Alerta Roja

La semana pasada a raíz de la tormenta Melissa gran parte de nuestro territorio fue declarado en alerta roja. Todos los que hemos vivido un tiempo en este país plantado en el mismo medio del Mar Caribe tenemos una vaga idea de lo que significan esas alertas semafóricas, rojo es aviso de tormenta, amarillo es alerta y verde es un llamado de atención. El problema está, como bien evidenció la tormenta Melissa, es que si bien tenemos una noción de lo que significan las alertas, claramente nadie o muy pocos saben lo que debemos hacer con cada una.

Desde que tengo memoria, sea con el Huracán George, las tormentas Olga y Noel, o con cualquiera de las tormentas que se nos acercan cada verano, el Centro de Operaciones de Emergencia hace sus alertas y la población (incluyendo al Estado) hace sus adivinanzas de lo que implican en términos prácticos esas alertas.   

La Ley de Gestión de Riesgos y su reglamento que establecen los sistemas de alerta y respuesta para la mitigación de desastres no parecen ser adecuados para las necesidades prácticas de la población, porque si bien establecen alertas para que “la población y las instituciones adopten una acción específica ante la situación que se presenta”, en ninguna parte se define concretamente cuales son esas acciones específicas. 

Por un lado, debemos separar las alertas metereológicas de las alertas de riesgos. Es perfectamente posible que un fenómeno atmosférico tenga alta probabilidades de ocurrir pero que los riesgos derivados de este sean menores, o que eventos que no nos choquen directamente sí puedan provocar daños materiales al país. Considerando eso, debemos tener una alerta concreta de riesgos con consecuencias específicas y accionables.

En términos prácticos, bajo un esquema de alerta de riesgos, una alerta roja significa una suspensión inmediata de labores y clases en los centros educativos, suspensión que se levanta el día laborable siguiente a la terminación de la alerta roja. Nada de interpretaciones aisladas en el sector público o privado, nada de aclaraciones del Ministerio de Trabajo o de Educación, la alerta en sí viene con consecuencias directas y accionables para todos. 

Junto a esto también se deben incluir guías de mejores prácticas en la formación de planes de contingencia institucional del sector público y privado que definan las acciones específicas apropiadas para cada nivel de alerta, lo que a su vez vendría acompañado de una definición de “servicios esenciales” que deben procurar su continuidad aún durante la ocurrencia de un evento de riesgo. 

Un sistema de alerta de riesgos puede y debe tener matices que una alerta meteorológica no tiene, pudiendo activarse para barrios o municipios o hasta sectores económicos o sociales específicos sin tener que impactar a toda una provincia o el país, lo que le daría el carácter que deben tener este tipo de alertas tanto para la población que lo recibe como para el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres que las emite. 

Estamos entrando una nueva era climática en el planeta, y República Dominicana en específico es especialmente vulnerable. El sistema de gestión de riesgos para hacer frente y mitigar las consecuencias debe ser refinado para reflejar la naturaleza del riesgo al que nos enfrentamos y para ello necesitamos un sistema de alertas claro y accionable sin interpretaciones.  

La fiebre del oro

Al momento de escribir este artículo la onza de oro ha roto con creces la barrera psicológica de los $4000 dólares por onza. Aunque en cualquier escenario ordinario esto fuera motivo de celebración para un país exportador del metal precioso como el nuestro, la realidad es que estos no son tiempos ordinarios y este incremento del valor del oro puede ser una señal de serios problemas para los cuales tendremos que preparar a nuestra economía.

El precio del oro se ha incrementado en más de un 50% en el último año, otros metales preciosos como la plata y el platino han visto sus precios incrementarse de forma aún más acelerada. Estos cambios tan drásticos de precio suelen ser señal de una estampida hacia esos metales como una inversión de resguardo para inversionistas e instituciones cuando no perciben seguridad en los mercados de bonos o acciones.

En efecto, dentro de las instituciones más influyentes en esta variación de precio han sido los bancos centrales de todo el mundo. Desde el fin del acuerdo de Bretton Woods y la descontinuación del patrón oro en 1971 los bancos centrales fueron reduciendo drásticamente sus reservas de oro como porcentaje del total de sus reservas internacionales, y fueron orientándose hacia mantener divisas y títulos de deuda de otros países, especialmente la moneda y la deuda soberana de los Estados Unidos. Desde 1996 el porcentaje de divisas y deuda del Tesoro de los Estados Unidos era una proporción mayor de las reservas internacionales de todos los bancos centrales del mundo que el oro, hasta el mes de septiembre de este año donde eso cambió. 

Este cambio inició durante la pandemia, pero se aceleró a partir de 2025. En nuestro país el Banco Central de la República Dominicana ha aumentado sus reservas de oro en cerca de un 35% desde diciembre de 2024 a agosto de este año lo que parece ser una acción motivada por el comportamiento de los otros bancos centrales.

El aumento del precio del oro es un mensaje. Claramente los bancos centrales y los inversionistas institucionales están teniendo dudas sobre la proporción de sus portafolios representados en los mercados de rentas variables y las deudas soberanas de países desarrollados, y esa desconfianza debe ser un motivo serio de preocupación, porque reflejan el temor de que algo bastante grave estaría ocurriendo en el corto o mediano plazo tanto en los mercados financieros como en el intercambio comercial global.   

Ese mensaje debe ser un llamado a la prudencia económica y fiscal en nuestro país, y a replantearnos nuestra estrategia comercial para el mediano plazo apostando a una mayor diversificación para evitar concentrar los riesgos a nuestra economía. 

El oro, eventualmente, va a bajar de precio ya que es muy poco probable que este se mantenga a estos niveles por demasiado tiempo, históricamente este siempre ha sido el caso. Qué le lleve a subir más o a eventualmente bajar es lo que debe preocuparnos y no deberíamos cruzarnos de brazo. 

SeNaSa y la responsabilidad del auditor

A partir de la situación que se ha venido suscitando en la ARS estatal SeNaSa, el Presidente Abinader anunció que se estarán estableciendo los controles necesarios en la entidad para evitar actos de corrupción conforme los resultados de la investigación que realice el Ministerio Público. Debe llamar la atención que SeNaSa opera dentro de un sector regulado, e indistintamente de los puntos más finos que pudiera revelar la investigación del Ministerio Público, es posible que aparezcan fallos en uno de los controles más importantes de la entidad como lo es el de la auditoría externa. 

Mientras nuestro país estaba muy ocupado tratando de resolver la gravísima crisis de Baninter en los años 2002 y 2003, Estados Unidos estaba terminando de atender la crisis que resultó del escándalo de Enron al poner en vigencia la ley Sarbanes-Oxley. Dada que la prioridad normativa era definir un nuevo marco legal de la regulación bancaria en República Dominicana, que resultó en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, la Ley Sarbanes-Oxley no tuvo la oportunidad de influenciar y permear sobre nuestras leyes en ese momento.

Con el pasar del tiempo la regulación sobre las auditorías externas ha sido ligera, salvo la importante excepción del Reglamento de Auditorías Externas emitido por la Junta Monetaria que rige a las auditorías externas de las entidades de intermediación financiera y que está fuertemente influenciado por Sarbanes-Oxley, los demás sectores económicos, incluyendo el Sistema Dominicano de Seguridad Social, no han recibido mucha atención normativa.

El caso SeNaSa pudiera ser el momento Enron que la regulación de las auditorías externas estaba necesitando. El sector bancario tiene su normativa, el mercado de valores está en proceso de aprobar la suya, probablemente el CNSS se apurará a someter su propio proyecto, pero debemos estar claros que las normativas sectoriales no van a ser suficientes si estas no son respaldadas por una ley sobre las auditorías externas en sectores regulados, empresas estatales y entidades económicamente importantes, que establezcan un supervisor directo, definan la responsabilidad de los auditores externos, su mecanismo de selección y rotación, entre otros aspectos importantes.

Debe notarse que SeNaSa nunca llegó a publicar sus estados auditados correspondientes al año 2024, y es perfectamente posible que esto resultara de una inconformidad material levantada por sus auditores externos, pero esto no ha sido comunicado al público. Por lo que, aún en el caso de que el punto se haya levantado, la no comunicación de ello, lo que sin dudas constituiría un hecho relevante, es parte de lo que debe estar sujeto a mejoras normativas. 

La economía dominicana viene en franco proceso de madurez, por lo que la promoción de la transparencia en nuestros negocios se va haciendo cada vez más esencial para sostener nuestra capacidad de seguir creciendo y mejorando. Quizás esta lamentable situación sirva para impulsar los cambios que necesitamos y empecemos a construir nuestra cultura de negocios y la gestión de los mismos por un mejor camino.