Una lista OFAC cualquierizada.

Aunque se siente que ocurrió hace 1 año, la semana pasada el Presidente Trump tuvo un encontronazo con el Presidente Gustavo Petro de Colombia. La mayoría de los medios se enfocaron en el rechazo de Petro a las condiciones de vuelos de migrantes deportados y los aranceles amenazados por Trump, pasando por alto que la amenaza del presidente americano incluyó la línea “se imponen de pleno la sanciones financieras, bancarias y de tesorería bajo la IEEPA”. 

El año pasado hice una serie de artículos advirtiendo de lo que vendría en una nueva presidencia de Trump, y aunque entre las muchas cosas que preví estuvo el uso antojadizo de los aranceles como mecanismo de presión, nunca en mil años hubiera pensado que este iría tan lejos como usar el mecanismo de sanciones financieras bajo la Ley de Poderes en Emergencia Económica, en esencia la lista OFAC, como parte de su juego.

OFAC significa “Oficina de Control de Activos Extranjeros” en inglés, nació en el año 1950 para bloquear los activos de China y Corea en territorio americano durante la Guerra de Corea. Desde entonces ha evolucionado bastante y permea todo el sistema financiero global, toda persona, entidad o país que se encuentra en la lista OFAC está virtualmente impedido de hacer negocios con cualquier banco que mantenga operaciones de manera directa o indirecta con el mercado financiero de los Estados Unidos, lo que en esencia implica la inmensa mayoría de los bancos del mundo.

Hasta ese fatídico día la lista OFAC estaba reservada para países como Corea del Norte e Irán o personajes como Saddam Hussein y Osama Bin Laden, en esencia, entes que razonablemente se entienden como activos participantes en actividades ilegales cuyo dinero es preferible mantener fuera del sistema financiero. Luego de la amenaza de Trump, aún sin concretarse, se ha abierto la posibilidad de que la lista va a ser usada con fines distintos a la prevención de lavado de activos. 

Esto crea un problema grave. Los bancos de todo el mundo, incluyendo en República Dominicana, no pueden ignorar la lista OFAC ya que su acceso al mercado financiero de los Estados Unidos y al dólar americano depende de su cumplimiento, pero por otro lado quedan con la duda de si cerrar sus negocios a cualquier país o persona, incluyendo países y personas que sus naciones consideran aliadas, es una acción admisible no solo para los bancos sino para los gobiernos de los países donde operan.

Más aún, es imposible minimizar la gravedad de la amenaza que representa una lista OFAC cualquierizada y utilizada como mecanismo de castigo en las manos de un presidente mentalmete inestable. En el caso más extremo, si por una supuesta ofensa República Dominicana fuera sancionada de esta forma esto supondría el colapso total de nuestra economía en cuestión de horas, en el caso más leve si un aliado comercial importante como España es sujeto a ese trato nosotros caeríamos en la encrucijada de si cumplir con lo que siempre hemos cumplido y cortar relaciones con un país tan cercano a nosotros o jugarnos nuestros chances incumpliendo. 

Suelo ofrecer propuestas, pero en un mundo donde la lista de OFAC es cualquier cosa realmente es cuesta arriba proponer soluciones. Lamentablemente, lo único que se me ocurre es ofrecer mis buenos deseos de que nuestro país pase debajo del radar de la Casa Blanca o que seriamente iniciemos la búsqueda por alternativas al dólar americano.

Reportes económicos provinciales

Periódicamente el Banco Central de la República Dominicana publica informaciones sobre el crecimiento económico del país dividido por sectores económicos que son de vital importancia para la toma de decisiones del Estado y el sector privado. Lamentablemente estos datos no son reportan por provincias o regiones, lo que disminuye su utilidad puesto que resulta difícil inferir el impacto directo de las acciones específicas del sector privado o el Estado en la economía de una determinada región o provincia.

Para comprender la magnitud del vacío generado por esta falta de divulgación me permito citar algunos ejemplos. En los últimos 10 años Falcondo ha venido ejecutando la suspensión de sus operaciones mineras en Bonao, sin embargo no tenemos datos oficiales que indiquen o del cual se pueda inferir el impacto económico de dicha suspensión en la provincia Monseñor Nouel. De los conflictos derivados del cierre de Falcondo, el impago de obligaciones a proveedores y empleados en años anteriores, uno puede sospechar que la situación de Bonao es precaria, pero es difícil determinarlo con exactitud por falta de data regional del PIB.

Otro ejemplo interesante es el de las provincias fronterizas, donde el Congreso se ha gastado en hacer múltiples leyes tratando de promover el desarrollo de esa región del país. Lamentablemente no existe data del PIB de la región ni antes ni después de esas leyes, por lo que resulta muy cuesta arriba medir cual ha sido el impacto de esos esfuerzos, si ha habido alguno. Podemos hablar de ofrecer más incentivos fiscales o eliminarlos por completo, pero honestamente esto sería una discusión estéril si no podemos medir lo que funciona o no.

Más reciente el Estado ha estado impulsando una estrategia agresiva para apuntalar el desarrollo de la provincia de Pedernales, gracias a otros datos económicos de la provincia, tales como el desempleo y la pobreza, podemos inferir que Pedernales es una de las provincias más pobres del país, sin embargo, no tenemos la menor idea como este esfuerzo estatal viene impactando a la misma y una vez que se materialicen todas las inversiones esperadas no tendremos visibilidad de su efecto en el PIB.

Es muy difícil para el Estado y el sector privado tener una buena sensación de como viene progresando la economía del país sin una visión más específica de sus regiones y provincias. Más grave aún, constantemente se habla de crear nuevas provincias, dividir municipios y tratar de redefinir el mapa político de la nación con promesas de mejora económica y mayor acceso a recursos, sin que tengamos la menor idea de que es lo que económicamente estamos dividiendo o creando, ni cuales han sido sus resultados en la economía real de esas nuevas provincias. 

El Banco Central debería trazarse una meta ambiciosa para empezar a reportar todos los datos sobre la economía dominicana dividiendo por provincias o regiones para el cierre de este año. Este cambio, que a primera vista pudiera lucir tonto, haría una diferencia sustancial en la forma en como se habla de desarrollo e inversión en la República Dominicana y nos ayudaría a hacer un cambio dramático para bien en la forma en la que tomamos decisiones.  

Una empresa de transporte masivo.

El transporte público masivo en República Dominicana a través del metro de Santo Domingo, el monorriel de Santiago y los distintos teleféricos está empezando a tomar forma. Sin embargo, su estructura organizacional, dividida entre la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la Oficina de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana y el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana, está empezando a fungir como una traba para su necesario desarrollo ágil, por lo que propongo la creación de una empresa propiedad del Estado dominicano en la que se unifique todo lo relativo al transporte público masivo.

La administración del transporte público masivo necesita tener un enfoque empresarial tanto en su operatividad diaria como en su planificación, y para ello debe ser separada legalmente del ámbito administrativo del Poder Ejecutivo. Esto le daría mayor flexibilidad para invertir, contratar, planificar y acceder a capital, en formas que no son posibles bajo su esquema actual de administración. 

El Estado, en principio, debe ser el accionista mayoritario de la empresa, por lo que bajo ningún concepto se trata de una privatización, sino de normalizar el estatus de la administración de nuestro transporte público masivo para que se asemeje a sus pares en España, Francia o Alemania, donde este servicio también es propiedad del Estado. Adicionalmente, y a los fines de garantizar la estabilidad inicial de esta empresa estatal, se le puede otorgar un monopolio temporal (que no exceda los 20 años) sobre la administración del transporte masivo en nuestro territorio.

Una vez constituida, la empresa tendría la libertad de crear empresas adicionales, bajo su control, para el desarrollo y la administración de medios de transporte puntuales como los teleféricos o sobre el transporte masivo interprovincial. Más aún, esta podría hacer alianzas estratégicas con otras empresas de administración de transporte masivo del mundo para la construcción y ampliación de nuestra red, incluyendo nuevas líneas de metro, tranvías, monorrieles, etc. en donde la empresa entienda económicamente factible hacerlo. 

Con una empresa constituida los activos, la deuda y el capital invertido en el transporte público masivo del país se concentraría en un solo lugar y no se mezclaría con el gasto corriente y la deuda pública del país, teniendo esta la capacidad de obtener capital y endeudarse sin la intervención del Estado central. Va a ser importante garantizar la autonomía operativa y económica de la empresa, previendo para su operación reglas más flexibles de compras y contrataciones o de endeudamiento que el actualmente previsto para el Estado, dada la naturaleza de la empresa.   

República Dominicana necesita ampliar drásticamente su capacidad de transporte masivo, si eventualmente deseamos dejar detrás la pesadilla vehicular que existe en nuestras calles, y para lograr eso necesitamos mucho mayor dinamismo de la acción del Estado a través de una empresa que centralice esta iniciativa y las ejecute con total autonomía con la menor intervención posible de intereses políticos que puedan afectar su naturaleza empresarial.