Fondo Soberano de Inversión de los Ingresos Mineros (2)

Fuente: Barrick Gold Corporation.

Hace cuatro años de la primera vez que propuse la creación de un fondo soberano de los ingresos de la minería, aprovechando que el Presidente resaltó el potencial de la explotación de tierras raras en la República Dominicana, entiendo urgente retomar la idea. La caída en la producción de oro de Pueblo Viejo debe ser advertencia suficiente sobre el carácter temporal de los ingresos mineros, y la importancia de no gastarlos en el ahora sino ahorrarlos e invertirlos para capitalizar nuestro futuro, por eso su destino debe ser a un fondo soberano.

La mina de oro de Pueblo Viejo requiere una ampliación para poder extender su vida productiva hasta el 2040 de lo contrario empezará a reducir sus actividades; por su lado Falcondo pasó de ser el corazón económico de Bonao a un cascarón de deudas incobrables luego que detuvo sus operaciones. Estas son noticias de ahora e ilustran perfectamente la temporalidad y fragilidad de los ingresos fiscales y extra-fiscales derivados de la explotación minera. 

Aunque aún tengo algún escepticismo respecto del potencial económico de la explotación de tierras raras en territorio dominicano, me permito sumarme al optimismo del Estado dominicano, a lo que me atrevo agregar la explotación de Loma Miranda y la expansión de la mina de Pueblo Viejo para vaticinar que la minería en República Dominicana aún tiene mucho futuro. 

El año en el que hice inicialmente esta propuesta la minería representaba el 4.13% del PIB de la República Dominicana, hoy es apenas un 1.4% del PIB. En las últimas dos décadas el Estado dominicano recibió ingresos en los miles de millones de dólares derivados de la minería, y todo ese dinero se esfumó como parte de su gasto corriente. Estamos posicionándonos para vivir un nuevo boom minero, pero no podemos darnos el lujo de gastar ese dinero con la misma velocidad que este entra porque eventualmente no habrán más booms mineros.     

Se debe crear un fondo soberano de los ingresos mineros, olvidar esos ingresos como parte del presupuesto de ingresos corrientes del Estado y destinar el 100% de los mismos al fondo. El fondo debe alcanzar un punto crítico de crecimiento, luego establecer una reserva que sea suficiente para cubrir cualquier pérdida en el curso de sus operaciones y finalmente definir un esquema de distribución de sus ganancias donde se priorice el crecimiento del fondo y contemplar traspasos al Gobierno central en aquellos casos que se produzcan excesos sobre las ganancias proyectadas. 

Los beneficios de constituir un fondo soberano de los fondos recibidos de las actividades mineras por parte del Estado ya los detallé en mi propuesta original, en esta ocasión reitero la propuesta luego de que quedara demostrado que la ventana para crear un fondo de esta naturaleza y respecto de esos ingresos no va a estar abierta siempre, de hecho, de no materializarse el boom comentado anteriormente es posible que la misma ya esté cerrada. Los ingresos de la explotación minera en nuestro país y de cualquier industria extractiva son extraordinarios y ya es tiempo de que así los tratemos.  

Compromiso por la democracia

Los gestos políticos, sin importar su materialidad, importan y pueden ser decisivos para trazar una pauta sobre todos los actores políticos, la sociedad civil y la ciudadanía en un momento dado. Se avecinan tiempos turbulentos en el mundo, circunstancias geopolíticas para las cuales encontramos precedentes sólo a partir de hace más de 80 años, una era en la que nuestro país estaba en su prehistoria institucional, con retos totalmente desconocidos para nuestras actuales instituciones democráticas. En esta ocasión propongo un consenso para un compromiso de todos los partidos políticos, sector empresarial, los sindicatos, sociedad civil y todo el país por la preservación de nuestra democracia y nuestras instituciones.

En las últimas semanas los Estados Unidos han trazado su nueva línea geopolítica, donde se prioriza el espectáculo para el votante interno por encima de los consensos internacionales, donde aliados y adversarios pueden ser tratados con la misma beligerancia, y donde las posiciones diplomáticas de esa nación ya no son guiadas por una serie de principios predecibles construidos por décadas de esfuerzos y consensos. Estamos viendo una política exterior en Estados Unidos más cercana a las presidencias de Woodrow Wilson y Herbert Hoover que a las de John F. Kennedy y Ronald Reagan.

La última vez que República Dominicana vivió bajo estas circunstancia geopolíticas teníamos una pseudo-democracia de caudillismos regionales que nos llevó a una anexión, una intervención militar extranjera y luego a una dictadura que terminó consolidándose y nos arrebató 31 años de experimento democrático. 

La democracia moderna dominicana, la cual hoy se encuentra en su mayor punto de madurez, en más de una ocasión necesitó, en el curso de su construcción, la intervención activa o pasiva de la diplomacia de los Estados Unidos para evitar sus peores crisis existenciales, fuere a través de pronunciamientos públicos de su embajada o llamadas privadas de sus representantes. 

Hoy vivimos un contexto externo donde, en un momento de crisis similar a los ya vividos, esa llamada podría nunca llegar o, peor aún, la llamada podría venir con instrucciones a desconocer el accionar de nuestras instituciones y nuestras decisiones democráticas. Nos debemos a nosotros mismos la responsabilidad de preguntarnos si estamos verdaderamente preparados para ese escenario.

Es por ello que hoy, humildemente, hago un llamado a nuestros principales actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, a convocar un congreso entre todos los partidos políticos, actores de la sociedad civil, el sector empresarial, sindicatos, asociaciones profesionales, los medios de comunicación y liderazgos comunitarios para formar un sólido consenso respecto del respeto de nuestra institucionalidad y los valores democráticos.    

Los gestos políticos importan. La ciudadanía no es ajena a estas realidades que deben resultar evidentes para nuestras élites y lentamente irá entendiendo la gravedad de esta situación y lo que esta incertidumbre puede implicar para el país. Es por ello que de manera preventiva y decisiva todos debemos plantarnos en reconocer la importancia de la democracia que hemos construido y las instituciones que la defienden para evitar que las circunstancias globales faciliten su descarrilamiento.

Eliminando el "oficial responsable"

En Estados Unidos, Europa y Latinoamérica se están dando los primeros destellos de una nueva ola de flexibilización normativa con el propósito de promover competitividad a la que la República Dominicana no puede darse el lujo de quedar en las gradas. Si bien hay mucha tela por donde cortar en el complejo engranaje regulatorio de la República Dominicana, para esta propuesta me voy a enfocar en una figura relativamente nueva que se ha venido contagiando en las distintas ramas del Derecho empresarial que entiendo debe ser cortada de raíz, esta es la del “oficial responsable”.

La figura del “oficial responsable” entra en el vocablo corporativo dominicano con la implementación de la Ley FATCA de los Estados Unidos de América en el 2014. El “oficial responsable” es una persona física que asume una responsabilidad personal por el cumplimiento de una entidad con una normativa. En el caso de FATCA, esta persona es responsable de asegurarse que la entidad financiera cumpla con dicha normativa, si la entidad falla este puede estar sujetos a sanciones personales que incluyen multas y prisión.

A primera vista, y hasta ahora así lo han visto la mayoría de los reguladores, la figura luce formidable puesto que a base de intimidar a una persona concreta y específica dentro de la entidad con sanciones gravísimas, imaginan que pueden lograr el cumplimiento normativo de sus regulados por vía de la presión interna que ese “oficial responsable” pueda ejercer sobre la directiva y alta gerencia de la entidad. 

Tan popular se ha vuelto la figura, que del “oficial responsable” de FATCA, ya vamos por los oficiales responsables de prevención de lavado, tributario, ciberseguridad, protección de datos personales, protección al consumidor, responsabilidad social y una lista que sigue creciendo al parecer subjetivo de los burócratas; sin sopesar por un momento que la misma es sumamente dañina para los regulados y no logran el propósito que buscan.  

De arrancada, la exigencia de oficiales responsables para alguno o todos los actores económicos es una enorme barrera de entrada que atenta contra el derecho de los consumidores a un mercado en libre competencia. El “oficial responsable” no sólo demanda un alto precio por la responsabilidad que asume, sino que de partida exige la imposición de controles y procesos que tenderán ser excesivos para la naturaleza del riesgo que se busca cubrir, por la única razón de que está exponiendo su responsabilidad personal. Ese costo puede ser prohibitivo para empresas pequeñas y medianas. 

Y así como a una organización pequeña o mediana el “oficial responsable” le tenderá a quedar muy grande, en las organizaciones grandes este tenderá a ser demasiado pequeño. No es humanamente posible para una persona llevar el control de todos los procesos y operaciones de una gran organización, ni ninguna persona individual, que no sea el Presidente Ejecutivo, va de manera creíble a modificar o influenciar de forma material las decisiones de negocios u operativas de ese tipo de organizaciones. 

FATCA tuvo mucho cuidado en delimitar el tipo de organización al que alcanzaba y definir claramente la responsabilidad del “oficial responsable” que creó, pero las siguientes versiones de la figura no han tenido ese cuidado, lo que les hace esencialmente roles infuncionales. Esta es una figura que debería desaparecer con la misma urgencia que se propagó.