Ambientes digitales cerrados para documentos públicos

La falsificación de documentos ha sido un mal con el que la República Dominicana ha venido viviendo por décadas, y cada nuevo esfuerzo para ponerle control ha servido solo para que los falsificadores encuentren formas cada vez más ingeniosas para seguir en sus andanzas aprovechando debilidades en cada mecanismo de control que se ha implementado. Mi propuesta de hoy es el uso de ambientes digitales cerrados para la generación y circulación de documentos oficiales usando el ejemplo de los poderes consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Falsificar un documento como un poder consular puede ser un proceso bastante directo en cuanto a la generación del documento mismo, los sellos institucionales y replicar una apostilla apostando a que un error humano o alguna imposibilidad de verificar el código en la apostilla le permita tener éxito al defraudador. Esto no sería posible en un ambiente digital cerrado.

La propuesta ideal es que un documento como un poder consular nazca y su uso sea enteramente digital, pero consideremos un escenario donde eso no sea posible, por cualquier razón. Tomemos el poder como se hace hoy en día; una persona se presenta a un consulado dominicano en el extranjero deseando otorgar poder a alguien en República Dominicana para hacer cualquier diligencia. Siguiendo los protocolos notariales el cónsul toma la declaración del poderdante y hace el poder en la forma tradicional como ya se viene haciendo hoy en día.

Lo que cambia en el proceso con la propuesta es que en vez de circular el documento físico de un país a otro y por diferentes manos, este documento es escaneado por el consulado, a la imagen del documento se le agrega una firma electrónica cualificada y se envía al MIREX para su apostillado digital. El documento físico original queda en manos del consulado para fines de control.

El MIREX apostilla digitalmente el documento, anexando la apostilla de forma digital utilizando una firma electrónica cualificada y luego carga ambos documentos en una base de datos de consulta facilitando el link de acceso al beneficiario para su presentación ante la entidad donde hará valer el poder o remitiendo directamente el link a dicha entidad dentro de una plataforma segura de comunicaciones interinstitucionales.

Los riesgos de falsificación se reducirían notoriamente ya que dentro de la multiplicidad de factores digitales que tendrían que ser replicados para poder hacer valer un documento falsificado en ese escenario, la mayoría estarían materialmente fuera de su alcance de cualquier persona que trate de falsificarlo.

Por supuesto, este proceso puede ser fácilmente replicable con la mayoría, por no decir todos, los documentos oficiales que emite o genera el Estado, desde las actas del estado civil, los certificados de títulos, permisos, etc. El enfoque es, en la medida de lo posible, que sólo existan documentos digitales a los que se deba acceder en bases de datos oficiales seguras, y que le pongamos fin a la circulación en las calles y de mano en mano de documentos oficiales que de forma reiterada son objeto de falsificaciones. El esfuerzo institucional para lograr esto no tiene porque ser complejo ya que las herramientas y la tecnología existen, y el resultado sería mejorar de forma material el ambiente de seguridad jurídica en todo el país.

Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos

Ya que el Congreso vuelve a debatir la modificación de la trístemente célebre Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos del 2018, en esta ocasión aprovecho para volver a proponer algunas normas de sentido común que deberían aplicar a nuestros partidos políticos pero que hasta el momento siguen sin ser consideradas en las conversaciones tal cual como ocurrió con la ley hoy vigente.

Los partidos políticos, como organizaciones privadas de interés público que reciben fondos públicos, deberían publicar estados financieros interinos semestrales y auditados anuales por contadores públicos autorizados definidos para tales fines. Estos estados deben ser sometidos anualmente por ante la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas, en adición a ser de acceso público con su obligatoria publicación en los espacios digitales de los partidos para acceso de toda la ciudadanía.

Adicionalmente, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberían permitir la consulta gratuita de todos los ciudadanos a su padrón electoral y listado de miembros para que estos puedan verificar si estos se encuentran inscritos en los mismos, así como tener los mecanismos adecuados que permitan a los ciudadanos su inmediata exclusión de dichos listados a su solo requerimiento.

Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberían reportar anualmente a la JCE todas las donaciones recibidas que excedan un salario mínimo del sector privado y las donaciones de una misma persona o entidad que en conjunto excedan un salario mínimo del sector privado durante un año. Este tipo de reporte debería ser mensual durante los períodos electorales declarados por la JCE.

Por su lado, todas las organizaciones de carácter político deberían ser consideradas sujetos obligados en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, mantener un Programa de Cumplimiento y hacer sus reportes de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.

Adicionalmente, las donaciones de ciudadanos y residentes en el extranjero deberían ser prohibidas, lo que extendería la prohibición actual que sólo se limita a gobiernos e instituciones financieras que es fácil de eludir, para proteger nuestra democracia de la intervención de actores extranjeros. Más aún, se debe establecer el deber de cualquier ciudadano a reportar si está actuando por cuenta, a solicitud o como agente de gobiernos y entidades extranjeras.

La reforma a la normativa que aplica a nuestra organizaciones políticas debería ser enfocada en llevar transparencia organizativa y financiera dentro de estas, establecer controles y fiscalización de sus actividades con el objetivo de proteger nuestra democracia de la influencia del crimen organizado y otras naciones con intereses malsanos en nuestro país. Así mismo, las organizaciones políticas deben empezar a promover una cultura interna de cumplimiento y transparencia que les sirva de plataforma para cuidar y mantener su credibilidad ante la ciudadanía si estas aspiran a sobrevivir en el largo plazo y para mantener la integridad de nuestra frágil democracia.

Fuerzas Armadas y Manufactura Local de Alta Tecnología

Es impresionantemente difícil obtener informaciones fidedignas sobre el inventario de equipos en nuestras Fuerzas Armadas, o la producción actual de la Dirección General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas y su funcionamiento; tanto así, que transparentar estas informaciones y facilitarlas al público pudiera ser una propuesta en sí misma. En todo caso, en vista de que la poca información pública no parece indicar que esté ocurriendo, propongo la creación de una alianza público-privada para la producción militar local de vehículos no tripulados y vehículos autónomos.

El objeto de una propuesta de esta naturaleza, y la visión del Estado hacia esta, es iniciar y estimular la manufactura de alta tecnología en nuestro territorio, apalancando las necesidades de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana para crear una oferta en el sector privado para atenderlas y comenzar a crear un know-how, tanto en el sector público como en el privado en la manufactura de productos de alta tecnología.

Es muy probable que el Estado, especialmente en las primeras etapas, pueda perfectamente atender las necesidades de vehículos no tripulados o autónomos de las fuerzas del orden con licitaciones a proveedores internacionales, incluso con más calidad y mejores precios, pero el valor de una alianza público-privada con este enfoque no recae únicamente en la compra de este tipo de vehículo, sino en su producción local, soporte y mantenimiento local, y más aún crear la base de una manufactura de alta tecnología en nuestro sector privado que empiece a dar los primeros pasos hacia una eventual capacidad de exportación y la creación de una mano de obra lo suficientemente capacitada para atraer inversiones desde el exterior con enfoques similares de producción.

Por supuesto, si algo ha dejado muy claro la invasión rusa y, muy en particular, la impresionante defensa de los ucranianos en el actual conflicto que actualmente sacude a Europa, es que los drones, sean pilotados remotamente o sean autónomos, han traído un cambio tan fundamental en los conflictos bélicos modernos como en su momento una vez lo hicieron la pólvora, la artillería, los aeroplanos y los tanques. Y estos, a su vez, son tan adaptables que son inmensamente útiles aún en países como el nuestro, que aún no teniendo conflictos armados, debemos atender temas territoriales, catástrofes naturales y la delincuencia organizada.

Aprovechando esa necesidad es como el Estado, a través de una alianza público-privada que incluya a las universidades del país, podría crear un sector de manufactura de alta tecnología, primero con el enfoque militar para atender las necesidades más urgentes de nuestras fuerzas del orden, y eventualmente, apoyar su reenfoque para usos civiles y a través de su mano de obra capacitada atraer inversiones desde el exterior para tales fines.

La idea no es particularmente nueva ni novedosa, una revisión histórica de la manufactura de los hoy países desarrollados muestra su vínculo histórico a los esfuerzos bélicos de años pasados, y como ese impulso les sirvió de primer paso en lo que son hoy. La propuesta es tomar las lecciones ya aprendidas por otros y aplicarlas en beneficio de nosotros.