Gestión del Cambio en el Poder Judicial

Ahora que ha sido aprobada la Ley 339-22 sobre uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, y que se entienden despejados algunos de los obstáculos legales que detuvieron los avances que ha venido alcanzando el Poder Judicial en la modernización de sus servicios, aprovecho para recomendar la implementación de un plan de gestión del cambio de dicha entidad como parte íntegra de su estrategia de digitalización.

La gestión del cambio es un fenómeno relativamente nuevo en el sector empresarial de la República Dominicana que adquirió particular urgencia durante la pandemia del COVID-19, ya que en este se vió en la obligación de realizar cambios dramáticos en la forma como operaba y la ejecución misma de sus negocios, y debía adaptar a sus colaboradores y clientes a esos cambios con la menor fricción posible.

El Poder Judicial, que ejecutó una de las estrategias más ambiciosas de digitalización de servicios en el sector público durante la pandemia, vivió en carne propia los efectos de los cambios y las fricciones que estos generan a lo interno y externo de la organización al extremo que esa resistencia fue parte de lo que movilizó el batallón de recursos de inconstitucionalidad elevados exitosamente ante el Tribunal Constitucional y que forzaron la elaboración y aprobación de la Ley 339-22.

Este debe crear una estructura interna de gestión del cambio que sepa comunicar a colaboradores y usuarios externos el alcance e impacto de los cambios, que realice y coordine todas las capacitaciones que necesita la entidad en la implementación de sus cambios y se mantenga dando el soporte funcional a colaboradores y usuarios externos sobre las nuevas funcionalidades implementadas.

La gestión del cambio, por supuesto, no se limitaría a la implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, sino a cualquier cambio organizacional que irían desde la creación o eliminación de jurisdicciones, cambios de la estructura orgánica, nueva normativa interna o de carácter general que impacte al Poder Judicial, la elección de nuevos jueces en las Altas Cortes, y hasta la salida o fallecimiento de alguien dentro del personal para preservar un buen clima laboral.

La gestión del cambio es una herramienta sumamente importante y cada vez más indispensables en las organizaciones. Esto ya ha sido identificado en el sector privado, y es uno de los temas a los que los líderes de organizaciones en ese sector le vienen atribuyendo mayor importancia. Sin embargo, esto aún no luce estar en el radar del sector público, lo que debe empezar a cambiar.

El Poder Judicial que tiene una visión bastante ambiciosa para su desarrollo y el uso de nuevas tecnologías, la implementación de una estrategia y estructura de gestión del cambio pudiera ser crucial para que ese esfuerzo tenga éxito y evitar los choques que ya vivieron en el pasado.

Usos del internet satelital en el Estado

En una ocasión anterior había propuesto que el Estado dominicano facilitara la entrada de las nuevas redes de internet satelital con constelaciones en órbita terrestre baja para mejorar el acceso al internet y tener redundancia del servicio en caso de catástrofes naturales en el país. Con la entrada de la red Starlink de SpaceX ya tenemos justamente, eso en esta ocasión aprovecho para expandir sobre sus usos y como esto puede ser aprovechado por el Estado.

Entrando en la etapa más crítica de la temporada ciclónica de este año, urge la instalación de este servicio en toda la estructura de atención de emergencias de la República Dominicana, en especial en las zonas de mayor riesgo y más difícil acceso. Esto es facilitar a la defensa civil, hospitales públicos, la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana acceso a la red satelital para mantener las comunicaciones en caso de interrupciones en las redes de fibra óptica por problemas en el cableado.

Por su lado, el Ministerio de Educación puede considerar iniciar la planificación del año escolar 2023-2024 evaluando el despliegue de este servicio en las escuelas remotas o donde el servicio actual de internet no sea el más adecuado para el uso de herramientas digitales de educación. Esto podría ser clave en la reducción de la brecha digital en educación entre planteles rurales y urbanos, y en particular mitigar los efectos que tuvo la pandemia en la educación que afectaron de forma desproporcionada a los estudiantes que no tenían conectividad.

Así mismo, el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos de todo el país, la Junta Central Electoral, la Dirección General de Migración, etc., pueden empezar a considerar extender sus servicios en estafetas ubicadas en las zonas más remotas de todo el país empleando el servicio de internet satelital que le permitirá mantener la conectividad ininterrumpida con sus sistemas centrales, pudiendo acercar más los servicios del Estado a esas comunidades.

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura puede promover la instalación de este servicio en todas las zonas agrícolas de importancia y así mejor monitorear el desempeño de la producción agrícola del país, y abrir una nueva era de accesibilidad y conexión de nuestros productores a las mejoras y soluciones que permitiría este servicio.

Por último, el Ministerio de Turismo y el de Medio Ambiente pueden crear una sinergia alrededor de este servicio coordinando la instalación del mismo en zonas turísticas remotas y en los puntos de acceso de nuestros Parques Nacionales.

La realidad es que liberados de las limitaciones derivadas de la instalación de líneas de fibra óptica hacia lugares remotos, las posibilidades de atender la demanda de servicios públicos a través del internet satelital pudiera implicar un cambio fundamental en la capacidad del Estado de atender la necesidad de cientos de miles de personas que en nuestro país viven en zonas con esas condiciones y mejorar significativamente su calidad de vida.

Embargo de armas y municiones a Haití

El respetado economista, Héctor Giuliani Cury, ha afirmado en múltiples ocasiones por las redes sociales que cuando se trata sobre el tema de Haití la República Dominicana no ha abordado a la Comunidad Internacional con propuestas concretas sobre lo que se puede hacer, y en esto tiene toda la razón. Como país debemos dejar de abordar el tema de nuestro vecino frente al resto del mundo con abstractos y empezar a ser más puntuales sobre lo que deseamos que la Comunidad Internacional haga, y en esta ocasión propongo que hagamos justo eso aprovechando las coyunturas actuales.

En vista de la situación actual de los avances del crimen organizado y la lucha entre bandas criminales en Haití, la República Dominicana debería solicitar un embargo internacional de armas y municiones hacia territorio haitiano. Como país que comparte la isla con ellos, nuestro interés y preocupación sería legítimo puesto que la entrada de esas armas y municiones a Haití pueden tener repercusiones sobre la seguridad y la criminalidad en nuestro territorio.

Es importante tener en cuenta que esta propuesta ya fue planteada por China ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en julio, y que no fue apoyada por Estados Unidos, por lo que necesariamente tiene implicaciones geopolíticas que vamos a tener que navegar, a pesar de que nuestras preocupaciones sean válidas para nuestras políticas internas.

Dada la situación actual en el estrecho de Taiwán y la escalada de tensiones entre ambas potencias, lograr el respaldo de Estados Unidos a la propuesta de China de imponer un embargo de armas ligeras y municiones en Haití pudiera aportar para desescalar la situación. Si la propuesta vuelve a surgir pero como una iniciativa desde la República Dominicana expresamente, esto pudiera facilitar ese acuerdo entre ambas potencias.

La República Dominicana necesita tener más iniciativa y aportar ideas y soluciones más concretas a la comunidad internacional cuando hablamos de Haití. Insistir hasta el cansancio en que la “comunidad internacional debe hacerse responsable” o que “no hay solución dominicana al problema haitiano” francamente no dice o aporta absolutamente nada al problema concreto que estamos viviendo actualmente.

Es bastante evidente que la situación en Haití está escalando a un nivel peligroso el cual, de mantenerse inalterado, podría tener consecuencias negativas para la República Dominicana. Creer que ese problema va a tener una solución de índole migratorio es una fantasía, y es necesario que seamos proactivos en los foros internacionales para empezar a buscarle una solución.

Un embargo de armas ligeras y municiones en Haití no va a ser la solución definitiva, pero sería un buen primer paso. Si esa iniciativa sale desde la República Dominicana y es acogida por la comunidad internacional sería una victoria diplomática importante y una señal de que, finalmente, la voz de la República Dominicana, en cuanto a los problemas de Haití concierne, ya está siendo considerada.