La muerte del Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ha movido múltiples reflexiones en nuestra sociedad. Más allá de mi profundo respeto por el Sr. Jorge Mera como jurista y político, las circunstancias de su muerte, en la forma hasta ahora descrita por el Ministerio Público, me mueve a una alta preocupación por la seguridad del servicio civil en la República Dominicana.

Conforme a los hallazgos reportados por el Ministerio Público nuestro Ministro de Medio Ambiente fue asesinado por decisiones ordinarias tomadas en el curso de su trabajo. Miles de decisiones de similar naturaleza son tomadas por Ministros, funcionarios y servidores de nuestro servicio civil todos los días, con la misma propensidad de generar un descontento o malestar que provoque una reacción como la descrita por la fiscalía como la motivante del asesinato de Orlando Jorge Mera.

El servicio civil en la República Dominicana no sólo debe vivir con la poca, o inexistente, seguridad laboral que teóricamente ofrece la Ley de Función Pública, sino que adicionalmente está sujeta a normas absurdas que dificultan su capacidad de hacer de forma diligente su trabajo, sus datos personales y sus ingresos por ejercer sus funciones están expuestos y disponibles para consulta para todo el mundo, cargan personalmente con la responsabilidad de decisiones institucionales, etc. sin una protección adecuada de su trabajo o seguridad personal.

Los partidos políticos en nuestro país deben movilizarse para crear un consenso alrededor de mejorar las condiciones laborales y de seguridad física y económica de nuestros servidores civiles. Esto implica una reforma a la Ley de Función Pública que extienda y refuerce la seguridad laboral a una mayor cantidad de servidores civiles, eliminar el acceso al público a datos de carácter personal de dichos trabajadores y establecer un protocolo adecuado de comunicación institucional que no les exponga a ataques personales por decisiones profesionales tomadas en el curso de su trabajo.

La importancia de que sean los partidos políticos quienes establezcan ese consenso es porque estos son los primeros que degradan el rol del servicio civil al rifarlo como botín político en los cambios de gestiones y son los llamados al darle el carácter que este merece. El servicio civil es el principal pilar sobre el cual está parado el Estado dominicano y de su fortaleza depende el éxito de cualquier gestión gubernamental indistintamente de quien la encabece, y esto es algo que primero debe ser reconocido por los partidos.

Una vez definido lo anterior, se deben tomar las medidas para darle seguridad laboral a la mayor cantidad posible de los miembros del servicio civil al incluir más puestos como parte de la carrera administrativa y establecer mecanismos más efectivos para los traslados dentro del mismo tren administrativo. Adicionalmente se deben sustituir las disposiciones de la Ley de Libre Acceso de la Información Pública que directamente atentan contra la protección de los datos personales y la intimidad del personal en el servicio civil, limitando el acceso únicamente a las escalas salariales definidas por las entidades públicas y no a los salarios individuales de todo el personal. Así mismo, se debe establecer un protocolo de comunicación del Estado que descontinúe el uso de firmas personales en sus comunicaciones y empleen firmas institucionales, manteniendo un control interno y razonablemente vedado de quien trabajó cada caso.

La muerte de Orlando Jorge Mera es una tragedia para todo el país tanto por quien fue como jurista y político, pero muy especialmente por quien fue como humano. Esta pérdida debe servirnos de lección para no solo aprender a proteger a nuestros líderes políticos, sino a todo el servicio civil que diligentemente y día tras día nos sirve.