Sin datos

El pasado fin de semana me surgió la curiosidad de ver si los números de nuestras exportaciones estaban mostrando alguna señal hacia la diversificación de nuestros socios comerciales, por lo que inicié por lo básico y lo que entendía sería más rápido en darme esos resultados. Preparé un prompt bien largo y detallado, insistiéndole a ChatGPT 5.2 que fuera lo más cuidadoso posible en prepararme una simple lista del Top 10 de destinos de exportación de la República Dominicana en 2024 y en 2025; luego de pensarlo por 6 minutos con 24 segundos la inteligencia artificial procedió a informarme que no podía porque la información no aparecía en formato descargable. 

Esto me pareció extraño, estamos casi llegando a marzo del 2026, esa información tan básica y simple debe estar disponible, así que como le tengo poca fe a la IA en el nivel que se encuentra actualmente, decidí buscar la información directamente. Después de invertir 2 horas de mi tiempo buscando no solo pude confirmar que, en efecto, no solo el dato crudo no está disponible, lo poco que sí aparece es contradictorio o inconsistente. 

Para 2024 la Oficina Nacional de Estadísticas publicó que las exportaciones de RD alcanzaron la suma de USD$12,923.9 millones, mientras que en una nota de prensa ProDominicana reportó la cifra en USD$12,925 millones. Sobre 2025 en enero ProDominicana informó mediante nota de prensa que la exportaciones alcanzaron los USD$14,645.2 millones pero en un dashboard de la página de la misma ProDominicana esta indica que el monto fue de USD$15,930.6 millones, o sea más de mil millones de dólares de diferencia. ¿Y el detalle del destino por país? Bien, gracias (también intenté sin resultados en las páginas de Banco Central y Aduanas). 

Pero no quiero dar la impresión de que este es un problema específico a este dato o esas instituciones, la semana pasada intentaba buscar las cifras sobre el total de casos resueltos por la Procuraduría General de la República utilizando el procedimiento abreviado previsto en la ley, y el dato tampoco existe. La página de la PGR solo tiene estadísticas (con pocos detalles) sobre trámites administrativos que ahora van a pasar al Ministerio de Justicia. 

Lo mismo ocurre en todas las instituciones públicas y privadas que no publican informaciones relevantes para el público en general. El país necesita un calendario de publicación de informaciones de toda índole que facilite el seguimiento, búsqueda y acceso a las mismas, no podemos permitirnos seguir navegando a ciegas sin claridad de donde estamos y como las cosas van cambiando.  

En República Dominicana necesitamos datos concretos, confiables y disponibles sobre absolutamente todo, es imposible manejarnos como nación si las decisiones del sector público y privado se realizan a ciegas o, peor aún, si se deben pagar estudios carísimos para obtener hasta la información más básica. Si no lo vamos a hacer por una necesidad nacional de información, al menos hagámoslo para empezar a desarrollar una cultura de transparencia que permee todas nuestras instituciones. 

Por favor

Una de las lecciones más importantes que aprendimos de la pandemia es que la mayoría de los procesos que hacemos presenciales, como la firma y suscripción de contratos sobre bienes y servicios, pueden ejecutarse con mayor seguridad y eficiencia de manera digital. Esta semana quería escribir sobre los avances del país en este frente, pero mi investigación, utilizando los datos oficiales de la Procuraduría General de la República, evidenció que los documentos notariales legalizados de 2022 a 2025 aumentaron, no disminuyeron, lo que significa que la contratación análoga sigue en crecimiento no obstante existir alternativas digitales viables y más seguras. Por favor, ya basta. 

La razón por la cual nuestro país no ha podido adoptar la contratación digital masificada tiene nombres y apellidos, empezando por la Dirección General de Impuestos Internos, siguiendo por las Cámaras de Comercio y Producción, el Registro Civil, las entidades de intermediación financiera y en mucho menor grado la Jurisdicción Inmobiliaria.

Por mucho, la Dirección General de Impuestos Internos ha sido la mayor barrera. Luego de ser por muchos años la entidad de vanguardia en la implementación de soluciones tecnológicas en el Estado dominicano e incluso ser de las primeras en adoptar las firmas digitales, la DGII todavía hoy se rehúsa a aceptar documentos digitales para procesar y cobrar los impuestos que corresponden a una transacción. El bloqueo de la DGII permea a los procesos del resto del país, ¿Para qué hacer contratos de ventas de vehículos o de inmuebles de manera digital, si la DGII no me los va a aceptar? 

Lamentablemente la DGII no es la única barrera en la contratación digital, todos los intermediarios públicos y privados aportan su granito de arena al monumento de la ineficiencia pidiendo versiones físicas de documentos que deberían ser digitales como las matrículas, registros mercantiles y actas del estado civil, de documentos que no es de su incumbencia pedir como los estatutos y asambleas de sociedades comerciales, o de documentos que no deberían existir como los duplicados de títulos del dueño o el acreedor.

En República Dominicana a los abogados nos cuesta dimensionar adecuadamente los costos, para la mayoría el valor numerario que se cobra en un proceso es el costo de este, lo que subestima enormemente el gasto total en el mismo. Hagamos una estimación conservadora, para una contratación simple se invierte 1 hora del abogado que lo confecciona, 1 hora de las personas que lo firman, 1 hora del notario, 1 hora para llevarlo a legalizar y 1 hora del personal que, en efecto, lo legaliza, en el año 2025 se legalizaron 650,000 documentos notariales, lo que representa un gasto total de 444 años y 328 días/hombre, los cuales calculados al salario mínimo de la República Dominicana ascienden a más de $500 millones de pesos perdidos en un proceso que digitalmente se puede hacer por una fracción de eso, y todo esto antes de incluir los honorarios de abogado y el notario y la tarifa por legalización. Este ejercicio es sólo en el proceso de firma, notarización y legalización de un contrato, si se incluyen los costos reales de formalización ante la DGII y los registros públicos estaremos hablando de decenas de miles de millones de pesos desperdiciados en burocracia. 

Así que por favor, ya basta. La retranca no es tecnológica porque esta ya existe y se usa, tampoco es económica porque el status quo es notoriamente más caro que la implementación y mantenimiento de las soluciones, y no es legal por que ley tenemos desde hace casi 25 años. Lo único que nos falta es ponernos las pilas.  

Una holding estatal

En mi artículo anterior valoré la sustitución de múltiples oficinas públicas por sociedades comerciales públicas e indiqué que era un paso importante en la dirección correcta. Sin embargo, también señalé que la estructuración actual iba a presentar ciertas limitaciones para lo cual sugerí la creación de una empresa tenedora de acciones estatal (holding), lo cual estaré desarrollando en el presente artículo.

Las sociedades comerciales estatales creadas recientemente tienen al Estado dominicano representado por un Ministerio afín a la actividad de la sociedad como su principal accionista, y aunque esa composición accionaria tiene su mérito, esto va a presentar múltiples retos para el manejo de estas los cuales pueden ser solventados creando una holding estatal (con el Estado como único dueño) que funja de principal accionista en todas las sociedades comerciales estatales. 

Con una holding estatal como principal accionista de las sociedades comerciales estatales las utilidades que resulten de las operaciones de esas empresas se concentrarían en la holding antes de pasar a la Tesorería Nacional. Esto es crucial ya que esto permitiría que las utilidades de las empresas rentables como REFIDOMSA o Punta Catalina puedan ser usadas para capitalizar a las empresas menos rentables sin tocar el Presupuesto Nacional hasta tanto estas últimas alcancen niveles de rentabilidad aceptables. Bajo el esquema actual esto no es posible ya que las utilidades de las empresas estatales una vez distribuidas pasarían directamente a la Tesorería Nacional y quedarían diluidas dentro de los ingresos totales del Estado. 

Adicionalmente, gestionar la participación del Estado en sus empresas a través de una holding le permitiría estandarizar la estructura de gobernanza corporativa y la fiscalización de esas sociedades comerciales. En el marco actual estas estructuras van a depender de la importancia que cada Ministerio le asigne a su participación en esas empresas, lo que va a resultar en múltiples iteraciones de gobernanza y fiscalización con variados resultados según el interés particular de cada Ministerio que la gestione.

En cambio, bajo una holding se centraliza la estrategia de gobernanza y fiscalización de las sociedades comerciales del Estado priorizando sus objetivos comerciales, esto así porque el éxito y rentabilidad de la holding va a depender enteramente del resultado de las empresas estatales bajo su gestión y no de asignaciones periódicas del Presupuesto Nacional.      

Más interesante aún, la gestión de las sociedades comerciales estatales bajo una holding estatal va a facilitar la explotación de sinergías de grupo. La holding va a tener una visión sobre las operaciones y proyectos de todas las empresas del Estado, lo que a su vez le va a permitir coordinar acciones conjuntas de estas de una forma que la estructura actual simplemente no va a permitir.

El Estado dominicano viene creando una estructura enorme de sociedades comerciales estatales, y la mejor forma de consolidar la misma es creando una holding estatal que controle esas empresas.