Hackatones Gubernamentales

En las empresas privadas, en especial en el sector de tecnología, habitualmente se celebran eventos llamados “hackatones” con el objetivo de lograr el desarrollo rápido de soluciones de software para el beneficio de la empresa. Derivado de la palabra “hacker”, que significa una persona con altas capacidades de programación, y maratón, para estos eventos se suelen convocar muchas personas para que de forma colaborativa elaboren un programa en el menor tiempo posible. Mi propuesta en esta ocasión es que las instituciones del Estado dominicano de forma habitual organicen este tipo de evento para el desarrollo de soluciones rápidas y efectivas que mejoren sus procesos internos, su seguridad cibernética y los servicios que proveen a la ciudadanía.

La realización de hackatones gubernamentales no sería algo particularmente nuevo. Tanto en Estados Unidos como en Europa distintas entidades gubernamentales les han usado desde la década pasada como una herramienta para desarrollar e implementar soluciones efectivas para los servicios públicos, promover la participación ciudadana y probar sus sistemas de seguridad cibernética.

En la República Dominicana existen precedentes de hackatones con apoyo promocional del Estado con un enfoque a estimular la creación de nuevos emprendimientos en el país. Sin embargo, este tipo de actividad no ha sido considerado expresamente para el desarrollo de soluciones para el mismo Estado y sus muchas necesidades de mejoras y desarrollo de software para atender la mejora en sus procesos y los servicios que brinda a la ciudadanía.

La ventaja de este tipo de eventos es el bajo costo de organizarlos y los resultados que pueden ser obtenidos en un corto tiempo a favor del Estado, si este lo fuera a realizar. Por supuesto, estos también tendrán el beneficio adicional de exhibir a personas talentosas en programación y ponerles en la vista del Estado como modo de atraer y captar talento dentro de nuestro servicio civil.

Estos pueden ser usados para poner a prueba los sistemas de seguridad cibernética de las instituciones que componen nuestro aparato de seguridad interna y externa, así como de nuestra infraestructura crítica. También pueden convocarse para desarrollar soluciones digitales para la atención ciudadana y mejorar los sitios web de las distintas entidades gubernamentales, así como para desarrollar soluciones de automatización de los procesos internos de esas entidades.

Desarrollar hackatones gubernamentales habituales en todas las entidades estatales puede ser una solución de bajo costo para impulsar y acelerar la transformación digital que es tan necesitada en el Estado dominicano. Más importante aún, no sólo pudiera servir para captar talento en favor del Estado sino para adicionalmente empezar a fomentar una cultura de emprendimiento y enfoque hacia el desarrollo de tecnologías en el país.

Uso de Inteligencias Artificiales en el Estado

En estos tiempos de cambio constante, es importante que en la República Dominicana prestemos mucha atención, especialmente desde el Estado dominicano, a los más recientes avances y desarrollos de las Inteligencias Artificiales (IA) y los beneficios que podemos extraer de su implementación en los servicios públicos en beneficio de nuestra sociedad.

Uno de los campos en los que la IA podría ejercer una influencia positiva es la gestión de los recursos públicos. En este sentido, la IA podría introducir mejoras notorias en la eficiencia y la transparencia, reduciendo los desatinos y desvíos de recursos que tanto daño hacen a nuestra sociedad. La implementación de sistemas de IA para la asignación y supervisión de proyectos permitiría un mejor seguimiento y control, garantizando que nuestros impuestos sean utilizados en beneficio de la sociedad.

La IA también podría utilizarse para mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos. Nuestros hospitales y escuelas podrían ver una transformación sin precedentes con la llegada de estas tecnologías. La IA podría revolucionar la atención médica mediante el diagnóstico temprano de enfermedades y la identificación de patrones de riesgo, lo que permitiría una atención más efectiva y personalizada, salvando así incontables vidas. En cuanto a la educación, la IA podría facilitar la enseñanza personalizada y adaptativa, permitiendo a nuestros niños y jóvenes alcanzar su máximo potencial.

Por otro lado, nuestro sistema legal también podría ser transformado por la IA. Los sistemas de inteligencia artificial podrían ayudar a los jueces y fiscales a tomar decisiones más justas e imparciales, analizando de manera más precisa los casos y permitiendo un mejor entendimiento de los delitos y sus causas. De esta manera, la IA podría contribuir a que la justicia dominicana sea más rápida y efectiva, devolviendo la confianza y credibilidad en nuestras instituciones.

En el ámbito de la lucha contra la corrupción, la IA podría desempeñar un papel crucial, al poder detectar anomalías y patrones sospechosos en las transacciones financieras y en el comportamiento de funcionarios públicos. Esto redundaría en un sistema de justicia más eficiente, capaz de atajar el flagelo de la corrupción, que tanto ha lacerado a nuestra sociedad.

Otro aspecto en el cual la IA podría contribuir significativamente es la gestión de desastres naturales y situaciones de emergencia. Mediante el análisis de datos meteorológicos, históricos y geográficos, las Inteligencias Artificiales podrían anticipar y prevenir los daños ocasionados por fenómenos naturales, como huracanes o inundaciones. Esto, sin lugar a dudas, mejoraría la capacidad del Estado dominicano para proteger a sus ciudadanos y salvaguardar su infraestructura.

No obstante, es menester reconocer que la implementación de la IA en el gobierno de la República Dominicana también conlleva desafíos y riesgos. Entre ellos, destaca la necesidad de proteger la privacidad y los datos personales de los ciudadanos, así como garantizar la equidad y la transparencia en el uso de estos sistemas.

Este artículo fue escrito por GPT-4 y editado por Orlando Gómez Torres. Se utilizaron dos “prompts” distintos instruyendo a la IA a hacer un ensayo sobre la implementación y uso de las IA en las instituciones del Estado dominicano en el estilo de Orlando Gómez Torres, columnista del periódico El Nacional de la República Dominicana.

Ley sobre Libertad de Expresión

La Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión designada por el Presidente Luis Abinader ha venido haciendo su presentación del proyecto de ley que busca modificar a la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento en distintos foros públicos. Lamentablemente, no he podido encontrar el proyecto en línea para analizarlo, pero aprovecho la ocasión para detallar las cosas que me gustarían ver en el proyecto.

Espero que en el trabajo realizado por la Comisión se haya descriminalizado la difamación e injuria. El castigo penal por delitos de expresión en nuestro país deben ser reducidos a situaciones genuinamente extremas, algo que en ningún caso debe aplicar a la difamación e injuria.

En nuestro país la acción penal por el delito de difamación e injuria históricamente se ha dirigido hacia la persecución de periodistas y los medios de comunicación, lo que ha servido de mordaza y motivo de autocensura en la ejecución del importante rol que estos juegan en nuestra sociedad. La prisión debe ser vista como una acción correctiva excepcional y es difícil argumentar que en el caso de la difamación e injuria una sanción de naturaleza civil no sería más efectiva en ese rol que la prisión.

Cualquier ley que busque normar el ejercicio de la libertad de expresión debe inclinarse siempre hacia proteger ese derecho y no limitarlo, ya que en el largo plazo de esto va a depender la salud de nuestra democracia. Eso dicho, sí deben ser consideradas algunas excepciones extremas.

El uso sistemático de expresiones que busquen incitar la comisión de agresiones en contra de una persona o un grupo de personas debe ser sancionado penalmente y consecuentemente debe agravarse si se llegara a cometer la agresión o si esta resultare en la muerte de alguien. La redacción debe, de forma intencional, fijar una barra bien alta para la lograr la tipificación de un delito de esta naturaleza de modo que este no pueda ser abusado desde el Estado, pero debe ser lo suficientemente efectivo para castigar este tipo de conducta realizado con la intención genuina de provocar daños a otras personas.

Conociendo los profesionales que componen la Comisión y los que han contribuido en la elaboración de este proyecto de ley, siento mucha tranquilidad de que el documento final que resultó de este ejercicio va a tender a ser garantista del derecho de la libertad de expresión y adecuadamente ponderado al momento de definir sus límites. Comparto estas sugerencias sabiendo que es probable que estos puntos ya fueron considerados, pero solo en caso de que lo fueran y que de todas formas fueran excluidos, recordarles que no sólo es posible introducir estos cambios sino que son genuinamente deseados y necesarios.