El Museo al Merengue. La apoteosis de una parte de nuestra identidad.

El merengue está muerto y necesita un mausoleo. Luego de la muerte de Johnny Ventura el año pasado, la Cámara de Diputados aprobó una resolución solicitando la creación del Museo del Merengue. En su momento fue vista como una propuesta impulsiva reaccionando a la pérdida de uno de los más importantes exponentes del género, pero en esta ocasión quiero adherirme a esa propuesta para que tengamos un Museo del Merengue y preservar la historia, el valor cultural y el potencial turístico de nuestro fallecido sonido, pudiendo monetizarlo en favor del país mucho tiempo después del retiro o fallecimiento de sus últimos exponentes.

Por demasiado tiempo en el país se ha gastado energía hablando de "rescatar" el merengue, sin detenernos a aceptar que no hay nada para rescatar, ya murió. Han pasado décadas de la última vez que el merengue presentó un nuevo artista u orquesta haciendo música nueva con alguna acogida de relevancia. Lo poco nuevo que sale del merengue son algunos discos de artistas que tienen décadas establecidos lo que implica que, de mantenerse así las cosas como luce probable, al momento de estos retirarse o fallecer con ellos se irán las últimas notas del merengue.

Aclaro que no estoy sugiriendo que el merengue no se va a escuchar o que este desaparecerá de la faz del planeta, así no es como mueren los géneros musicales. Mozart, Paganini, Miles Davis entre muchos otros destacados músicos en sus respectivos géneros se siguen escuchando hoy en día no obstante esos géneros haber muerto o evolucionado a algo completamente distinto hace muchísimos años, y probablemente seguirán por muchas décadas o siglos más, lo que probablemente no encontraremos es a muchos compositores contemporáneos interesados en reutilizar esos sonidos en su totalidad para su nueva música.

La muerte del merengue no le resta su valor e importancia para nuestra historia y cultura, todo lo contrario, su muerte hace más urgente para nuestro país el reaccionar y darle su debido reconocimiento y dimensión dentro de esta, lo que se lograría de forma apropiada con un Museo del Merengue que permita a dominicanos y extranjeros conocer esa parte importante de nuestra identidad.

El Museo del Merengue debería venir de un esfuerzo conjunto del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo y con apoyo continuo del sector privado, y su construcción y administración debe tener un enfoque hacia potenciar su valor y atractivo turístico, para que, aún en su muerte, ese patrimonio cultural dominicano siga dando beneficios directos a nuestro país.

La ejecución de esta iniciativa podría ser el punto de partida con el cual se establezca un nuevo modelo de nuestra oferta cultural, desarrollando la forma en que nos presentamos al mundo y como, a través de espacios abiertos al público, mejoramos la forma en la que educamos sobre nuestra cultura e historia. ¿Qué más apropiado que iniciarlo con nuestro fallecido merengue?

Coordinación en el Ministerio Público y la Policía contra la delincuencia común.

Debería llamar la atención que todas las acciones que suelen tomarse en nuestro país para hacer frente a la delincuencia común, que va y viene por olas, vienen como iniciativa exclusiva del Ministerio de Interior y Policía. Así se ha experimentado con los ajustes en los horarios de venta de bebidas alcohólicas, los patrullajes mixtos con los militares, los retenes, entre otras medidas que claramente no son sostenibles ni han sido efectivas para dar una solución definitiva frente al problema. En la conversación el Ministerio Público tiende a brillar por su ausencia, no obstante ser este el encargado de ejecutar la política de persecución criminal del Estado, y esto es lo que debe de cambiar.

El Ministerio Público debe coordinar con el Ministerio de Interior y Policía el protocolo para el manejo y atención de los casos de delincuencia común, debiendo tener ambas instituciones equipos interdisciplinarios permanentes que definan las políticas y procedimientos internos para el manejo de estos casos.

Hay múltiples factores que en la práctica dificultan la persecución de los casos de delincuencias común: 1) La falta de denuncias formales, 2) La falta de seguimiento por parte de las víctimas a estos casos, 3) El poco interés de las víctimas en asistir a las audiencias para testificar sobre el delito que les afectó, 4) Las falta de evidencias más allá de las declaraciones realizadas por víctimas y testigos en sus denuncias, entre otras dificultades prácticas.

Estos factores tienen muchas razones de ser para su existencia, pero esto puede ser atribuido a la poca credibilidad que tiene nuestro sistema de justicia no sólo en su capacidad de castigar los delitos sino en evitar que las víctimas pueden ser objetos de amenazas e intimidaciones por parte de sus victimarios en cualquier proceso de juicio.

Es por esto que el trabajo conjunto del Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía debe girar en lograr la captura, juicio y sanción de la delincuencia común sin necesidad de la intervención de las víctimas, estableciendo un protocolo de persecución de estos delitos identificando las necesidades probatorias mínimas para justificar la acción en justicia y empleando las herramientas que el Código de Procedimiento Penal pone a disposición del Ministerio Público para evitar los juicios de fondo para estos casos.

Claramente el usar el equivalente normativo a una lobotomía jurídica limitando los derechos de todos los ciudadanos por la delincuencia realizada por un grupo limitado de todos estos no funciona, por lo que propongo un abordaje más quirúrgico y preciso del problema, donde el Ministerio Púbico y el Ministerio de Interior y Policía enfoquen adecuadamente sus presupuestos para ejecutar protocolos de persecución de la delincuencia común que les ayude a construir, como resultado de la acción conjunta, un cuerpo de evidencias suficientes a modo que les evite llegar a juicio de fondo y la intervención de la víctima y que pueda ser replicado a escala para perseguir de manera efectiva y sostenible este tipo de delito hasta poder dar con una solución definitiva con este problema persistente y de alto costo político.

Judicializar los procesos de deportación.

Por más que en República Dominicana nos pretendamos hacer los ciegos, sordos y mudos respecto a la ejecución de deportaciones masivas en perjuicio de inmigrantes haitianos en nuestro territorio, siempre será inevitable que estas generen alarma y repudio por parte de la comunidad intencional y las organizaciones de derechos humanos, porque, en efecto, estas de manera sistemática son violatorias de múltiples derechos humanos. Como propuesta, en esta ocasión invito a repensar este tipo de estrategias que a la larga nos hace mucho más daño que el supuesto mal que pretendemos erradicar al ejecutarlas.

Empecemos por la realidad de que las deportaciones masivas de haitianos en República Dominicana no es una política sostenible. Los presupuestos de Migración y de Interior y Policía no tienen la capacidad de sostener una actividad de esta naturaleza por más de unas cuantas semanas a la vez, y la frontera entre Haití y República Dominicana siempre va a ser extremadamente porosa, aunque levantemos la Muralla China allí, por simple virtud del hecho de que compartimos una isla. Este tipo de gastos son un monumental desperdicio de recursos que el país necesita para enfrentar problemas más importantes como el de la delincuencia.

Más aún, el hecho de que en República Dominicana el proceso de deportación es enteramente administrativo y que seguimos optando por cegarnos a la realidad de que el racismo plaga a nuestras instituciones, esencialmente garantizan que estos procesos de deportaciones masivas vengan cargados de arbitrariedades y abusos no sólo contra posibles inmigrantes ilegales sino contra residentes legales, turistas y nacionales de color. Naturalmente esto resulta en el descrédito de la imágen del país en el exterior y del Estado dominicano como democracia.

Aceptando la realidad de que en nuestro país la ejecución de deportaciones masivas tiene alto valor político y que el reconocimiento de nuestro racismo institucional van a ser cosas que tomarán años, o décadas, en cambiar, propongo que iniciemos judicializando los procesos de deportación en nuestro país.

Es constitucionalmente cuestionable que un proceso que en muchas ocasiones implica extraer forzosamente a alguien de su vivienda, privarle temporalmente de su libertad y físicamente arrastrarle fuera de nuestras fronteras, sea ejecutado sin ningún tipo de tutela judicial. Acciones de esa naturaleza no tienen cabida en una democracia y ya es tiempo de que esto sea corregido.

Judicializar el proceso implicaría, en primera instancia, proteger el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia que enarbola nuestra Constitución, pero más importante aún, serviría primero legitimar frente a la comunidad internacional las acciones de deportación que tome el Estado dominicano y segundo como un elemento disuasivo a las estrategias de deportaciones masivas como las que se vienen ejecutando hoy en día.

Si no resulta evidente para el lector, estoy totalmente en desacuerdo con la deportación de inmigrantes de nuestro país salvo que estos hayan cometido algún crimen violento. Ahora, aceptando la realidad de mi país, abogo a que si se va a hacer, que se haga correctamente para evitarle reproches y condenas al país que no solo afecten al sector de turismo sino que afecten nuestras estrategias diplomáticas de largo plazo.