Campaña de humanización de los inmigrantes haitianos.

Humanizar a los migrantes de Haití va a implicar un esfuerzo de años y debe ser asumido como una política de Estado, no sólo porque es lo correcto para que los derechos y la integridad de esos inmigrantes sean respetados, sino para preservar la estabilidad social en nuestro país y evitarnos hechos deleznables que pongan entredicha a nuestra reputación ante la comunidad internacional y que por causa y efecto termine impactando a nuestra economía.

Día tras día los dominicanos somos bombardeados por redes sociales, medios tradicionales e incluso por nuestras propias instituciones con discursos que promueven el odio y la sospecha frente a los inmigrantes de Haití. En la República Dominicana desde pequeños somos condicionados a temer y guardarle rencor a los haitianos, y esto es reforzado en el día a día en las cosas pequeñas, como comentarios de pasada en la calle o entre allegados, y en cosas no tan pequeñas, como las insistentes acusaciones que se hacen a diario contra toda esa comunidad en todos los medios del país.

Es penoso, pero la realidad es que en nuestro país se habla de “haitianos” como un abstracto deshumanizante. Se dice de expulsarlos de sus hogares, deportarlos sumariamente, agredirles o hasta matarlos como si no estuviéramos hablando de seres humanos. Miles de personas que huyen de su país natal en búsqueda de mejores oportunidades, como no morir de hambre o proveer para sus familias, viven bajo la constante acusación de ser una horda invasora sin rostro, sin nombre, sin humanidad.

El Estado dominicano debe iniciar una campaña de humanización de esos migrantes, usar la fuerza de su billetera en publicidad, educación y concientización para que los dominicanos empecemos a ver su humanidad y a escuchar sus voces. El Estado no puede seguir siendo un ente reactivo o, peor, pasivo frente al bombardeo constante de las campañas de comunicación que buscan deshumanizar a los haitianos, porque esto tarde o temprano desembocará en violencia e inestabilidad que, dependiendo de las circunstancias, podrían llegar a paralizar al país y su economía.

No llamo a la censura, aún no estamos en el escenario de Radio des Milles Collines que pudiera ameritarlo, pero sí a contrarrestar agresivamente la narrativa que recibe a diario el país sobre los haitianos. Los dominicanos necesitamos conocer a los haitianos por su humanidad, sus historias de vida, las dificultades que les traen hasta aquí, sus logros y los enormes aportes que hacen para nuestro país.

Humanizar a los migrantes de Haití va a implicar un esfuerzo de años y debe ser asumido como una política de Estado, no sólo porque es lo correcto para que los derechos y la integridad de esos inmigrantes sean respetados, sino para preservar la estabilidad social en nuestro país y evitarnos hechos deleznables que pongan entredicha a nuestra reputación ante la comunidad internacional y que por causa y efecto termine impactando a nuestra economía.

Un caso económico para el matrimonio igualitario

Esta semana Cuba aprobó el matrimonio igualitario. Es una vergüenza para nuestra democracia que una dictadura con un historial de persecución y asesinatos de personas LGBT haya legalmente permitido el matrimonio igualitario antes que nosotros. No voy a aspirar a que en nuestro país se haga lo correcto simplemente porque es lo correcto, por eso en esta ocasión propongo la legalización del matrimonio igualitario tomando como partida los beneficios económicos de hacerlo.

La aprobación del matrimonio igualitario tendría un efecto económico inmediato derivado de la mera celebración de bodas entre personas del mismo sexo. La organización de bodas implica un gasto significativo en la economía formal que no sólo se traduce en trabajo para sectores como el de alimentos y bebidas, sino en floristerías, fotografía, hoteles y el turismo interno. El sólo hecho de que las bodas empiecen a ocurrir sería un empuje económico y fiscal importante una vez el 5% o más de la población que actualmente no pueden celebrarlas, por virtud de un plumazo, de repente puedan.

Igual de interesante, desde el punto de vista económico, sería la posibilidad de que las parejas de un mismo sexo puedan compartir un mismo plan de salud. Hoy en día no es posible para una pareja del mismo sexo hacerlo, y esto o resulta en un gasto ineficiente en varios planes de salud o que uno o ambos en la relación no tengan acceso alguno a un seguro de salud. Aprobar el matrimonio igualitario no solo supondría una aplicación importante del acceso a la salud, sino que abarataría esos costos permitiendo un ahorro a esas parejas que pudiera ser reinvertido en la economía en bienes, servicios y capital que no sólo estimularían aún más su crecimiento sino que devengaría en mayores recaudaciones fiscales para el Estado.

Por supuesto, también debemos considerar el turismo. En la medida que más países aprueban el matrimonio igualitario la República Dominicana queda más aislada en el cada vez más reducido grupo de países que no reconocen ese derecho, y con ello empezamos a dar la impresión de no ser tolerantes a las personas en comunidad LGBT a nivel mundial. El mercado es demasiado significativo como para que nuestro país siga poniendo en riesgo su reputación por no reconocer algo que debería ser más que evidente.

Nuestro país puede lograr los enormes beneficios de ser un país inclusivo y atractivo para la comunidad LGBT en todo el mundo no sólo por el turismo derivado del matrimonio inclusivo en si mismo sino hasta por sus divorcios al vapor como ya lo ha sido para las parejas heterosexuales durante décadas.

Reconozco que se siente sucio hablar de beneficios económicos del reconocimiento de derechos que deberían ser de sentido común para cualquier persona con dos dedos de frente y tener que hacer este argumento utilitario para algo que debería caerse de la mata. Pero lanzo algo, lo que sea, para que los hacedores de políticas públicas en nuestro país tomen este tema en serio y nos eviten el ostracismo internacional que derivará de seguir pateando la situación al futuro por temores de política electoral carentes de evidencia para justificar la inacción.

Promoviendo el crecimiento vertical de nuestras ciudades

Las quejas recientes por la construcción de un edificio de apartamentos en el Distrito Nacional revivieron el tema sobre la planificación urbana y la densidad de viviendas en la ciudad. Teniendo en consideración de que pudiera parecer contraintuitivo, personalmente propongo que contrario a prohibir residenciales de alta densidad, en el Distrito Nacional empecemos a promover el crecimiento vertical de la ciudad.

Los desarrollos de viviendas de alta densidad son mejores para el medio ambiente ya que demandan menos terreno, también son más efectivas de sostener para las alcaldías ya que requieren menos recursos públicos para atender, en adición a que atraen y acumulan una mayor cantidad de contribuyentes. Más aún, estas reducen los tiempos de transporte, el consumo de combustible, maximiza el alcance de los servicios públicos y privados, entre múltiples adicionales.

Los detractores del crecimiento vertical de la ciudad tienden a enfocarse en tres problemas fundamentales que entienden serían agravados por ese tipo de desarrollos, esencialmentalmente: el tránsito, el tratamiento de aguas residuales y el suministro de agua potable. Y la realidad es que pudieran tener la razón, y si estos problemas no son considerados y resueltos en el curso del desarrollo vertical de la ciudad, estos definitivamente se podrían ver agravados.

Dicho lo anterior, la solución a esos problemas será más económicamente viable y sostenible si se promueve el crecimiento vertical de la ciudad, a que esta continúe creciendo de forma horizontal, y en todas direcciones, como lo viene haciendo ahora. No es lo mismo elaborar un plan de transporte masivo, alcantarillado o de suministro de agua que se extienda por algunos pocos kilómetros cuadrados desde el centro de la ciudad, que para docenas de kilómetros cuadrados en todas las direcciones en la que esta vaya creciendo si lo sigue haciendo de forma horizontal.

Permitir el crecimiento vertical de la ciudad tenderá a promover que los precios de las viviendas en la zona central del Distrito Nacional sean más asequibles, en especial para la clase media, lo que a su vez tenderá a reducir la expansión horizontal y la demanda dispersa de los servicios públicos.

Se debe promover un crecimiento vertical agresivo en el Distrito Nacional que venga acompañado con iniciativas de transporte público masivo en la zona, construcción y expansión de aceras que faciliten el caminar, y soluciones de tratamiento de desechos y de acceso al agua. El ayuntamiento puede establecer arbitrios razonables sobre las zonas de alta densidad, en particular en aquellas con apartamentos de alto costo o de lujo, para poder acceder a los recursos que necesitaría para hacer estos desarrollos. Lo que sí no puede continuar es el crecimiento horizontal de la ciudad, que tenderá a encarecer y hacer de una pesadilla logística el poder lograr estas mejoras para la mayoría de los residentes en la ciudad.