La fiebre del oro

Al momento de escribir este artículo la onza de oro ha roto con creces la barrera psicológica de los $4000 dólares por onza. Aunque en cualquier escenario ordinario esto fuera motivo de celebración para un país exportador del metal precioso como el nuestro, la realidad es que estos no son tiempos ordinarios y este incremento del valor del oro puede ser una señal de serios problemas para los cuales tendremos que preparar a nuestra economía.

El precio del oro se ha incrementado en más de un 50% en el último año, otros metales preciosos como la plata y el platino han visto sus precios incrementarse de forma aún más acelerada. Estos cambios tan drásticos de precio suelen ser señal de una estampida hacia esos metales como una inversión de resguardo para inversionistas e instituciones cuando no perciben seguridad en los mercados de bonos o acciones.

En efecto, dentro de las instituciones más influyentes en esta variación de precio han sido los bancos centrales de todo el mundo. Desde el fin del acuerdo de Bretton Woods y la descontinuación del patrón oro en 1971 los bancos centrales fueron reduciendo drásticamente sus reservas de oro como porcentaje del total de sus reservas internacionales, y fueron orientándose hacia mantener divisas y títulos de deuda de otros países, especialmente la moneda y la deuda soberana de los Estados Unidos. Desde 1996 el porcentaje de divisas y deuda del Tesoro de los Estados Unidos era una proporción mayor de las reservas internacionales de todos los bancos centrales del mundo que el oro, hasta el mes de septiembre de este año donde eso cambió. 

Este cambio inició durante la pandemia, pero se aceleró a partir de 2025. En nuestro país el Banco Central de la República Dominicana ha aumentado sus reservas de oro en cerca de un 35% desde diciembre de 2024 a agosto de este año lo que parece ser una acción motivada por el comportamiento de los otros bancos centrales.

El aumento del precio del oro es un mensaje. Claramente los bancos centrales y los inversionistas institucionales están teniendo dudas sobre la proporción de sus portafolios representados en los mercados de rentas variables y las deudas soberanas de países desarrollados, y esa desconfianza debe ser un motivo serio de preocupación, porque reflejan el temor de que algo bastante grave estaría ocurriendo en el corto o mediano plazo tanto en los mercados financieros como en el intercambio comercial global.   

Ese mensaje debe ser un llamado a la prudencia económica y fiscal en nuestro país, y a replantearnos nuestra estrategia comercial para el mediano plazo apostando a una mayor diversificación para evitar concentrar los riesgos a nuestra economía. 

El oro, eventualmente, va a bajar de precio ya que es muy poco probable que este se mantenga a estos niveles por demasiado tiempo, históricamente este siempre ha sido el caso. Qué le lleve a subir más o a eventualmente bajar es lo que debe preocuparnos y no deberíamos cruzarnos de brazo. 

SeNaSa y la responsabilidad del auditor

A partir de la situación que se ha venido suscitando en la ARS estatal SeNaSa, el Presidente Abinader anunció que se estarán estableciendo los controles necesarios en la entidad para evitar actos de corrupción conforme los resultados de la investigación que realice el Ministerio Público. Debe llamar la atención que SeNaSa opera dentro de un sector regulado, e indistintamente de los puntos más finos que pudiera revelar la investigación del Ministerio Público, es posible que aparezcan fallos en uno de los controles más importantes de la entidad como lo es el de la auditoría externa. 

Mientras nuestro país estaba muy ocupado tratando de resolver la gravísima crisis de Baninter en los años 2002 y 2003, Estados Unidos estaba terminando de atender la crisis que resultó del escándalo de Enron al poner en vigencia la ley Sarbanes-Oxley. Dada que la prioridad normativa era definir un nuevo marco legal de la regulación bancaria en República Dominicana, que resultó en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, la Ley Sarbanes-Oxley no tuvo la oportunidad de influenciar y permear sobre nuestras leyes en ese momento.

Con el pasar del tiempo la regulación sobre las auditorías externas ha sido ligera, salvo la importante excepción del Reglamento de Auditorías Externas emitido por la Junta Monetaria que rige a las auditorías externas de las entidades de intermediación financiera y que está fuertemente influenciado por Sarbanes-Oxley, los demás sectores económicos, incluyendo el Sistema Dominicano de Seguridad Social, no han recibido mucha atención normativa.

El caso SeNaSa pudiera ser el momento Enron que la regulación de las auditorías externas estaba necesitando. El sector bancario tiene su normativa, el mercado de valores está en proceso de aprobar la suya, probablemente el CNSS se apurará a someter su propio proyecto, pero debemos estar claros que las normativas sectoriales no van a ser suficientes si estas no son respaldadas por una ley sobre las auditorías externas en sectores regulados, empresas estatales y entidades económicamente importantes, que establezcan un supervisor directo, definan la responsabilidad de los auditores externos, su mecanismo de selección y rotación, entre otros aspectos importantes.

Debe notarse que SeNaSa nunca llegó a publicar sus estados auditados correspondientes al año 2024, y es perfectamente posible que esto resultara de una inconformidad material levantada por sus auditores externos, pero esto no ha sido comunicado al público. Por lo que, aún en el caso de que el punto se haya levantado, la no comunicación de ello, lo que sin dudas constituiría un hecho relevante, es parte de lo que debe estar sujeto a mejoras normativas. 

La economía dominicana viene en franco proceso de madurez, por lo que la promoción de la transparencia en nuestros negocios se va haciendo cada vez más esencial para sostener nuestra capacidad de seguir creciendo y mejorando. Quizás esta lamentable situación sirva para impulsar los cambios que necesitamos y empecemos a construir nuestra cultura de negocios y la gestión de los mismos por un mejor camino.   

El mito nacionalista.

En los últimos años el Estado dominicano se ha volcado a complacer todos los pedidos de los nacionalistas de nuestro país. Desde hace dos años la entrega de visas en los consulados dominicanos en Haití están suspendidas, se construyó un muro fronterizo que ahora mismo excede los 150 kilómetros de longitud, y se ha venido ejecutando el plan más ambicioso de deportaciones masivas que nuestro país ha visto desde la vuelta de nuestra democracia. Después de ya varios años, y miles de millones de pesos lanzados al aire para complacer a los nacionalistas, entiendo que es apropiado empezar a evaluar los resultados. 

Lamentablemente las declaraciones públicas sobre las cifras envueltas en este tema no son consistentes, lo que complica la evaluación y obliga a hacer estimados hacia la baja respecto de las muchas declaraciones sobre este tema. Dicho lo anterior, la República Dominicana está en proceso de concluir la construcción de un muro de 176 kilómetros a un costo preliminar de unos DOP 2.5 mil millones, y se han deportado no menos de 350,000 personas desde el inicio de la campaña en octubre de 2024. 

La cifra de 350,000 personas deportadas, a pesar de ser un estimado muy conservador de lo anunciado públicamente por la Dirección General de Migraciones, es una cantidad masiva de personas. Ese estimado conservador representa el 3.25% de toda la población en el territorio dominicano de acuerdo al último censo. Un movimiento de personas de esa magnitud no debería pasar desapercibida, y todas las metas soñadas por el nacionalismo dominicano deben, cuanto menos, estar cerca de ser alcanzadas tanto en lo que se buscaba ejecutar como el resultado que debíamos esperar. 

Los nacionalistas alegan que los inmigrantes haitianos contribuyen a la delincuencia en nuestro país, y aunque los números dados públicamente por la Policía Nacional suelen ser inconsistentes, la deportación del 350,000 personas parece no haber afectado en mucho la tasa de homicidios, de hecho los 887 homicidios reportados entre enero y agosto de 2025, superan a los 834 reportados en el mismo período de 2024.

Por otro lado, los nacionalistas afirman que los inmigrantes haitianos deprimen los salarios de los trabajadores dominicanos. Luego de expulsar 350,000 personas, el salario promedio cotizable pasó de DOP 35,698.10 en agosto de 2024 a DOP 37,572.82 en junio de 2025. Ese crecimiento nominal de 5.25% se desvanece significativamente una vez se toma en cuenta la inflación acumulada de 3.71%, no habiendo un impacto sustancial en el salario no obstante haberse expulsado una cantidad significativa de la fuerza laboral. 

Adicionalmente los nacionalistas afirman que los haitianos representan una carga importante sobre la salud y la educación dominicana, sin embargo, después de expulsar un 3.25% de toda la población que habitaba en nuestro territorio la ejecución del presupuesto de salud aumentó de DOP 82.5 mil millones en agosto de 2024 a DOP 89.6 mil millones en agosto de 2025, y el de educación también creció de DOP 177.5 mil millones a DOP 187.5 mil millones.

El Estado dominicano ha invertido miles de millones de pesos en complacer a los nacionalistas, y luego de hacerlo con creces, la delincuencia sigue igual, los salarios siguen deprimidos, el gasto en educación y salud sigue invariable, y no me atrevo a vincular la deportación del 3.25% de la población al enfriamiento de nuestra economía porque eso implicaría otro artículo, pero al final ninguna de las bondades que estos prometían de su línea dura contra los haitianos se han materializado. A estas alturas es más que obvio preguntarnos ¿Cuál es el objetivo?, ¿Esto era para el bien del país? O el propósito siempre fue ser crueles para ser crueles.