Distritos escolares

El inicio del año escolar en nuestro país, y muy en particular en la ciudad de Santo Domingo, es visto como el regreso de los tapones. Es evidente que las escuelas, específicamente el traslado de estudiantes hacia y desde estas, son un factor material en el caos vehicular que impacta a nuestras ciudades. Parte de lo que contribuye a esa situación es que en nuestro país los distritos escolares operan en gran medida sólo como un nivel burocrático adicional dentro de las capas del papeleo del sistema educativo, y no tienen relevancia práctica sobre los estudiantes y sus padres al momento de decidir el colegio en cual inscribirse, por múltiples razones, incluyendo el tránsito vehicular en nuestras ciudades, esto debe cambiar. 

En otros países es obligatorio inscribir los alumnos en escuelas ubicadas dentro del distrito escolar donde este reside, y el intento de inscribir alumnos en escuelas fuera del distrito escolar que le corresponde puede ser sancionado con multas y hasta prisión. Entiendo que en las ciudades de nuestro país se puede experimentar con este modelo, aunque no se incluyan sanciones tan severas como las vistas en otros países.

Para enfrentar el problema del tránsito vehicular en el curso del año escolar, se puede poner especial ojo sobre las escuelas privadas que operan dentro de nuestra ciudad y crear un esquema regulatorio en el proceso de enrolamiento de estudiantes que estimule la matriculación de estos en escuelas que queden razonablemente cerca de donde reside el estudiante, diseñando distritos escolares para atender de forma específica esa necesidad.

Va a ser un poco cuesta arriba solucionar el problema del tránsito en nuestras ciudades si una familia que vive en Cuesta Hermosa III de Arroyo Hondo apunta a sus hijos en el Colegio Calasanz en la Ave. Independencia, o si los que viven en El Millón ponen a sus hijos en el Colegio La Salle. Los estudiantes deben estar lo suficientemente cerca de sus centros educativos como para llegar caminando o en una ruta corta en autobús, de lo contrario nuestros colegios van a seguir siendo concentradores de tránsito y generadores de tapones afectando toda la ciudad. 

No creo que una prohibición funcione en nuestro país, pero establecer una tarifa adicional a la matrícula para inscribir alumnos en colegios fuera del distrito escolar que le corresponda puede ser una alternativa viable, que pudiera parcialmente financiar las otras necesidades de una iniciativa de este tipo que debe incluir una red de transporte escolar. Por supuesto, un plan de esta naturaleza necesariamente tendría que ser implementado en un período de varios años, correctamente comunicado y estudiado en cada etapa de su implementación para poder atender las necesidades de cada nuevo distrito educativo que se sume a este plan. 

Lo que sí entiendo que no es correcto es sentarnos de brazos cruzados aceptando los tapones del año escolar como una especie de castigo divino ineludible que todos debemos aceptar para la redención de nuestros pecados. Hay múltiples factores que inciden en el problema, y el tratamiento de los distritos escolares y la matriculación de los estudiantes es uno muy importante de ellos, por lo que debemos darle cara a la situación para eventualmente llegar a una solución.   

Urgencia en el libre comercio

En más de una ocasión he hablado de la necesidad de expandir el portafolio de acuerdos de libre comercio de nuestro país incorporando más naciones a nuestro listado de socios con acuerdos robustos. Desde Canadá y México, hasta Chile, Perú, Colombia y Ecuador, en más de una ocasión he abogado por que cerremos más acuerdos de libre comercio. En esta ocasión vuelvo a hacer ese llamado pero resaltando que ahora ya se hizo urgente debiendo nuestro país tomar acción de manera decisiva y acelerada para evitar una potencial catástrofe comercial.

Para nadie es secreto que históricamente el comercio de la República Dominicana y, en particular sus exportaciones, se trata de una canasta con dos huevos, uno gigantesco y uno más pequeño pero de alta importancia. Esos dos huevos concentran el 65% del total de las exportaciones de nuestro país al mundo, y mucho de nuestra producción y el empleo nacional depende de poder mantener ese intercambio comercial en marcha y en crecimiento.

Lamentablemente los dos huevos que guardamos en nuestra canasta, de forma simultánea, están dando visos de problemas. El huevo más chiquito parece estar al borde de romperse, en la forma más literal en la que eso puede aplicar a un Estado-nación, mientras que el otro, el grandote, como mínimo podemos decir que está empezando a coger un olorsito.

Aunque es perfectamente posible hacer el esfuerzo y trabajar para preservar la salud de nuestros dos huevos, lo que recomiendo y entiendo prudente, también es mucho más fácil simplemente salir al mercado y comprar más huevos. 

Utilizando el marco legal y el programa de levantamiento de aranceles que ya tenemos del DR-CAFTA es perfectamente posible cerrar en el corto plazo un acuerdo con Canadá y México, quienes ya conocen un marco similar derivado de sus acuerdos en NAFTA y el USMC. Australia, Corea del Sur y Japón son otros potenciales socios que pudieran trabajarse con rapidez bajo un marco similar al DR-CAFTA puesto que estos ya han trabajado, y tienen la experiencia, de acuerdos similares. Con voluntad y la intención de implementar de manera agresiva un nuevo plan de comercio exterior es posible cerrar acuerdos con estas naciones en 6 meses.

Hay otras naciones, como es el caso de los países suramericanos, donde pudiera existir más debate alrededor de la estructuración del acuerdo y amerite que las conversaciones se deban extender más hacia el mediano plazo. En otros casos, como las islas del Caribe, puede que ni valga la pena de gastar el esfuerzo por el momento para no perder el ímpetu de la acción. 

El comercio exterior de la República Dominicana está en una situación de emergencia que no tolera la inacción que le ha caracterizado en los últimos 20 años. Hubiera sido idóneo que esto se hubiera realizado hace dos décadas como en aquel momento se clamaba, pero hacerlo ahora es el siguiente mejor momento y lo debemos hacer con urgencia para darle tranquilidad a la producción local y los inversionistas extranjeros que han apostado por la República Dominicana en sus estrategias de “nearshoring” y “friendshoring”.

Mercenarios en Haití

La semana pasada el controversial empresario Erik Prince, quien fuera dueño de la empresa de seguridad privada Blackwater, anunció un acuerdo con el gobierno de Haití en el cual se le promete un control parcial de los ingresos arancelarios de Haití sobre el comercio en la frontera con la República Dominicana a cambio de su colaboración para acabar con la violencia de la bandas criminales que afectan a ese país. Si bien oficialmente esto no ha sido confirmado por el gobierno de Haití, se sabe que mercenarios internacionales han estado operando en Haití desde al menos marzo de 2025 y que Prince ha logrado acuerdos similares con países como la República Democrática del Congo, lo que da credibilidad a sus afirmaciones. Es evidente que esta situación es extremadamente delicada para la República Dominicana y sus intereses. 

Eric Prince, ahora actuando por conducto de la empresa Vectus Global, está asistiendo al gobierno de Haití con el problema de las bandas criminales que controlan casi todo el territorio de ese país. A su empresa se le ha atribuido el uso reciente de drones que han atacado directamente al liderazgo de varias de las bandas criminales en Haití. Esta presencia de grupos paramilitares extranjeros en Haití es una escalada que amerita la atención muy cercana de la República Dominicana, por lo que esto supone para el futuro inmediato de nuestro vecino y su estabilidad de largo plazo. 

Por un lado, un acuerdo donde se cede control sobre los ingresos arancelarios del comercio en nuestra frontera con Haití va a condicionar por tiempo indefinido nuestra política comercial con ellos. Negociar un acuerdo comercial con Haití que establezca condiciones favorables para nuestros productores no va a ser posible en un mundo donde los ingresos de un grupo de mercenarios dependen de ello. 

Más grave aún, no queda claro cómo un grupo de mercenarios favorecerá una estabilidad en Haití que se oriente hacia la creación y el fortalecimiento de sus instituciones estatales, de hecho la dinámica de incentivos para esos mercenarios es diametralmente opuesta a ese objetivo. Los extremadamente limitados recursos que tiene el gobierno de Haití ahora están incluyendo el pago de mercenarios, en directa competencia con los pocos recursos que ya recibía la policía de Haití, y su inclusión en los ingresos arancelarios resultantes del comercio en nuestra frontera garantiza su permanencia en las costillas presupuestarias de ese país para el largo plazo. 

Como si lo anterior no fuera suficiente, Erik Prince es un importante contribuyente y una persona de mucha influencia sobre el liderazgo del vecino del norte del cual, bajo la hipótesis del bosque oscuro, trataré de no abundar demasiado, pero que recientemente se ha demarcado por una política exterior que favorece la extracción de riquezas de los países a cambio de su soporte político y diplomático. Mientras esa situación no cambie, es poco probable que el problema que ahora se cierne sobre Haití cambie.

Para la República Dominicana esta situación es un problema mayúsculo. Viviendo en la era del bosque oscuro es muy poco lo que podemos hacer respecto de esto. En el mejor de los casos, y si Prince tiene éxito en disminuir la influencia de las bandas criminales en Haití, lo que no es garantizado, al menos se podrá celebrar eso. Pero los dominicanos conocemos muy bien como termina la historia de ceder ingresos aduaneros a entes extranjeros. Esto va para largo, muy largo.