Fuente: Teleradio América

Durante el pico de la ola inflacionaria de 2021 y 2022 propuse una reducción sensible del gasto público para reducir la presión sobre ese indicador que estaba siendo impactado por factores externos a nuestra economía. En los últimos dos años esa presión inflacionaria se redujo un poco, y el Estado no tuvo que materializar una reducción material de su gasto, sin embargo la inflación derivada de factores externos está volviendo y la necesidad de reducir el gasto público vuelve hacerse relevante, esta es una buena oportunidad de poner la casa en orden.

De partida hay dos ítems que deben ser el enfoque prioritario en la reducción del gasto del Estado dominicano, el subsidio eléctrico y el subsidio a los combustibles. En conjunto estos representan cerca de 100 mil millones de pesos al año del gasto, y aunque inicialmente su implementación fue justificada para proteger a la ciudadanía en general de los efectos de la inflación, estos no se redujeron durante el período de baja de las presiones inflacionarias y ahora se vienen convierto en una presión adicional sobre aquello que buscaba mitigar. 

El Estado debe definir un plan para el desmonte de los subsidios para la electricidad y los combustibles que no se extienda más allá de 2 años, para reorientarlos hacia subsidios más focalizados con la meta de reducir las erogaciones del Estado por este concepto hasta cerca de un 80% del costo actual de los mismos. 

Por otro lado, el Estado debe buscar soluciones más prácticas en la reducción de sus gastos operativos. El gasto en alquileres, materiales gastables, vehículos y combustibles puede ser reducido de manera significativa con un plan agresivo del Estado en masificar las modalidades de trabajo remoto e híbrido para sus entidades. Por supuesto, este va a necesitar tiempo para implementar los controles necesarios para hacer la transición de forma que la productividad no sea impactada de forma negativa, pero un plazo de 18 meses es más que suficiente para definir y ejecutar las acciones necesarias para su implementación y materializar sus beneficios en la reducción del gasto del Estado.

Otra oportunidad de ahorro para el Estado dominicano sería el decretar el congelamiento del gasto en Educación a sus niveles actuales por 5 años. Después de más de una década del 4% del PIB en la Educación la credibilidad de ese gasto está en su punto más bajo debido a los pobres resultados mostrados por los estudiantes en todas las métricas. Si bien el móvil para congelar el gasto es fiscal y macroeconómico, esta pausa debe servir para evaluar nuestro sistema de educación e identificar los puntos de acción para que el gasto que sí se haga sirva para mejorar sustancialmente la calidad y empiecen a mejorar esas métricas de los estudiantes.

Lamentablemente estamos devuelta a donde estábamos hace 2 años y la presión inflacionaria vuelve a convertirse en un problema existencial para República Dominicana. Hoy, quizás más que en aquel entonces, tenemos más urgencia de hacer las reducciones en el gasto del Estado para poder navegar los próximos años plagados de incertidumbres. Va a ser un sacrificio, pero son necesarios para evitar males mayores en el futuro cercano.