en educación e investigación y desarrollo que derivan de entrar en los Acuerdos Artemisa, este tiene un componente geopolítico que puede ser apalancado a nuestro beneficio. Los Acuerdos Artemis es también una maniobra de Estados Unidos para crear un marco legal internacional distinto al Tratado de la Luna, el cual no ha sido ratificado por ellos y en general estos desean mantener en la irrelevancia. En apenas 3 años los Acuerdos Artemisa han sido firmados y ratificados por más países que los que se han suscrito al Tratado de la Luna, poder sumar aún más países a los mismos le da mayor credibilidad a este esfuerzo de los Estados Unidos, algo que podemos apalancar al buscar nuestra inclusión.

Adherirse a los Acuerdos Artemisa es una movida de bajo costo pero positiva para el país en el mediano y largo plazo. No debemos esperar que estos traigan cambios revolucionarios, pero sí entenderlo como establecer una base sobre la cual construir e iniciar nuestra exposición hacia un nuevo sector económico.

NOTA POSTERIOR: El 27 de octubre de 2024 se anunció la formal entrada de la República Dominicana en los Acuerdos Artemisa. https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2024/10/27/rd-formaliza-su-entrada-a-los-acuerdos-de-artemisa/2893028

Plan de Continuidad de servicios del Poder Judicial.

La llegada de la tormenta Franklin representa un nuevo reto para las autoridades dominicanas en su capacidad de atender situaciones de esta naturaleza al momento de estas producirse, y si bien, hasta el momento, en general la respuesta desde el Estado ha sido adecuada, el Poder Judicial de forma específica ha recibido críticas por su lenta respuesta a este desafío. En esta ocasión propongo que el Poder Judicial mantenga y publicite un plan de continuidad de sus servicios que pueda activar en cualquier circunstancia, para reducir las fricciones con sus usuarios.

El Poder Judicial tiene todas las herramientas que necesita para mantener un plan de continuidad en casos de eventos de fuerza mayor, tales como la tormenta que nos ocupa. Ya este desarrolló un plan de esta naturaleza durante la pandemia, y hoy en día ya cuenta con la Ley 339-22 que le permita utilizar los medios digitales para sus servicios. Lo invertido en ambas situaciones es de uso vital para poder continuar sus servicios alrededor de eventos como tormentas, terremotos y otras amenazas naturales a las que nuestro país se encuentra expuesto por su ubicación geográfica.

El plan de continuidad del Poder Judicial debe incluir la posibilidad de prorrogar audiencias, notificar y recibir respuestas de las partes envueltas en procesos judiciales, mantener la capacidad de recibir depósitos de documentos en los tribunales, y celebrar audiencias de manera remota todo de forma digital, tanto con un alcance nacional como regional en aquellos casos que las situaciones de emergencia están focalizadas en puntos específicos del territorio.

La activación del plan de continuidad debe ser notificada de manera electrónica a todos los abogados con casos y audiencias pendientes ante el Poder Judicial durante los días que se tenga estimado que duraría la situación de emergencia, para que estos procedan a indicar en la plataforma de dicha entidad si desean continuar conociendo sus casos de forma digital o si optan por prorrogar sus actuaciones hasta tanto culmine la dicha situación.

La notificación debe realizarse en un plazo razonable no sólo para que los abogados puedan responder a las necesidades específicas de sus casos, sino para que todo el Poder Judicial pueda ordenar sus acciones en atención a dichas necesidades. Adicionalmente, el plan de continuidad debe prever como se procedería en aquellos casos donde la notificación no pueda ser realizada en un plazo razonable, dada la inmediatez de una situación de emergencia, para que todos los usuarios sepan de inmediato la posición formal del Poder Judicial frente a sus casos en esos escenarios.

Para el Poder Judicial, implementar un plan de continuidad de sus servicios no sería particularmente nuevo, esa experiencia ya fue vivida. Lo nuevo es mantener un plan que abarque todo tipo de contingencias y que pueda ser puesto en ejecución en cualquier momento en que estas se presenten, empleando las herramientas que el mismo Poder Judicial ha luchado por tener en los últimos años. Este sería un paso agigantado no sólo en la calidad y el cuidado de los abogados y usuarios de sus servicios, sino para su propio personal y la dignificación de nuestra justicia.

Aprendamos de nuestras catástrofes

Al momento de escribir este artículo bomberos y personal de emergencia en San Cristóbal están luchando por salvar vidas y extinguir un incendio que parece haber resultado de una explosión en una ferretería ubicada en el centro de la ciudad. Mis pensamientos están con todos los afectados por esta tragedia y sus familiares, y aunque lamentablemente está no ha sido la primera vez que el país vive este tipo de tragedias, sí me gustaría que esta sea una de las últimas.

De las ocasiones anteriores poco se ha sabido del resultado de las investigaciones, menos de si las mismas han sido utilizadas para darle forma a las políticas públicas para prevenir ese tipo de accidentes. Es difícil poder prevenir este tipo de accidentes si no documentamos las causas detrás de las docenas de eventos de este tipo que hemos tenido que sufrir como sociedad en los últimos años.

Más aún, no hay mucha información del Estado y los ayuntamientos sobre los recursos empleados en la supervisión continua de las medidas de seguridad en establecimientos para prevenir este tipo de accidentes. Por razones evidentes uno puede asumir que esos recursos son escasos y que el tipo de supervisión que sí se realiza hoy en día claramente no es suficiente.

Leyes y reglamentos tenemos en abundancia, es evidente que estos no son muy efectivos, pero su ausencia definitivamente no es el problema. Perdemos docenas de personas cada año por este tipo de accidentes, y toda la tinta del mundo no servirá para impedir que sigamos perdiendo mucha de nuestra gente valiosa en este tipo de accidentes si no son adecuadamente investigados y si no se toma con seriedad la implementación de medidas de seguridad que les prevengan.

Y prevención debe ser el enfoque. La importancia de investigar y documentar los hechos detrás de estos accidentes es precisamente definir las prioridades regulatorias y de supervisión de las autoridades. Si hoy la humanidad puede darse el lujo de disfrutar de un transporte aéreo extremadamente seguro, es precisamente porque alrededor de esa industria se desarrolló una cultura de seguridad, investigación y supervisión tendente a documentar los fallos y definir procesos de prevención y ejecución de tareas diseñados para prevenirles. Justo eso es lo que nos debemos los dominicanos a nosotros mismos.

Valoremos las vidas de nuestra gente, cada uno de nosotros cuenta, poder preservar esas vidas es una condición indispensable para garantizar un mejor porvenir de nuestra nación. Démosle el carácter que amerita a estos accidentes y de forma activa actuemos para prevenirlos, no necesariamente por algún deber moral y ético, que existe, para hacerlo, sino porque al final resulta conveniente para el bienestar de todos nosotros.