Asignar un valor económico a la vida humana, con sobradas razones, pudiera parecer un ejercicio de cinismo inapropiado. Lamentablemente hacer justo eso, sea de forma directa o indirecta, es parte del día a día en el Estado, desde el juez que debe deliberar sobre el monto que debe pagar un demandado para resarcir un daño hasta el funcionario que debe definir la normativa aplicable al tránsito terrestre, estos van a estar asignando un valor económico a la vida humana. Mi propuesta en esta ocasión es que el Estado asigne ese valor desde un análisis científico riguroso, y lo haga de forma pública, para mejor edificar sus decisiones.

Para este artículo me estaré enfocando en el Valor de una Vida Estadística aplicada al Derecho Público y en la toma de decisiones administrativas, mientras que a las decisiones judiciales les dedicaré mi próximo artículo.

El Valor de la Vida Estadística (VVE) es una medida económica utilizada en el análisis de políticas públicas y de regulaciones, y representa el valor monetario asignado a la reducción del riesgo de muerte o lesiones graves en una población determinada. En muchos países esta se utiliza como una herramienta esencial para tomar decisiones más informadas y eficientes en la asignación de recursos y en el diseño de políticas regulatorias.

Esta puede servir para definir la priorización de construcción de obras de infraestructura para favorecer las que brinden mayores beneficios en vidas salvadas y accidentes evitados. También son útiles para medir las regulaciones laborales que tengan mayor impacto en promover una mayor seguridad laboral al costo más razonable para las empresas. Esta es particularmente efectiva en la toma de decisiones en el sector salud y en el medio ambiente, educando decisiones que puedan de forma más efectiva salvar vidas o extender la calidad de vida de manera general e incluso en situaciones extremas como las que vivimos durante la pandemia.

Hay dos métodos principales para calcular el VVE: el enfoque de los años de vida ajustados por calidad (AVAC) y el enfoque del salario implícito. Este último se basa en estimar cuánto están dispuestas a pagar las personas por una reducción en el riesgo de muerte o lesiones, y es el método más utilizado. En Estados Unidos, aunque el monto varía por agencia, el VVE para el año 2021 estaba definido en unos USD$11.8 millones por una vida estadística.

Si fuéramos a hacer una inferencia por el PIB per cápita nuestro frente al de Estados Unidos, ese número ascendería a aproximadamente USD$1.3 millones por vida estadística en la República Dominicana. Naturalmente, este número debe ser ajustado tomando en consideración aspectos culturales, sociales y económicos propios de nuestro país por lo que el Estado debe tratar de definirlo para mejor guiar sus decisiones regulatorias en los distintos sectores económicos y hacerlo público para contribuir con la predictibilidad de sus decisiones.

Por supuesto, estas metodologías tienen sus críticos y no son perfectas, pero sí sirven como un buen punto de partida para implementar esta herramienta y mejor educar las decisiones normativas del Estado.