¿Qué necesita la República Dominicana de Haití? (1)

Al momento de publicarse el presente artículo se debe haber elegido la persona llamada a presidir el Consejo Presidencial de Transición de Haití. Con esto se abre un nuevo capítulo en la historia de Haití, y es uno al que no solo debemos prestarle especial atención, sino uno en el cual debemos tener una participación activa, pero no visible, para tratar de impulsar su éxito. En este momento debemos empezar a responder la pregunta “¿Qué necesita la República Dominicana de Haití?” y tomar acciones que vayan en ese sentido. 

Primero que nada, necesitamos que el Consejo Presidencial de Transición pueda instalarse en Haití y que empiece rápidamente a ganarse la credibilidad de sus ciudadanos para iniciar el período de estabilización. La República Dominicana debe, privadamente, urgir al Consejo la inclusión de la rara vez considerada, pero muy activa y vibrante, sociedad civil no electoral de Haití en la toma de decisiones del período de transición. 

Esto puede hacerse, como han recomendado Nicolás Devia-Valbuena y Keith Mines del Instituto por la Paz de los Estados Unidos, formalizando una Comisión de Consejeros para la asesoría del Consejo Presidencial. Dicha comisión debería considerar la participación de la Iglesia Católica de Haití, un representante de las iglesias evangélicas, de la diáspora, de las cooperativas agrícolas, de las organizaciones de los derechos humanos, líderes comunitarios, representantes de la mujer y la juventud, sindicatos laborales y empresariales y de los medios de prensa.Como bien indican Devia-Valbuena y Mines, esa sociedad civil en Haití tiene mucho mayor alcance y conocimiento de la realidad de Haití en el terreno de lo que históricamente han tenido las élites políticas, y pueden probar ser fundamentales en darle credibilidad y efectividad al Consejo Presidencial de Transición, por lo que debemos, si bien calladamente, propugnar por su formalización, y si llegare a conformarse, abiertamente celebrar su designación. 

Por otro lado, y sin hacer mucha fanfarria de ello, debemos propugnar por el establecimiento de puntos logísticos de las fuerzas policiales internacionales en ambos lados de la frontera, para que desde nuestro territorio se canalicen los recursos logísticos, materiales, de alimentación, salud, transporte y almacenamiento necesarios para el funcionamiento de dichas fuerzas, y en el territorio haitiano operen sus recursos humanos. Adicionalmente, deberíamos impulsar planes de entrenamiento policial y de inteligencia militar en nuestro territorio para los actuales y nuevos reclutas de la policía de Haití. La creación de relaciones entre las fuerzas policiales de ambos países a partir de este momento tenderá a traernos amplios beneficios en el futuro, siempre y cuando, con nuestro apoyo, la fuerza policial internacional tenga éxito en retornar a un orden razonable la situación en Haití y que esa fuerza policial conformada con nuestro apoyo eventualmente asuma el control, a lo que debemos apostar como si dependiéramos de ello. 

“¿Qué necesita la República Dominicana de Haití?” es una pregunta bastante compleja con múltiples pasos y aristas que deben ser consideradas y que pienso abordar en artículos adicionales. Lo importante ahora mismo, cuando ya finalmente están ocurriendo cosas positivas para Haití, es entender que no podemos quedarnos de brazos cruzados y debemos ser un parte activa en el relanzamiento de nuestro vecino como nación, y no por razones humanitarias, las cuales por sí solas deberían ser suficientes, sino porque nosotros seremos de los más beneficiados de reorientar este relanzamiento en la dirección que mejor nos convenga.  

Sacando el aborto del Código Penal.

De manera general comparto la preocupación del liderazgo político derivada de la imposibilidad manifiesta de pasar el Código Penal debido al tranque con las 3 causales. El tema del aborto divide a nuestra clase política, aun si no lo hace respecto de los votantes que encuesta tras encuesta han manifestado apoyarlas, y la única solución que han planteado para salvar el Código Penal es legislar sobre las causales en una ley especial, en efecto, pateando el “problema” político de las causales a un tiempo indefinido en el futuro. Mi propuesta de esta ocasión extrae un poco de esa idea pero incluyendo un incentivo a los legisladores para conocer el tema de las causales con más celeridad. 

Si la única forma políticamente viable de pasar el Código Penal es pasando el debate de las 3 causales a una ley especial, entiendo que no debería haber mayor inconveniente en hacerlo. Pero el Código Penal debe pasar sin una sola mención del aborto en ningún sentido, en efecto, legalizando el aborto en la República Dominicana en toda circunstancia a la entera discreción de la mujer y su doctor.   

La aprobación del Código Penal en esas circunstancias le agregaría sentido de urgencia a los legisladores que deseen limitar el acceso al aborto para las mujeres a conocer la misma bajo una ley especial. 

El apoyo a las 3 causales, conforme a múltiples encuestas realizadas al respecto en los últimos 10 años, se ha mantenido de manera consistente por encima del 70% y la más reciente muestra el apoyo a las mismas bien exceso del 80%. Eso dicho, tengo mis dudas y no me sorprendería, que el apoyo al aborto en cualquier circunstancia no cuenta con ese nivel de apoyo. Por lo que conocer una ley especial sobre el aborto en un escenario donde el este se encuentre totalmente despenalizado tendría más atractivo político y mayor urgencia, lo que pudiera garantizar un acuerdo para la regulación de este procedimiento más acelerado que en la alternativa. 

Dicho todo lo anterior, personalmente no creo que el interés de conocer las 3 causales en una ley especial sea genuino. Me parece evidente que la excusa de conocerlas aparte del Código Penal, dejando el estatus quo de la prohibición total, es con el interés de no enfrentar este tema de frente y patearlo para el futuro incierto en un cálculo político errado. 

Es por ello que propongo variar dramáticamente la ecuación para que tengamos un Código Penal aprobado, y para que el tema de las causales, o el aborto en general, en la República Dominicana se atienda con la premura y seriedad que amerita.

Fideicomisos de garantías recíprocas

El acceso al crédito de las MIPYMES sigue siendo uno de los retos más importantes de la economía dominicana. Este reto ha sido tomado muy en serio por el Estado dominicano que ha ejecutado múltiples iniciativas para estimular ese tipo de crédito empleando avales estatales, promulgando leyes como la Ley de Garantías Mobiliarias y ofreciendo asistencia directa para ayudar al sector. Uno de esos esfuerzos aún se encuentra en el Poder Legislativo agotando sus procesos, el proyecto de ley que crea la figura de las Sociedades de Garantías Recíprocas busca crear un nuevo vehículo que permita facilitar el acceso al crédito para la MIPYMES creando un pool de garantías dentro de esta nueva figura.

Dicho lo anterior, y mi propuesta de esta semana, es que realmente no es necesario esperar una ley que cree las sociedades de garantía recíprocas cuando es perfectamente posible introducir una vehículo similar en los fideicomisos de garantías recíprocas con las leyes ya existentes. 

Las sociedades de garantías recíprocas son entidades sin fines de lucro constituidas por MIPYMES como socios partícipes que ofrecen garantías y avales sobre los créditos extendidos a esas MIPYMES. Adicionalmente, dentro de estas se pueden encontrar socios protectores que habitualmente pueden ser bancos, empresas grandes o entidades estatales que sirven como garantes de la capitalización de la sociedad. Las sociedades de garantías recíprocas también juegan otros roles como el otorgamiento de líneas de crédito, asesoramiento técnico y financiero, o servir como centralizador y canalizador de cualquier asistencia estatal.  

Por ser entidades sin fines de lucro, utilizar un vehículo societario de los previstos en la ley de Sociedades Comerciales no es lo apropiado para replicar la figura en la República Dominicana pero, por igual, al tratarse de una sociedad de capital la figura legal de asociación sin fines de lucro tampoco sería correcta. Es por ello que propongo utilizar la figura del fideicomiso, la cual puede acomodar tanto la estructura capitalista como el objeto sin fines de lucro de las sociedades de garantías recíprocas. 

Tanto el Estado como el sector privado pueden crear fideicomisos de garantías recíprocas para MIPYMES de distintos sectores económicos o regiones, y fungir como socios protectores sobre las mismas. El patrimonio fideicomitido se nutriría no solo de los aportes de los socios protectores, sino de forma significativa de los aportes en capital y las garantías de los socios participantes, las cuales servirían como respaldo a los avales otorgados por el fideicomiso de garantías recíprocas a los acreedores de las MIPYMES.

Esta figura le permitiría a los bancos otorgar créditos a las MIPYMES considerando el aval del fideicomiso como una garantía fiduciaria, lo que les permitiría ofrecerlo a mejores tasas y plazos. 

Este modelo no tiene porque esperar una nueva ley, y puede empezar a ser ejecutado con los instrumentos legales que ya están a nuestro alcance.