El muro informativo

En artículos anteriores he mencionado el peligro de las redes sociales como megáfono de desinformación, calumnias y declaraciones difamatorias, y lamentablemente esa es la realidad con la que tenemos que vivir. En esta ocasión, en cambio, debo llamar la atención sobre la otra cara del mismo problema, que es el modelo de negocio que mantienen los medios creíbles y las revistas académicas que al exigir a los consumidores el pago para el acceso a su contenido le ceden la ventaja competitiva en el espacio de la opinión pública a la desinformación y a las noticias falsas.  

El ecosistema de desinformación y noticias falsas genera contenido gratuito, en páginas chatarra, utiliza bots para amplificar ese contenido y manipular los algoritmos para llegar a mayor cantidad de personas y muchas veces se asiste de Inteligencia Artificial para falsear interacciones o generar contenido con mayor facilidad. La efectividad de la desinformación está en la facilidad con que se genera y el alcance que obtiene, siendo su objetivo esencial el alcanzar las pantallas de la mayor cantidad de personas. 

Por su lado, el periodismo profesional y la academia están mucho más limitados en su capacidad de generación de contenido por estar constreñidos a la realidad y a hacer un análisis más meticuloso de esta, atrapados en una forma más tradicional de hacer las cosas. El contenido se publica en páginas o medios oficiales, tiene escasa divulgación en redes sociales, emplea un lenguaje altamente técnico desconectado del lector ordinario, y peor aún, cobran el acceso a dicho contenido. 

Y se debe reconocer que esto tiene su raíz en un poco de arrogancia de parte de periodistas y la academia. Estos escriben para quienes entienden son sus pares y para satisfacer sus propios egos, y a ese ambiente donde se tiene una efectiva moderación sobre “la verdad” solo se puede acceder si se tiene el dinero suficiente para pagarla. Y soy el primero en reconocer que ese trabajo y dedicación sí merece ser generosamente pagado, pero la monetización de ese trabajo no debería venir a expensas del acceso para el público general.

Las consecuencias de esta dinámica ya son visibles. La confianza en la ciencia llegó a su punto histórico más bajo después de la pandemia, y aunque en el último año esa tendencia ha mostrado señas de estarse revirtiendo, esa confianza aún dista mucho de los niveles pre-pandémicos, por igual, hoy muchos charlatanes con podcasts o cuentas en redes sociales tienen mayor poder de difusión de noticias y mensajes que medios como el New York Times, el Washington Post, Reuters o Bloomberg, y por ende, mucha mayor influencia en el sentir general. 

¿Qué efectos prácticos tiene esto? La inversión en estudios académicos y la investigación científica ha sido recortada significativamente a nivel global en los últimos meses, varios países desarrollados están enfrentando brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión, las acciones para mitigar los efectos del cambio climático están siendo pausadas o eliminadas, todos los países están desarrollando su propia epidemia local de teorías conspiranoicas que moldean la percepción de su ciudadanía e influencian el discurso político, y un largo etcétera de síntomas que revelan la disfunción de nuestras sociedades por nuestro quiebre con la realidad.

El periodismo profesional y la academia deben asumir su parte de la responsabilidad por esta situación y deben aceptar que las cosas ya no toleran el “business as usual” o hacer las cosas porque siempre se han hecho así, y esto debe empezar por aumentar agresivamente el acceso y entendimiento del público de su contenido. 

Una Política Industrial

La República Dominicana necesita una nueva política industrial para enfrentar los retos de estos nuevos tiempos. Lo poco que podemos llamar como “política industrial” en nuestro país es el régimen de zonas francas creado en 1990 y la Ley de Competitividad e Innovación Industrial del 2007, desde entonces mucho ha cambiado y es tiempo que nuestra política industrial refleje esa realidad. 

Históricamente, el enfoque de nuestra política industrial ha sido en la promoción de inversiones a través de exenciones fiscales, lo que ha tenido un resultado mixto especialmente cuando de la industria nacional se trata. Y si bien, mejorar y aclarar el tratamiento fiscal de la inversión industrial debe ser una parte importante de la política, esta no puede ser todo. Sí, debemos tener un mecanismo fiscal donde la inversión del sector privado en investigación, desarrollo y capacitación de personal pueda ser deducida generosamente del Impuesto Sobre la Renta, pero esto dista de ser lo único a lo que debemos apuntar. 

Podemos apoyarnos en las figuras de zonas francas, parques y distritos industriales para crear un ecosistema legal, tributario y financiero que estimule la inversión local e internacional para crear manufactura en la República Dominicana. Esto incluye acceso rápido y flexible a capital a través de vehículos legales y financieros más amigables al capital de riesgo, con un sistema expedito de solución de conflictos para crear un espacio amigable para la creación de start-ups  y facilitar su acceso a emprendedores internacionales que encuentran barreras de entrada particularmente difíciles de superar en sus países.

Adicionalmente el Estado dominicano puede usar el músculo del Presupuesto Nacional para estimular el desarrollo industrial local agregando premiums a los procesos de compras de bienes si una parte de la construcción y ensamblaje de estos se realiza en la República Dominicana. Esto no debe suponer una exclusión de productos importados de dichos procesos, ni un trato materialmente desigual (especialmente de nuestros socios con tratados comerciales) de estos respecto de lo local, pero sí agregar un estímulo para que una parte de la producción de bienes terminados que compra el Estado se haga en nuestro país.

El Estado puede poner especial atención a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el desarrollo de esa política industrial, que con un presupuesto combinado de casi 2% del PIB pueden, en procura de atender sus propias necesidades, usar su demanda para estimular la creación de una oferta local. La reciente creación de la empresa pública Industria Militar Dominicana, S.A. parece ser una indicación que los ojos del Estado ya están en ese rubro, pero esta empresa por si sola no podrá atender todas las necesidades de ambas instituciones en todos los rubros que son requeridos, incluyendo aquellos que les han sido asignados. Es posible crear toda una base industrial local enfocada en la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sí el Estado muestra un compromiso de adquirir lo que esta desarrolle. 

No es común en el debate político, social o económico de nuestro país el darle mucha atención a nuestra política industrial, y esto es algo que debemos empezar a cambiar. Nuestra economía avanza y seguirá avanzando de la mano con mejoras progresivas y no de cambios revolucionarios, exceptuando en aquellas cosas particularmente desatendidas como un plan de nación para nuestra industria local. Donde podamos explorar grandes oportunidades, debemos darnos la posibilidad de hacerlo.     

Transparencia en la gasolina

El tema de los precios de la gasolina es recurrente en nuestro país debido a su carga social y política. En esta ocasión ha vuelto porque luego de 3 años de haber congelado los precios atendiendo a la escalada alcista de los años 2021 y 2022, el Gobierno se vio en la necesidad de subir el precio de algunos de los combustibles. Este tema nunca debió tener la carga política que tiene si se hubiera abordado desde un principio con transparencia y claridad, pero ya que optamos no hacerlo antes pues el mejor momento de traer esa transparencia es ahora, para beneficio de todos y para despolitizar un problema que nos sobrepasa. 

Quizás una de las campañas informativas más efectivas y formidables en la historia moderna del Estado dominicano fue el “si baja, baja y si sube, sube”, la cual todavía resuena décadas después. Su efectividad es tal que esa campaña es al día de hoy el mantra de la discusión del precio del petróleo, de hecho, la queja por la actual subida de precio en algunos de los combustibles se debe precisamente a que se da en el contexto de una bajada notoria del precio internacional del petróleo por las expectativas de una desaceleración de la economía global, es a simple vista una violación a la promesa de “si baja, baja y si sube, sube”. 

El problema es que esa campaña cometió el error de atar los combustibles a los precios del petróleo. El ciudadano no le echa a su vehículo ni paga por una porción de un barril de petróleo, este compra gasolina y esa diferencia esencial nunca ha sido explicada. 

La Refinería Dominicana de Petróleo compra petróleo y tiene una capacidad de refinamiento de unos 34,000 barriles de petróleo al día, lo suficiente para atender un poco más del 15% de la demanda diaria de combustible del país, el restante 85% del combustible que consumimos se importa, y es ese costo de importar combustibles el que va a definir el precio final que paga un ciudadano en la bomba, no el precio internacional del petróleo en x o y día. 

Mientras los dominicanos estamos pendientes de los vaivenes del precio del petróleo, porque así fuimos condicionados, ni nos enteramos que la gasolina con entrega en el puerto de Nueva York luego de alcanzar su punto más bajo de USD$1.89 el galón en septiembre de 2024, este llegó hasta USD$2.32 el 15 de junio pasado. Este precio sin dudas impactó el precio de la gasolina que importamos y explica la razón del reciente ajuste. 

Transparencia significa comunicar periódicamente el precio del combustible importado y entregado en los puertos de la República Dominicana. Pero también significa comunicar el costo del subsidio al Estado, como este se aplica sea mediante una renuncia a una porción del impuesto que el Estado cobra en los combustibles o si se realiza como un pago directo, e igual de importante indicar si existe la intención del Estado de recuperar ese dinero.

Hace mucho la República Dominicana decidió manejar el precio de los combustibles mediante un control de precios, decisión que no pretendo juzgar a estas alturas. Pero ya que aquí estamos, lo mejor que puede hacer el Estado es ser obsesivamente transparente sobre como venimos fijando los precios y cual es el objetivo de esa política. No existe un dominicano que no esté muy consciente de que en República Dominicana no se produce petróleo (Juan Luis Guerra inmortalizó ese conocimiento colectivo) y que el precio por el cual lo compramos no depende del Palacio Nacional. Hagamos honor al pacto colectivo que suscribimos con el “si bajan, bajan y si suben, suben”, definiendo con transparencia que es lo que debe bajar y subir.