La reforma fiscal (6)

Impuestos en el mercado de valores.

En una eventual reforma fiscal el Estado debe poner especial atención al mercado de valores de la República Dominicana, en especial como algunos impuestos hacen prácticamente imposible las emisiones de oferta pública de acciones y como esto impide que el país disfrute de muchas de las bondades de este mercado, entre las que se destaca la transparencia de las finanzas del sector privado. Estimular la colocación de acciones en los mercados de valores tendrá un efecto positivo en las recaudaciones fiscales del Estado, por lo que el tratamiento fiscal de esas operaciones debe tener un propósito estratégico.

En ese sentido, recomiendo que los aumentos de capital ejecutados a través del mercado de valores sean exonerados del impuesto de 1% de aumento de capital, para crear un incentivo a las colocaciones públicas de acciones por encima de las privadas que seguirían pagando ese impuesto.

Por otro lado, es necesario eliminar la obligación de retención por ganancia de capital sobre los valores transados en el mercado de valores que actualmente está impactando las ventas privadas de acciones pero que son virtualmente imposibles de ejecutar de forma práctica en el mercado de valores. Más aún, la ganancia de capital debe ser considerada únicamente luego de que el tenedor del valor ha efectivamente liquidado su posición y no mientras este la mantenga abierta.

Adicionalmente, la tasa del impuesto de ganancia de capital, de manera general y no sólo limitado al mercado de valores, debe ser separada de la tasa del Impuesto Sobre la Renta y reducirse a 15% y que sea reportable en la declaración jurada de impuestos anual que el contribuyente realice de forma ordinaria, sin retenciones ni presunciones de configuración de la obligación tributaria.

Para el lector informado, nada de lo que he dicho anteriormente debe resultar particularmente nuevo y pudiera hasta sentirse extrañado, ya que todo lo que he propuesto hasta ahora es tal cual lo que ya existe conforme a la Ley 163-21 de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública en el mercado de valores de la República Dominicana.

El defecto fatal de esa ley, es que estableció este régimen de tributación para las operaciones en el mercado de valores de manera temporal que estaría expirando el año que viene. Predeciblemente, esta temporalidad del tratamiento fiscal para estas operaciones en el mercado de valores ha resultado en que no se ha producido ninguna emisión de acciones desde que la ley fuera aprobada.

En esencia mi propuesta para una eventual reforma es hacer el tratamiento fiscal de las operaciones en el mercado de valores establecido en la Ley 163-21 permanente. El Estado debe ver el mercado de valores como una herramienta que facilite la creación de una cultura de transparencia en el sector privado que tenderá a facilitar la recaudación, pero esto implica no usarlo como un instrumento de cobro. De por sí será muy difícil cobrar impuestos sobre algo que no existe, por lo que es preferible aceptar que no va a recibir lo que de todas formas ya no está recibiendo, y permitir que el mercado nazca y crezca de forma saludable y sin distorsiones para recibir los beneficios de la cultura de transparencia que tenderá a fomentar.

La reforma fiscal (5)

Impuestos sobre los vehículos.

La compra y uso de vehículos en República Dominicana está sujeto a múltiples impuestos que en esta ocasión sugiero utilizar de forma estratégica para, como propuse en una ocasión anterior, empezar a electrificar el parque vehicular del país y reducir de forma material nuestra dependencia de la importación de combustibles desde el exterior para no sólo mitigar los efectos de las variaciones de precios en los mercados internacionales sino también mejorar nuestra balanza de pagos.

La Ley 103-13 redujo todos los impuestos de importación de vehículos de energía no convencional a 50%, yo sugiero exonerarlos en su totalidad y ofrecer créditos fiscales anuales a los dealers que los importen hasta un tope de $15 millones de pesos. En este escenario les seguiría aplicando el ITBIS pero se eliminarían aranceles, primera placa y el impuesto por CO2. En el caso de los vehículos que empleen combustibles tradicionales sugiero subir el arancel a 25%, la primera placa a 20% y duplicar los porcentajes que actualmente se le aplican por las emisiones de CO2.

Esta movilización hacia electrificar el parque vehicular tendría consecuencias buenas y malas para el bolsillo del Estado. Por un lado, esto permitirá al Estado a reducir de forma sustancial, hasta su eventual eliminación, los subsidios al consumo que a sólo en 2022 representaron $36.5 mil millones de pesos, mientras que por el otro lado los impuestos a los combustibles son una de las más importantes fuentes de recaudación para este (casi 10% del total de las recaudaciones), por lo que propongo que el Estado considere aumentar los impuestos fijos y ad valorem hasta duplicar su valor actual en 10 años.

Por otro lado propongo reintroducir el pago del 1% por el marbete de circulación, que fuera aprobado en la última reforma fiscal pero que nunca se aplicó. Es mucho más progresivo atar el impuesto de circulación de vehículos al valor de estos que a tasas fijas por año de fabricación, lo que tenderá a favorecer a la clase media y a los más pobres. Es un poco absurdo que vehículos de lujo paguen el mismo impuesto que un sedan ordinario por compartir años de fabricación.

Adicionalmente, el Estado debe evaluar agregar más estaciones de peaje y aumentar el costo de los peajes en las principales carreteras del país. No obstante las gestiones del Fideicomiso RD Vial que han mejorado de forma sustancial la calidad de nuestras carreteras y la atención a los conductores en las mismas, es evidente que las recaudaciones actuales no son suficientes para seguir expandiendo nuestra red de carreteras y hacer las adecuaciones y expansiones que necesitan las que ya existen.

Los impuestos a los combustibles no deben verse únicamente por su valor recaudatorio, sino por el factor estratégico de su aplicación en la economía del país. Estar a la merced de la fluctuación de los precios de los combustibles en los mercados internacionales no es sólo un problema económico o político, sino un tema con repercusiones en la seguridad y estabilidad nacional. Mitigar este riesgo promoviendo la electrificación del parque vehicular del país es crítico, y desde esa perspectiva debe ser abordado en una eventual reforma fiscal.

La reforma fiscal (4)

Impuesto Selectivo al Consumo sobre telecomunicaciones, seguros y operaciones bancarias.

En mi propuesta anterior sugerí el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al tabaco, sus derivados y productos similares y al alcohol, así como introducir el impuesto para la venta de billetes de lotería. En esta ocasión en cambio, sugiero eliminar este impuesto para las telecomunicaciones, los seguros, los cheques y transferencias bancarias que actualmente están gravados.

En total estos tres impuestos representan cerca de un 3% del total de las recaudaciones a través de la Dirección General de Impuestos Internos, lo que es sensiblemente menor a lo que actualmente se recauda solamente del ISC al alcohol. Esta ínfima recaudación viene a un costo social y económico elevadísimo que supera cualquier posible beneficio derivado de ese gravamen.

El ISC, como cualquier impuesto al consumo, tenderá a ser regresivo. En particular el ISC a las telecomunicaciones representa una barrera para la conectividad que impacta de forma desproporcionada sobre las personas más pobres y las que viven en las zonas rurales. El acceso a líneas fijas y conecciones de internet se ha convertido en una necesidad básica para que los humanos podamos participar en la economía del presente, esta necesidad solo se va a acentuar más en el tiempo y distorsiones al acceso, como el ISC, sólo servirían para acentuar esas desigualdades. Eliminar este impuesto ha sido una tarea pendiente de décadas y en la medida que ha pasado el tiempo se viene haciendo más urgente.

Por su lado, lo ocurrido el pasado noviembre desnuda la realidad sobre el mercado de seguros en la República Dominicana. Mientras por un lado el Estado cobra un selectivo de 16% a los seguros, el gobierno tuvo que ir en auxilio de los afectados por las lluvias de noviembre con un subsidio por falta de seguros con cobertura por inundaciones. En un país especialmente susceptible a fenómenos de la naturaleza por su ubicación geográfica es mucho mejor para el Estado estimular la contratación de seguros por parte de la población, que recibir lo poco que recauda de gravar estas compras y mantener los niveles de cobertura bajos.

Luego está el caso del impuesto sobre transferencias bancarias y cheques, que castiga el uso de servicios bancarios en un país que desesperadamente busca elevar el nivel de bancarización de sus ciudadanos. Facilitar las transacciones bancarias es importante para el Estado poder estimular mayor formalidad en la economía y beneficiarse de ello, lo que contradice la existencia de este impuesto que en su momento fue llamado “transitorio”.

Cualquier pérdida recaudatoria derivada de la eliminación de estos impuestos sería fácilmente recuperable de aplicarse el alza sugerida en mi artículo anterior en el ISC del tabaco, el alcohol y los billetes de lotería, y a su vez derivarían en beneficios indirectos importantes no solo para el Estado sino para la ciudadanía que es la más afectada por las distorsiones que crean estos impuestos regresivos e innecesarios.