Rescatar los estadios

La situación de los estadios deportivos en República Dominicana parece un problema sin solución, lucen atrapados dentro de un círculo vicioso donde la falta de interés alimenta la falta de cuidado y mantenimiento lo que a su vez multiplica la falta de interés. La mayoría de nuestros estadios deportivos hoy se presentan como monumentos al descuido por falta de recursos que no se movilizan porque no hay planes claros para su sostenibilidad financiera y esto ha impactado todos los deportes indistintamente de su popularidad. 

Un ejemplo emblemático del problema es el Estadio Quisqueya Juan Marichal. No obstante ser un estadio ubicado en la capital del país, el hogar de dos de los equipos locales más populares del deporte con más seguidores entre los dominicanos, el estadio y toda su infraestructura se ve en malas condiciones y poco atractivo para recibir a los fanáticos y sus familiares. Por décadas el sector privado (la liga y los equipos) y el Estado han venido lavándose las manos de quien debe asumir los costos del remozamiento y al final no se ha hecho nada mientras el estadio sigue deteriorándose. 

Ante esa situación debemos atrevernos a repensar todo desde cero. Desde las funcionalidades del estadio, la utilidad de los terrenos donde operan y hasta el nombre, absolutamente todo debe repensarse en función de maximizar su rentabilidad.

La mayoría de los estadios en nuestro país tienen un nombre asignado por ley, lo que implica una barrera legal difícil de remontar para generar una entrada de capital al estadio a través del otorgamiento de derecho de nombre o acuerdo de “branding”, como se hace en Estados Unidos y Europa. Se necesita una ley que derogue de pleno todas las leyes que le han asignado un nombre a estadios, y faculte al Estado o municipios, según aplique, a ceder los derechos del nombre de los estadios. El que desee que un estadio lleve su nombre que pague por ese derecho, hay otras formas de celebrar la vida de nuestras leyendas del deporte.

El Estado puede crear una sociedad comercial en la que en principio este sea el único accionista para que funja como el dueño y operador de todos los estadios que hoy están puestos a su cargo. Esto le va a permitir ejecutar múltiples estrategias de gestión y financiamiento de las operaciones de los estadios dependiendo de las necesidades de cada uno.    

Adicionalmente se debe entender a los estadios, de cualquier deporte, como creadores de valor no solo del espacio que ocupa sino de todo su entorno. Todo proyecto de readecuación de los estadios deben incluir en sus alrededores, como mínimo, espacios comerciales que den dinamismo a su entorno. Esto debe incluir hoteles, bares, restaurantes, plazas y parques que complementen la oferta del estadio en si y puedan servir como un ingreso adicional para el titular de esos terrenos que, en principio, debería ser titular u operador del estadio. Esta valorización del espacio tenderá a incentivar la construcción de viviendas en las zonas cercanas y motorizar la economía de la zona. 

Debemos cambiar la forma en que pensamos sobre los estadios deportivos en nuestro país, ni el Estado dominicano tiene dinero para desperdiciar en ellos ni la situación actual es sostenible, es por ello que estamos forzados a hacer las cosas de forma diferente.

De la indexación y otros males.

Recientemente el país ha vivido un debate sobre la indexación de la escala salarial para la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Por un lado los que piden su indexación correctamente se apegan a lo exigido por el mismo Código Tributario que establece el ajuste anual por inflación que no se ha hecho desde 2017. Por el otro lado está el gobierno dominicano que correctamente señala que el ajuste supondría un sacrificio fiscal grave para el Estado que afectaría materialmente su capacidad de cumplir sus compromisos presupuestarios sin incurrir en más deuda. Ambos tienen razón y eso lleva a un punto de inflexión.

Lo que el debate sí abre es la posibilidad de impulsar una modificación del capítulo VI del Código Tributario con mucha menor fricción social que una reforma fiscal íntegra. La conversación ya está abierta, ahora toca pasarla de los medios y redes sociales al Congreso Nacional donde corresponde. 

El ajuste por inflación debe ser eliminado, si el texto de la ley debe ser ignorado por no ser realista, mejor no tenerlo en la ley y punto. Si para ello se debe hacer algún compromiso donde el Estado asuma un deber de ajustar la escala debido a los cambios normales de la economía, la variación del salario promedio cotizable registrado en la Tesorería de la Seguridad (TSS) sería un parámetro más razonable que la inflación, dada la naturaleza de nuestra economía. 

Por otro lado, la escala necesita ser ampliada y ajustada a la realidad. De acuerdo a los números más recientes de la TSS, el salario cotizable promedio está cerca de DOP 37,000 mensuales, siendo que la escala no indexada actual exonera del ISR los salarios por debajo de DOP 34,700, esto significa que la mayoría de los asalariados formales quedan dentro de la escala exenta. 

Es poco probable que el Estado vaya a asumir el costo fiscal que implicaría la eliminación de una base exenta y la introducción de deducciones fiscales como esto suele operar en otros países, por lo que consensuar una nueva base exenta luce como lo probable. Esta podría exonerar los salarios mensuales hasta DOP 27,750 e introducir dos nuevas escalas menores, para los que van desde DOP 27,750 a DOP 37,000 con un 5% y de DOP 37,000 a DOP 50,000 con 10%. Adicionalmente, se ajustarían las escalas existentes, y se agregarían dos nuevas escalas superiores para ingresos por encima de los DOP 200,000.00 mensuales a 30% y los mayores a DOP 400,000.00 a 35%. 

Esto claramente implicaría un aumento sustancial del ISR para la mayoría de las personas físicas, lo que le daría al Estado el espacio para reducir ese impuesto en las personas jurídicas a una tasa de entre 20% y 15%, colocándose por debajo del promedio de la OECD, a su vez allanando su propio camino para empezar a reducir sustancialmente la exenciones impositivas sectoriales. 

Mientras los impuestos a los ingresos suponen más del 50% de las recaudaciones del Estado en la mayoría de los países, en República Dominicana dicho impuesto apenas capta el 25% de estas, lo que evidencia que tenemos un sistema tributario agresivamente regresivo con alta dependencia a impuestos al consumo y la propiedad. Aprovechar el debate actual para impulsar esta reforma focalizada al ISR, si bien no estará alcanzando todas las aspiraciones fiscales del Estado, sí sería un enorme paso de avance en esa dirección. 

Apuestas

En República Dominicana tenemos un serio problema de ludopatía que se refleja en la cantidad de bancas de apuestas legales e ilegales que tenemos en todo nuestro territorio, algunas fuentes estimando que entre ambas tenemos una banca de apuesta por cada 118 habitantes. Si entendemos eso como grave, la realidad es que estamos lejos de estar preparados para enfrentar lo que ya estamos teniendo enfrente, el negocio de las apuestas está penetrando todos los aspectos de la vida y no solo nos faltan herramientas para poder enfrentarlo, aún si la tuviéramos parecería muy poco lo que podría hacerse para contenerlo. 

En el 2018 la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso “Murphy v. National Collegiate Athletic Association” determinó que la prohibición federal a las apuestas en los deportes era inconstitucional y abrió el espacio para que los Estados pudieran legalizarla. Desde entonces, no solo ese tipo de apuestas han sido legalizadas en la mayoría de los Estados en ese país, sino que se han proliferado las apuestas en línea a través de páginas y aplicaciones. 

Para 2025 el negocio de las apuestas en línea, impulsadas por las apuestas desde el celular, va a mover más de USD$100 mil millones de dólares. En República Dominicana, por vía del contenido de entretenimiento que recibimos desde Estados Unidos, vivimos bombardeados de anuncios de empresas como Draft Kings, Fan Duel, Betcris, entre otras que no solo se promocionan sin restricciones sino que directamente fungen como patrocinadores de eventos deportivos y de todo tipo. 

Mucho más grave aún, las mecánicas de los juegos de azar también se han apoderado de los videojuegos, directamente enganchando a niños y adolescentes. Desde poder entrar y jugar en casinos virtuales, hasta mecánicas de apuestas en loot boxes, los gacha y sobres de FUT, muchos videojuegos están exponiendo a los niños y adolescentes a los juegos de azar y las apuestas sin ningún tipo de restricción mucho antes de que estos lleguen a ser adultos.

Los ludópatas de hoy son adultos jóvenes obsesionados con su celular, apostando con el dinero de sus cuentas bancarias o con criptomonedas, nunca llegando a poner un pie en un casino o banca de apuestas.    

Esta realidad está a plena vista de todos en todo el mundo pero aún así no está encontrando algún tipo de resistencia. Los casinos virtuales utilizan el poder de sus ingresos para pagar promociones con influencers y celebridades, hoy en día fungen entre los principales patrocinadores de eventos deportivos y los e-sports, los gobiernos de los distintos países están percibiendo enormes sumas en sus recaudaciones fiscales por los impuestos a las apuestas, y muchos políticos y empresarios están asumiendo posiciones de control o de inversionistas en esos negocios.   

Los tiempos de apuestas en cuartos oscuros o casinos de poca monta ya están detrás de nosotros. Hoy en día todos tenemos el casino en nuestros bolsillos y en nuestras casas, cultivándonos como participantes activos en los juegos de azar desde la niñez, con la gravedad de que los llamados a ser los “adultos responsables” para poner cierto control sobre esta situación están, en cambio, lucrándose de ella.