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Desde los tiempos de la ley 19-00, la falta de colocaciones de acciones en el mercado de valores de la República Dominicana evidenciaba un problema regulatorio grave que hacía poco atractivo (o impedía) a las empresas hacer emisiones de esa naturaleza. La ley 249-17 no hizo mucho para cambiar eso y continuó la inercia por virtud de las ambiciones desmedidas de los reguladores. Llega la ley 163-21 y finalmente la República Dominicana tiene su primera emisión de acciones del mercado de valores, pero hay un problema, y es que los logros más importantes de esa ley tienen los días contados y eso debe ser corregido.


La Ley 163-21 de Fomento a la Colocación y Comercialización de Valores de Oferta Pública introdujo cuatro cambios fundamentales a la forma en que opera el mercado de valores en nuestro país: 1) eliminó el cobro del impuesto de aumento de capital a los realizados a través del mercado de valores, 2) redujo el impuesto de ganancia de capital en las operaciones a través del mercado de valores a 15% y estableció la venta de las acciones como el momento generador de la obligación tributaria para este impuesto, 3) separó la responsabilidad tributaria de los accionistas adquirientes de los valores de oferta pública frente a las obligaciones tributarias de las empresas, y 4) le otorgó al Consejo Nacional del Mercado de Valores la facultad de flexibilizar algunos de los excesivos requerimientos establecidos en la Ley 249-17 para facilitar la colocación de acciones.


Todas estas, salvo el régimen de responsabilidad tributaria y el efecto neutro fiscal, quedarán sin efecto en el 2024. Aunque es imposible para mí adivinar lo que pasa en la cabeza de cada tomador de decisiones dentro de las empresas dominicanas, imagino que este factor de temporalidad está pesando mucho en la decisión de emitir acciones en el mercado de valores y por eso sólo hemos tenido una emisión desde el 2021 y no diez o más.


No sería la primera vez que sugiero que el mercado de valores dominicano está sobrerregulado y que en el afán de copiar las normativas que se aplican en mercados muchísimo más desarrollados que el nuestro, no hemos permitido al mercado nuestro siquiera propiamente nacer. Pero justo la eliminación del impuesto de aumento de capital, la tasa de 15% en el impuesto de ganancia de capital, y la flexibilización de procesos administrativos para facilitar la colocación de valores, que son la práctica estándar en mercados de valores más desarrollados, es lo que estaríamos dejando caducar a partir del 2024.


Por esto propongo una modificación a la Ley de Mercados de Valores en la República Dominicana que, entre muchas otras cosas, haga de todos los logros alcanzados con la Ley 163-21 algo permanente y definitivo. Esto no sólo llevaría el tratamiento fiscal de las operaciones en nuestro mercado de valores hacia un estándar similar al de otros mercados, sino que brindaría mayor seguridad jurídica en las mismas y para todo el sector empresarial en la República Dominicana que desee acceder a este mercado en búsqueda de capital.


Un mercado de valores dinámico, líquido y robusto puede convertirse en un pilar de la política macroeconómica del país y un impulso significativo hacia la transparencia en el sector privado, lo que no sólo supone un beneficio económico para el país, sino un potencial apoyo y soporte en la capacidad recaudatoria de la política fiscal del Estado.


 
 
 

En un artículo anterior hice una propuesta para una app del Ministerio Público donde se puedan someter denuncias, la Policía Nacional recientemente lanzó una app que hace justamente eso. Es un avance sumamente positivo que amerita mayor difusión para masificar su uso, aunque no atienda asuntos de emergencia y quizás sea más apropiado que este sea manejado por el Ministerio Público. Para la Policía Nacional el enfoque tecnológico, y su app, debería ser justamente para atención de emergencias aprovechando innovaciones que ya son de uso ordinario como las apps de deliveries y de rideshare.


Equipar las unidades de la policía con smartphones y habilitar a la población para solicitar la asistencia de estas unidades a través de una app que no funcionaría muy distinto a las ya disponibles para hacer órdenes a domicilio o pedir taxis no es particularmente una idea o tecnología revolucionaria, pero sí puede ser bastante efectiva si es usada adecuadamente.


Para citar un ejemplo, uno de los eventos interesantes en la actual guerra entre Rusia y Ucrania fue el desarrollo del Sistema GIS Arta por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que utilizando una plataforma similar a Uber, ha podido llevar el tiempo de ataque de su artillería hacia puntos estratégicos a apenas 50 segundos. Esto es algo que ordinariamente a los equipos tácticos de la OTAN le toma hasta 20 minutos.


Con casi 80,000 agentes policiales en sus filas, poder atender los “pedidos” de esta naturaleza empleando GPS y una dinámica de atención p2p no sólo reduciría los tiempos de respuesta de la Policía Nacional de forma dramática, sino que acercaría más a los agentes a las personas que está llamada a proteger y en el largo plazo mejorar la credibilidad institucional frente a la población.


Por supuesto, esto no necesariamente implica que deba quedar cerrado a los servicios de la Policía Nacional, sino que puede ser perfectamente adoptado por todos los sistemas de emergencias y ser dirigido por el 911 como una alternativa a su centro de llamadas, que continuaría asistiendo a aquellas personas que, por cualquier razón, no tengan acceso a aplicaciones de esta naturaleza.


Esto permitiría reducir los costos operativos en la atención de emergencias en el largo plazo, y mejorar la calidad y velocidad de esas atenciones, no sólo en beneficio de la población en general, sino para el 911, la Policía Nacional, cuerpos de bomberos y los demás equipos que participan dentro de los servicios de atención de emergencias.


La iniciativa de la Policía Nacional de sacar su aplicación de denuncias es excelente, y muestra la disposición de hacer mejoras de esta naturaleza en estas instituciones, el Estado debe aprovechar ese ímpetu institucional y seguir avanzando con más y mejores desarrollos para beneficio de los ciudadanos.


 
 
 
  • Writer: Orlando Gomez
    Orlando Gomez
  • Aug 30, 2022
  • 2 min read

Entendiendo que probablemente es un poco tarde para hacer esta propuesta considerando que el X Censo Nacional de Población y Vivienda está a unos pocos meses de ser celebrado, de todas formas la planteo en caso de que la implementación de algunos de los aspectos indicados en esta puedan ser de utilidad para este censo o que pueda ser considerado en el futuro a los fines de mejorar este importantísimo proceso.


Se ha reportado que para la celebración del próximo censo se estará implementado el uso de tabletas y la cartografía digital para recabar las informaciones, lo que es un excelente paso en la dirección correcta para de hacer de estos procesos más efectivos y poder acelerar los tiempos de tabulación de las informaciones.


Adicionalmente se podría considerar el uso de GPS en las tabletas para la supervisión del trabajo de campo, tener un registro de las rutas cubiertas por los entrevistadores para fines de validación de la data recabada y para el registro de las viviendas censadas dentro de los controles del censo.


Hasta el momento no ha sido mencionado, y no luce que será incluido, el llenado en línea del cuestionario del censo. Personalmente no recuerdo una ocasión en la que yo haya sido censado, y sospecho que esto ha sido así porque el trabajo se realiza de vivienda en vivienda habitualmente en horarios laborales, lo que significa que nunca estoy en mi casa para recibir a los entrevistadores y ser censado. Un llenado en línea de la entrevista del censo podría cambiar esto.


Para facilitar el llenado en línea de las entrevistas del censo se puede coordinar con la Junta Central Electoral para establecer los sistemas de validación de identidad que ya están incluidos en nuestras cédulas de identidad y electoral para las personas que opten por esa vía, y parametrizar la tabulación de los datos de forma tal que se eviten duplicidades, alimentando esa información a los entrevistadores para que estos se ahorren el esfuerzo de intentar censar hogares que ya han sido entrevistados por esa vía.


Adicionalmente se pueden usar los códigos QR únicos por vivienda tanto en la identificación de los hogares que ya fueron censados para la verificación de los datos, como en las viviendas donde no se reciba respuesta para que las personas que vivan en estas puedan cargar sus datos en línea y sean censadas.


En los últimos 10 años los avances tecnológicos han abierto un montón de posibilidades en materia de censos poblacionales que deberían ser aprovechados, no sólo por su efectividad, sino por su capacidad de reducir costos. Es altamente probable que en los próximos 10 años por venir estos sean aún mayores, y debemos aprovechar las experiencias que obtengamos ahora para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías que seguramente tendremos dentro de 10 años, para hacer de nuestros censos más precisos y ricos en información relevante que puedan mejor guiar nuestras políticas públicas.


 
 
 

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