Jet Set y Kenneth Feinberg

Hace dos años escribí sobre “¿Cuánto vale una vida?” y su aplicación tanto desde la perspectiva del Estado administrativo como desde el Poder Judicial. En aquel entonces nunca imaginé una tragedia de la magnitud a la ocurrida en el Jet Set, y ahora que el caso empieza su etapa judicial vuelve a asaltarme la pregunta de ¿Cuánto vale una vida?. Es probable que los ojos del público se enfoquen en el aspecto penal que deberá presentar y defender el Ministerio Público, pero es en el aspecto de la responsabilidad civil donde el caso del Jet Set pudiera resultar jurídicamente trascendental en múltiples aspectos pero muy centralmente en la determinación del valor de una vida.

Nunca en mis 20 años escribiendo públicamente me he atrevido a nombrar con nombre y apellido una sugerencia, pero entendiendo la complejidad jurídica y económica del caso Jet Set y las limitaciones del Derecho de la responsabilidad civil en la República Dominicana hasta el día de hoy, pongo delante del Estado dominicano, el MInisterio Público y a los familiares del Jet Set el nombre de Kenneth Feinberg.

Abogado estadounidense especializado en mediación y solución alternativa de conflictos, Kenneth Feinberg es mejor conocido en todo el mundo por su rol en la administración de los fondos de compensación de las víctimas del 11 de septiembre de 2011, de la masacre de Virginia Tech del 16 de abril de 2007, del desastre por el derrame de petróleo de Deepwater Horizon de abril de 2010, de la masacre de Aurora, Colorado de Julio de 2012, su asesoría en el pago de las compensaciones por la masacre de Sandy Hook de diciembre de 2012, entre múltiples otros casos donde las preguntas legales y económicas respecto a la compensación de víctimas se asemejan a las que tenemos en Jet Set. 

Por supuesto, Ken Feinberg no estaría para asesorar al Estado, el Ministerio Público o a los familiares de las víctimas sobre las leyes dominicanas, para ello tenemos muchos abogados dominicanos más que capaces de hacerlo. Lo que sí traería el Sr. Feinberg u otro abogado externo de similar competencia es una respuesta jurídicamente sostenible a la pregunta ¿Cuánto vale una vida?, cómo mediar el proceso de resarcimiento por las víctimas, la asignación de responsabilidades administrativas en la ejecución de los pagos y, muy especialmente, cómo dar la cara frente a los familiares una vez llegue el momento de compensar los daños. 

No tengo el honor de conocer al Sr. Feinberg y de él solo he tenido la dicha de ver videos de sus exposiciones y charlas públicas, así como de haber leído uno de sus libros, lo que me es suficiente para entender que la asistencia de alguien como él, o de similar experiencia, es determinante.

El caso del Jet Set no es un caso como cualquier otro que haya conocido la justicia dominicana en el pasado, tanto en lo penal pero muy especialmente en lo civil, y sería un error por parte de los abogados del tribunal, del Ministerio Público, de los actores civiles y de la defensa darle un tratamiento ordinario. Estamos ante un caso que podría marcar un antes y un después de la justicia dominicana para las situaciones que involucren múltiples víctimas, y los recursos que se empleen en su conocimiento, que deberían incluir asesorías como las de especialistas como Ken Feinberg, el análisis de ingenieros estructuralistas, el estudio de economistas forenses, entre muchos otros recursos necesarios para definir adecuadamente ¿Cuánto valen las vidas que perdimos en el Jet Set? Deben reflejar la gravedad de esa pregunta. 

Naturalización

La República Dominicana es un país que hoy en día se está empezando a dar el permiso de pensar en grande. Con casi 3 décadas continuas de estabilidad política y social, así como un crecimiento económico sostenido, ciertamente tenemos bases sobre las cuales actuar en nuestras aspiraciones. Para alcanzar esa meta, en cambio, necesitamos todas las manos que podamos encontrar y para lograr eso necesitamos reformar el proceso de naturalización que deben agotar los inmigrantes en nuestro país. 

El proceso de naturalización que hoy en día deben agotar los extranjeros en nuestro país es una pesadilla burocrática que no parece servir ningún propósito específico más que obligar al solicitante a gastar dinero en papeles durante, mínimo, 7 años de su vida. Cualquier consideración de seguridad nacional, lo que habitualmente justifica los procesos engorrosos de naturalización en países con legítimas preocupaciones de seguridad nacional, en nuestro régimen de naturalización parece ser secundario a la fábrica de hacer y exigir papeles. 

Dicho lo anterior, reconozco que vivimos en una situación política complicada dado lo que viene ocurriendo en Haití y la reacción local a la migración haitiana, por lo que cualquier intento de reforma al proceso de naturalización en estos momentos sería visto bajo ese lente haciendo del tema algo demasiado políticamente tóxico para siquiera ser abordado. 

Dada las circunstancias, la ley actual deja brechas que permiten establecer procesos más diligentes y acelerados para obtener residencia permanente y la eventual ciudadanía dominicana para personas en situación de refugiados o asilo. Está en la facultad del Poder Ejecutivo ofrecer una alternativa acelerada hacia la naturalización para ciudadanos de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y El Salvador, que por las circunstancias actuales de su país requieren protección. 

Adicionalmente, nada impide al Poder Ejecutivo utilizar la brecha del numeral 8 del artículo 35 de la ley de Migración para admitir como residentes temporales y encaminados a un proceso expedito de naturalización a ciudadanos de países con los que tenemos vínculos de cercanía, lo que pudiere extenderse a toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá. 

Estas medidas tenderían a generar menores fricciones políticas y hasta generar mayor aceptación social de los inmigrantes en la medida que van siendo implementadas. Esto nos daría espacio para ir recibiendo cerebros y mano de obra cualificada en cantidades significativas, lo suficiente como para impactar de forma positiva a nuestra economía. 

La República Dominicana no solo puede, sino que debe pensar en grande. El sueño de llegar a tener un país con niveles de desarrollo comparable a los que se viven en algunos países en Europa y Asia está a una distancia razonable, por primera vez en la historia de nuestra nación, pero necesitamos muchas más manos para completar el trabajo, y de la mano de todas esas personas que hoy viven y aman nuestro país luego de estar en él por años dada las circunstancias de sus vidas podemos alcanzarlo.  

Las pequeñas cosas

Las instituciones de todo tipo, públicas y privadas, son entes cargados de montones de políticas y procesos internos que definen la forma y el objetivo con el cual operan. El cumplimiento estricto de esas políticas y procedimientos es la sangre institucional que les mantiene con vida, y el seguimiento de las mismas permea a todos los seres humanos que forman parte de ese núcleo institucional. Lamentablemente, muchas veces el cumplimiento quasi-dogmático de esos procesos hace que las instituciones pierdan de vista las pequeñas cosas, aquellas que no parecen ser relevantes pero que hacen toda la diferencia en la interacción que esas entidades tienen con sus clientes o personas con interés, y que les terminan definiendo frente al público.

Siempre me gusta contar la historia de cuando la Junta Central Electoral (JCE) me exigió aportar el acta de nacimiento mía y de mi esposa antes de poder casarnos. Por supuesto, la Junta Central Electoral tiene en sus sistemas todos los datos que contiene mi acta de nacimiento puesto que ellos mismos expiden la susodicha acta, pero eso no impidió que igual tuviera que solicitarle a la JCE mi acta de nacimiento para luego entregar esa acta a la JCE. Es una cosa pequeña, pero definitivamente definió mi parecer sobre la entidad.

Al igual que esta, el dominicano vive rodeado de pequeñas cosas que hacen el existir en nuestro país un ejercicio algo frustrante. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) pide a los ciudadanos que les aporten certificaciones del Impuesto de la Propiedad Inmobiliaria (IPI) para agotar procesos con ellos, no importa que la información esté en sus sistemas ya que, después de todo, la DGII es quien emite las certificaciones del IPI, la DGII necesita que el ciudadano le solicite a la DGII obtener una certificación para luego depositarla en la DGII. 

Una pequeña cosa similar encontramos en la Jurisdicción Inmobiliaria (JI) y los Registros de Títulos que exigen a los ciudadanos una certificación actualizada de las cargas y gravámenes sobre los propiedades inmobiliarias sujetas a trámites con ellos. Por supuesto, la Jurisdicción Inmobiliaria es quien expide la certificación de cargas y gravámenes, y absolutamente necesita que el ciudadano le solicite al JI una certificación para que luego la deposite ante la JI.

La burocracia de la República Dominicana hace su vida en esas pequeñas cosas, y la Procuraduría General de la República te puede pedir una carta de no antecedentes penales para agotar procedimientos con ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores una apostilla, el Ministerio de Educación la certificación de un título, y un largo etcétera de pequeñas cosas que se suman hasta construir un cuadro general bastante irritante. 

Debemos aspirar a un país donde el Estado no le pida documentos al ciudadano que el mismo Estado genera con informaciones que el Estado ya conoce. Sé que ese es el norte, y que tenemos personas trabajando con ello. Pero mientras esperamos por llegar hasta allí podemos empezar por las pequeñas cosas, aquellas que se pueden arreglar con una firma en un despacho y que pueden cambiar radicalmente la experiencia del ciudadano en sus interacciones con el Estado. Atendiendo esas pequeñas cosas todos, incluyendo muy especialmente al mismo Estado, estaremos en las puertas de enormes beneficios.