Tomemos en serio la Ley de Defensa a la Competencia

Nuestro país es muy especial. Abiertamente un gremio de médicos anuncian haber llegado a un acuerdo para decidir con cuales proveedoras de seguro de salud van o no a trabajar, por su lado productores de pollo anuncian sus acuerdos para fijar los precios por su productos, lo que es replicado por los productores de arroz y más recientemente hasta constructores y ferreteros se han unido a la fiesta de quienes más violenten la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. Mi propuesta de esta semana es simple, debemos tomarnos en serio la libre competencia.

Recuerdo que luego de promulgada la ley en el 2008 siempre atribuía su incumplimiento a la falta de nombramiento de un Director Ejecutivo en PROCOMPETENCIA, lo que legalmente postergaba la formal entrada en vigor de la ley. Finalmente cuando llega el nombramiento de la primera Directora Ejecutiva en PROCOMPETENCIA en el año 2017, creí que empezaríamos a ver un cambio dramático en este tema y que las prácticas abiertamente anticompetitivas a las que estamos acostumbrados empezarían a ser cosas del pasado.

Han pasado 5 años desde la entrada en vigencia de la ley y desde que tenemos nombramientos a la posición de Director Ejecutivo de PROCOMPETENCIA, y la colusión para fijar precios y condiciones de mercado, que está claramente prohibido en la ley, no sólo continua sino que sigue siendo anunciado abiertamente sin ningún tipo de rubor y, claramente, sin ninguna consecuencia.

Desde sus inicios PROCOMPETENCIA ha lucido más como un think tank sobre el Derecho de la Competencia que como un organismo regulador del mercado procurando la efectiva defensa de la competencia como le corresponde conforme a la ley. Esto puede ser un defecto de la misma ley, y es probable que 15 años después esta amerite modificaciones importantes, pero también es posible que este se deba a factores fácticos que no necesariamente puedan ser corregidos en los salones del Congreso.

Lo que sí entiendo que todos debemos tener claro es que mientras persista esta cultura anticompetitiva la economía dominicana va a seguir creciendo por debajo de su potencial. No hay camino posible hacia mejores precios y condiciones para las consumidores, más oportunidades de empleo, mejores salarios para los trabajadores, hacer el país más atractivo para las inversiones y motorizar la innovación empresarial en nuestras tierras que no empiece por el cumplimiento decisivo de las normas de defensa a la competencia.

Esto pudiera alcanzarse talvez con un mejor presupuesto para el organismo regulador, o quizás con más voluntad política, o hasta con una modificación de la ley que entre otras cosas introduzca fiscales especializados en Derecho de la Competencia. Cualquiera que sea la ruta tomada, si como país no decidimos de forma decisiva cambiar nuestra cultura para la forma como abordamos los temas de libre competencia, nuestro desarrollo siempre se estará chocando contra la pared que nosotros mismos nos hemos levantado al mirar hacia otro lado.

Fondos complementarios de retiro

A pesar de los claros problemas que está enfrentando el sector de pensiones en la República Dominicana, en particular sobre la baja tasa de reemplazo y el creciente riesgo reputacional que esta va a representar para todo el sistema, es llamativo que el sector privado sigue paralizado y carente de acciones para, sino auxiliar al sistema, al menos aprovechar las enormes oportunidades que esa situación ofrece. En esta ocasión hago mi primera propuesta al sector privado y sugiero la creación de planes complementarios de retiro empleando patrimonios autónomos como fideicomisos y fondos de inversión cerrados.

Estos planes complementarios de retiro, por normativa, no estarían sujetos a la Ley de Seguridad Social, en cambio, estos estarían regulados bajo la Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, la Ley de Mercado de Valores y la Ley Monetaria y Financiera. Así como esto es una obligación normativa, es precisamente por no estar sujetos a las rigideces legales del sistema de pensiones que estos planes complementarios de retiros tenderán a ofrecer mayores beneficios para sus aportantes que los que actualmente pueden ofrecer las AFP.

De lo anterior se desprenden varias cosas a considerar: 1) Los clientes no serían afiliados o cotizantes conforme a la Ley de Seguridad Social, sino fideicomitentes o aportantes; 2) Los fondos en los planes complementarios no gozarían de las exenciones tributarias y las protecciones legales que sí tienen los fondos de pensiones; 3) Los aportes en este tipo de planes no serían legalmente obligatorios; y como estas, múltiples diferencias sustanciales con los fondos de pensiones que agregan factores de riesgo que deben ser ponderados.

Por otro lado, los bancos, sociedades fiduciarias y administradoras de fondos de inversión que ofrezcan servicios de esta naturaleza no estarían sujetos a las limitaciones regulatorias asfixiantes a las que están sometidas las administradoras de fondos de pensión. Esto les permitiría invertir en instrumentos de inversión locales y extranjeros que ahora mismo están fuera del alcance de las AFP, así mismo, adoptar estrategias de inversión y administración de riesgos más ajustadas a las necesidades, edad y apetito de riesgo de los clientes, sumado a la posibilidad de estructurar productos de inversión de largo plazo que superen los rendimientos que ahora mismo ofrecen las AFP, entre múltiples acciones que agregarían valor apostando a incrementar la tasa de reemplazo de sus clientes, complementando a las que ya recibirán de sus pensiones tradicionales.

Adicionalmente, la captación de los aportes de los clientes se ejecutaría a través del sistema financiero tradicional y no la TSS, lo que no sólo facilitaría significativamente las aportaciones de los cotizantes en el sistema actual y crear un incentivo adicional que los empleadores formales pudieran ofrecer a sus empleados, sino que adicionalmente crearía una alternativa flexible para los trabajadores de profesiones liberales y del sector informal poder empezar a cotizar en sus pensiones sin quedar sujetos a la burocracia que normativamente plaga al sistema tradicional.

El sistema de pensiones necesita una revisión normativa urgente, pero mientras esa revisión siga a la deriva atendiendo a panfletos, eslogans y grandilocuencias políticas, el sector privado puede, en el corto plazo, implementar soluciones que complementen al sistema atendiendo directamente las necesidades de la ciudadanía y escuchando sus deseos, quitando de la ecuación al sistema normativo burocratizado que se planta como el mayor obstáculo en la ruta hacia pensiones más dignas.

Poniéndole fin a la historia del Faro a Colón.

Debo confesar que una de mis mayores inspiraciones detrás de la decisión de enfocar mis escritos semanales, los cuales llevo haciendo desde hace casi 18 años, a puramente propuestas, fue la obra de uno de los más importantes historiadores dominicanos, Antonio del Monte y Tejada. En 1852 en su libro “Historia de Santo Domingo” este propuso la construcción de “una estatua como el coloso de Rodas” en el cual debía establecerse “un faro” para que “los viajeros del viejo y el nuevo mundo al divisar la primera tierra desde el Océano (sic), puedan dirigir los ojos hacia aquella imagen venerable con gratitud y enternecimiento”, plantando con su idea lo que más de un siglo y medio después se convirtió en el Faro a Colón.

Aprovechando que justo la semana pasada el Faro a Colón cumplió 30 años desde su inauguración, y en agradecimiento a la inspiración que Antonio del Monte y Tejada me ha brindado en estos casi 2 años de artículos, aprovecho para proponer la destrucción del Faro a Colón para dar espacio a un gran proyecto habitacional, un espacio de zonas francas, o ambas cosas en el terreno que hoy ocupa ese monumento.

No tengo nada en contra de la idea original de Antonio del Monte y Tejada, pero el Faro a Colón que nos gastamos hoy ha demostrado ser un museo mediocre, un faro inexistente y un monumento al ridículo, siendo esencialmente un rotundo fracaso en todas las funciones que supuestamente está llamado a cumplir.

Las autoridades deben desprenderse de las falacias de los costos hundidos que pudieran estar justificando su magra existencia, aceptar las pérdidas y seguir hacia adelante empleando el terreno donde hoy se encuentra el Faro y darle un uso útil para todas las personas que viven en la zona, sea estableciendo una zona franca que pueda generar empleos y movilizar aún más la economía de Santo Domingo Este, haciendo un megaproyecto residencial que mejore la calidad de vida y viviendas en el espacio que hoy ocupa el monumento, o ambas cosas.

El Faro a Colón hoy dista muchísimo del sueño de Antonio del Monte y Tejada, más que ser una “imagen venerable” vista con “gratitud” y “enternecimiento” la zona tiene una reputación por ser un foco de delincuencia, por el descuido y la basura que allí abunda. El mismo no hace ningún aporte a la zona y mucho menos al país, y es un barril sin fondo pagado con dinero de los contribuyentes para evitar que este se termine de desplomar por el peso de su propia inutilidad.

A pesar del Faro, la zona que este ocupa tiene un potencial interesante desde el punto de vista económico y social, pero para que este potencial sea explotable primero hay que quitar al Faro del medio.

Reitero que no tengo nada en contra de la idea de nuestro querido historiador, todo lo contrario, este ha sido amplia fuente de inspiración, y tampoco en contra de Cristóbal Colón de quien entiendo como injustas algunas de las críticas modernas que hoy se vierten en su contra. Pero entiendo que todos podemos aceptar que ya se hizo el monumento y ha sido un rotundo fracaso, y si no lo vamos a quitar por lo que costó, hagámoslo por los beneficios que esa zona nos puede dar si es empleada para otros fines.