Hacer algo con las EDEs

En su artículo de opinión más reciente titulado “Qué hacer con las EDE” el economista Andy Dauhajre propone liberar al Estado dominicano (específicamente al Presidente de la República) de las decisiones necesarias para dar estabilidad financiera a las EDEs traspasando sus acciones a los afiliados de nuestro sistema de pensiones con cuentas de capitalización individual. En el pasado he insistido hasta el cansancio con desnacionalizar las EDEs, el costo del subsidio eléctrico tiene virtualmente paralizado al Estado en su capacidad de invertir en grandes obras de infraestructura, por ello hoy tomo lo sugerido por el Sr. Dauhajre y me tomo el atrevimiento de expandir un poco sobre la idea. 

Para preparar el escenario para la oferta pública de acciones que le permita a los fondos de pensiones comprar las EDEs, será necesario dividir el capital de las empresas en al menos dos tipos de acciones, una para los inversionistas controladores, quienes a cambio de una inyección sustancial de capital tendrían el control de la administración de las empresas y la protección de dilución de su participación en el capital por cualquier capitalización adicional realizada en el mercado de valores, para ese tipo de capitalización existiría el segundo tipo de acciones las cuales estarían en manos de los afiliados del sistema de pensiones a través de los fondos de pensiones. 

Si bien, el Estado deberá fortalecer el rol de supervisión de la Superintendencia de Electricidad sobre las empresas distribuidora en este escenario, es perfectamente posible mantener al Estado como accionista especial con derecho a designar una cantidad limitad de los consejeros en las EDEs, entendiendo que la decisión de traspasar la titularidad, aún si es a millones de accionistas, es políticamente arriesgada y que este quizás no pueda justificar desprenderse de la administración de manera absoluta.

Por tratarse de una oferta pública de acciones, el número de accionistas dentro de las EDEs no se va a limitar a los afiliados al sistema de pensiones, sino que van a incluir otros accionistas privados que incluirían a empresas del sector financiero y grandes ahorristas e inversionistas. 

La ventaja de hacer la colocación a través de una oferta pública de acciones es que le abriría a las EDEs una alternativa adicional para capitalizarse que no se limitaría al deseo de sus accionistas controladores, el Estado, la emisión de bonos o el financiamiento a través del sector bancario. Y seamos claros, en el corto y mediano plazo las EDEs van a necesitar cada alternativa de capitalización que se les presente porque desenmarañar el problema financiero que actualmente les afecta no será fácil ni barato. 

Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Dauhjare, ya se hace urgente desprender el problema de las EDEs y su perenne déficit del presupuesto del Estado, y entiendo que si hay una causa en la cual invertir hasta el último céntimo de capital política que se tenga a mano es esta, aún sea para salvarle miles de millones de dólares al país y su propio futuro.  

El costo de cumplir

Ahora que fue promulgado el nuevo Código Penal la conversación tenderá a enfocarse en los puntos socialmente polarizantes, como el aborto y la persecución de la corrupción, y los aspectos de cuestionable constitucionalidad que sin dudas serán objeto de acciones directas en inconstitucionalidad. Personalmente deseo enfocarme en la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y como esto va a impactar los costos operacionales de las empresas, y como esto, si en la práctica no es abordado adecuadamente, tenderá a agregar más desincentivos a la formalización de nuestra economía. 

Aclaro que no estoy en desacuerdo con la introducción de la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto era una necesidad imperativa para empezar a definir de forma más apropiada la responsabilidad de las personas jurídicas en otros ámbitos, como el administrativo, el ambiental, el tributario, entre otros, en el que su definición se ha venido haciendo al parecer individual de cada instancia administrativa. 

Lo que sí entiendo como indispensable es que ahora que tenemos definido legislativamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Estado sea más consciente de los costos de cumplimiento que viene imponiendo sobre el hacer negocios en la República Dominicana, y aplique un criterio más razonable en la forma en que los viene implementando. 

Recientemente en la revista de Ciencia y Sociedad de INTEC, en un artículo autoría de Harold Vásquez, este abordó el costo de cumplimiento tributario de las empresas pequeñas y medianas en la República Dominicana, y este encontró que los costos de cumplimiento tributario para empresas con 1 a 5 empleados pueden ascender a DOP 12,229, DOP 29,783 para aquellas de 6 a 20 empleados y  DOP 39,820 mensuales para empresas de 20 a 50 empleados. Estos montos, solo para poder cumplir con las obligaciones de reportería no se refieren a los impuestos efectivamente pagados, pueden resultar una carga pesada para cualquier negocio.

Si a lo anterior se le suman los costos en los que ya deben incurrir las empresas en el cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos, costos adicionales de cumplimiento tributario no relacionados a la reportería, la implementación de programas de cumplimiento asociados a cada uno de estos, más la designación de oficiales responsables en atención a las normativas aplicables ya tenemos un panorama tétrico en los costos de cumplimiento al que ahora se le va a sumar el cumplimiento de carácter penal que introduce el Código Penal. 

Deseo ser optimista, y creo que la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el ecosistema de cumplimiento que se tenderá a crear alrededor de este, es una oportunidad de no solo detener la voracidad normativa en la carga económica que recae sobre los negocios para poder cumplir con las normas, sino de unificar bajo un solo criterio y establecer bajo un solo modelo de gobernanza las obligaciones de cumplimiento de las empresas, dejando de lado criterios individuales que como islas han ido fabricando los diferentes entes que componen el Estado Administrativo y el mismo Congreso Nacional. 

Baterías

La instalación de generación eléctrica proveniente de energías renovables en la República Dominicana viene mostrando un crecimiento vertiginoso. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, del 2020 al 2024 la capacidad instalada de generación de fuentes renovables se ha casi triplicado. Estas son excelentes noticias para el país por no solo lo que implica en el crecimiento general del parque de generación de electricidad, sino por la reducción de nuestra dependencia de fuentes de energía importada y como eso impacta en nuestra balanza de pagos. Eso dicho, para sostener ese crecimiento aún nos falta un componente esencial que son las baterías. 

El almacenamiento de energía es una tecnología relativamente nueva que ha sido viabilizada gracias a los desarrollos en las baterías de iones de litio, y en los últimos 15 años se ha venido implementando como complemento a la generación solar y eólica las cuales, por su naturaleza, son intermitentes. La instalación de capacidad de almacenamiento se ha vuelto indispensable en la medida que la generación renovable ha ido creciendo como porcentaje de los sistemas eléctricos en todos los países.

Nuestro país no es la excepción, pero uno de los problemas es que acá tenemos la maña de redactar regulaciones rígidas, y la regulación que previó la generación, transmisión y distribución no dio mucho espacio para incluir el almacenamiento. La buena noticia es que el Ministerio de Energía y Minas ya detectó el problema y anunció los trabajos en la adaptación regulatoria para dar espacio a los proyectos de almacenamiento.

Pero esta necesidad de incrementar nuestra generación renovable y su almacenamiento puede ser aprovechada para atraer inversiones en investigación y desarrollo en la mejora de esas tecnologías. Las baterías son el futuro de la energía, y constantemente se vienen produciendo mejoras en la tecnología que buscan aumentar su capacidad y eficiencia, este trabajo de investigación y desarrollo se puede hacer dentro de la estabilidad normativa, fiscal y arancelaria que la República Dominicana puede ofrecer. 

Ofrecer un arenero de manufactura y ensamblaje de baterías en nuestro territorio puede atraer a las empresas que vienen trabajando en el almacenaje de energía no solo a que instalen sus baterías en soporte de nuestro sistema eléctrico, sino para que utilicen nuestro territorio para la manufactura de las mismas para su uso local y de exportación. 

De mantenerse el ritmo actual de crecimiento de la generación instalada proveniente de energías renovables, esta podría exceder el 50% del total de la generación instalada para el 2040, pero para que esto sea sostenible el crecimiento de la capacidad de almacenamiento, que hoy es cero (0), debe mantener un ritmo similar para cubrir la intermitencia natural de ese tipo de generación.