Enfrentando la Escasez del Agua

La sequía en la República Dominicana está empezando a tener graves consecuencias en el acceso al agua en los centros urbanos. Eventualmente esta sequía va a pasar, pero el cambio climático prácticamente garantiza que tendremos más sequías como esta o más severas, por lo que, aunque estamos un poco tarde, es tiempo de que tomemos acciones decisivas para adaptarnos y poder garantizar el suministro del agua indistintamente de las condiciones del clima en el futuro.

Lo primero, es esencial liberalizar los precios y que estos reflejen el precio de mercado. Si el precio no refleja la realidad, los consumidores no van a adaptar sus hábitos de consumo a esa realidad. Para mitigar el impacto de este ajuste en la población más vulnerable el Estado puede extender la ayuda que ya ofrece a través de los servicios sociales para cubrir hasta un monto del precio del agua. Por supuesto, es probable que las corporaciones de acueductos enfrenten problemas similares a las EDEs para lograr el cobro de las tarifas, lo que debe ser atendido para que el ajuste de precios y su efecto sobre el consumo sea efectivo.

El Estado debe también aprovechar la iniciativa privada para ampliar dramáticamente la producción de agua en el territorio dominicano. Para ello debe crear un marco jurídico que no sólo fomente múltiples formas de producción de agua a través de iniciativas privadas sino que defina la operación de un mercado de agua que le permita al Estado comprar agua de la producción privada para mejorar los precios del consumidor final o suplir cualquier déficit que se le presente.

Por otro lado, el Estado debería eliminar los aranceles e ir más allá, ofrecer incentivos fiscales, para la importación e instalación de electrodomésticos y aplicaciones que reduzcan el consumo de agua. Esto debe incluir alcachofas de duchas “low flow”, lavadoras de bajo consumo, inodoros de doble descarga y lavadoras de bajo consumo. Esto debe extenderse para la producción nacional de estos insumos, de forma tal que se estimule el desarrollo de insumos y electrodomésticos que tiendan a reducir el consumo de agua.

Pero quizás lo más importante es buscar alternativas de producción de agua para nuestras industrias. La implementación de un marco jurídico para fomentar la iniciativa de producción de agua en el sector privado debe especialmente favorecer la instalación de plantas de desalinización y de captura de lluvia dedicadas para la demanda de agua del sector industrial, siendo particularmente urgente atender la demanda actual y futura de zonas industriales como las de Haina y San Isidro.

La atención particular por sector descrita anteriormente debe ser extensible a la producción agrícola. No sólo debe evaluarse un método de producción de agua más sostenible para nuestro sector agrícola, sino que debemos empezar a tener una conversación bien seria sobre los cultivos que podremos producir y los métodos de cultivo que podemos implementar de manera sostenible ante una nueva realidad sobre la disponibilidad y precio del agua en la República Dominicana.

La actual sequía y sus secuelas deben ser una seria llamada de atención para nuestro país ante la nueva realidad que va a derivar del cambio climático y debemos empezar a buscar soluciones sobre la producción y manejo del agua, y esas soluciones se necesitan para ayer.

Fideicomiso Público de Ejecución Sucesoral

Hoy en día si una persona fallece, sus sucesores deben atravesar un viacrucis en bancos, AFPs, puestos de bolsas y distintas entidades públicas para poder recuperar el dinero dejado por su familiar en las distintas entidades financieras en el país. El proceso no es fácil, ni es barato si tuviese que llevarlo ante una entidad, tener que hacerlo ante múltiples entidades es una pesadilla. Es por ello que en esta ocasión propongo la creación de un fideicomiso de ejecución sucesoral de bienes financieros en la República Dominicana para centralizar todos esos bienes dejados por personas fallecidas en el Sistema Financiero en una sola sede para facilitar su ejecución a sus sucesores.

La realidad es que hay mucha tela por donde cortar respecto al proceso de ejecución sucesoral en nuestro país, y existen muchas vías posibles para simplificar ese proceso a favor de los sucesores que no solo podrían abaratarlo para estos, sino que traerían beneficios sustanciales para el Estado y el Poder Judicial de manera general al reducir los conflictos que habitualmente se suscitan alrededor de estos procesos.

No obstante lo anterior, en esta ocasión solo me estaré enfocando en como se ejecuta este proceso en el sistema financiero. Ordinariamente los sucesores deben saber de antemano donde su familiar fallecido conservaba su dinero, sea en bancos, AFPs, Puestos de Bolsa, AFIs y sociedades fiduciarias, para luego ir individualmente a cada entidad a realizar todo el proceso legal de recuperar ese dinero, lo que puede ser notoriamente difícil.

El proceso implica suministrar actas del estado civil (acta de defunción, actas de nacimiento, etc.), actos de notoriedad, recibos de pago de impuestos, entre otros documentos, en original, en cada entidad donde la persona fallecida tenía dinero para que los sucesores puedan recibir ese dinero.

Para mejorar sustancialmente la situación para los sucesores propongo la constitución de un fideicomiso público que centralice todas las tenencias dejadas por las personas fallecidas en el sistema financiero. El fideicomiso se encargaría de recibir las alertas y a su vez alertar a todas las entidades del sistema financiero del fallecimiento de una persona, luego recibir todos los fondos dejados por esa persona en cada entidad en el sistema y encargarse de la ejecución del patrimonio sucesoral financiero junto a los sucesores como vía centralizada de ese esfuerzo.

Hay múltiples beneficios derivados de esta centralización, no sólo para los sucesores, sino para el mismo sistema financiero y los terceros. Para los sucesores es evidente que no tener que adivinar donde su familiar guardaba su dinero, ni tener que llevar el proceso de ejecución sucesoral en múltiples entidades es un enorme beneficio, para los terceros (acreedores) tener claridad de donde elevar sus intereses sobre los fondos dejados por el fallecido es también un beneficio significativo, y para cada entidad del sistema financiero el poder descargar los costos asociados a estos procesos también es un gigantesco beneficio.

La implementación de algo de esta naturaleza requeriría afinar múltiples aspectos que tocan varias leyes, pero entiendo que los beneficios derivados de su implementación no solo para los usuarios, sino para el Estado en general, son más que suficientes para movilizarnos en esa dirección a la mayor brevedad.

Dejando de encabezar los rankings malos. (1)

Recientemente se viralizó el dato del Banco Mundial que en 2019 nos puso como el país con el mayor número de muertes por accidentes vehiculares, con 65 muertes por cada 100,000 habitantes bien distantes del segundo lugar, Zimbabwe con 41, y ni hablar del promedio global que es 17. Entiendo que esto no puede ser explicado por los sospechosos habituales que se plantean como las causas de este problema, por eso mi propuesta es que obtengamos datos más precisos de los accidentes fatales en nuestro país para ejecutar “quick fixes” y “nudges” que reduzcan estas cifras a si bien no los números idóneos, sí a algo que no parezca bordeando lo apocalíptico.

Es importante tener en cuenta que de acuerdo a los números de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en el 2019 el número de muertes por accidentes de tránsito en la República Dominicana fue de 20 por cada 100,000 habitantes, lo que no parece del todo correcto, pero es la cifra con más detalles disponible. Esta incertidumbre sobre el dato correcto es justo parte del problema.

Las causas habitualmente enarboladas para justificar esta cifra son la falta de educación de los conductores, el consumo de alcohol, la falta de fiscalización de la ley de tránsito y el exceso de velocidad al manejar. Estas causas no me parecen particularmente persuasivas para justificar el número estratosférico de muertes que se presentan de nuestro país. No somos el país peor educado del mundo, ese sería Niger con un índice de educación de 0.249 contra el nuestro de 0.666, tampoco somos los mayores consumidores de alcohol, ese sería Moldavia con un consumo per cápita de 15.2 litros por año comparado con los 6.9 litros de nosotros, y no me parece que seamos los que tenemos menos multas ni los límites de velocidad más altos.

Profundizando un poco en los datos de la ONE, algunas cosas llaman la atención. Las muertes por vuelcos se han desplomado de un pico de 158 en 2010 a apenas 8 en 2019 lo que sugiere una mejora sustancial en el cumplimiento de las normas tendente a reducir estos accidentes, lo que parece contradecir una de las excusas habituales. De igual forma, las muertes por atropellamientos han bajado de forma sustancial desde un pico de 493 en 2010 a apenas 300 en 2019, lo que parece sugerir una mejora importante en la seguridad de los peatones en nuestro país, no obstante el habitual pesimismo respecto de este tema.

No obstante esas buenas noticias, esos datos claramente no justifican el dato que motiva este artículo. Al profundizar en los números de muertes por accidente de tránsito podemos notar que las 10 provincias más mortíferas son María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Azua, Samaná, Puerto Plata y Valverde. También es notable el hecho de que por abrumadora mayoría los accidentes con fatalidades ocurren entre las 6 pm y las 10 pm. Este tipo de datos motivan a que pongamos ojo a nuestras autopistas, el transporte interurbano y la iluminación de nuestras calles y parte de las carreteras.

Pero la realidad es que resulta difícil llegar a conclusiones con los datos disponibles. Sería de mucha utilidad, y propongo, recabar las informaciones de los accidentes con detalles que incluyan el lugar específico donde estos ocurren con el propósito de mantenerlos en un mapa general del país e identificar tramos problemáticos. También sería oportuno establecer una prueba de toxicología mandatoria en todos los accidentes con personas fallecidas y mantener la estadística de esos datos.

Con estas acciones se estarían dando los pasos iniciales para educar la toma de decisiones para implementar intervenciones rápidas y “nudges” que si bien no nos acercarán, ni por asomo, al promedio global en estas estadísticas, al menos podríamos reducir estos fallecimientos a números menos apocalípticos. Una solución integral requerirá una transformación generacional.