Motivar la naturalización

En nuestro país entre 200 y 400 extranjeros adquieren la nacionalidad dominicana cada año, cumpliendo el procedimiento ordinario de naturalización previsto en la ley. Para un país que está marchando aceleradamente hacia una tasa de nacimientos por debajo de los 2.1 nacimientos por mujer, esa cantidad de naturalizaciones al año no va a ser suficiente para mantener el crecimiento poblacional que necesitamos. Es por ello que en esta ocasión propongo no solo revisar la ley actual de naturalización, para hacer aún más sencillo el proceso, sino que el Estado promueva el proceso de naturalización de las personas radicadas en la República Dominicana.

El proceso de naturalización en la República Dominicana se rige bajo la ley 1683 del 21 de abril de 1948, solo por el tiempo desde su entrada en vigencia esta amerita una revisión, pero más aún debemos revisarla porqué, no obstante lo relativamente sencillo que se define el proceso de naturalización en esta, en la práctica muy pocas personas la utilizan para acceder a la nacionalidad dominicana y los beneficios que derivan de esto para quienes viven dentro de nuestro territorio.

En ocasiones anteriores ya he sugerido que como país debemos liberalizar nuestras políticas estatales en inmigración y respecto al tratamiento de refugiados, pero no basta con hacer su entrada y residencia un poco más sencillas sino vamos al siguiente paso natural y apostamos a, en el largo plazo, facilitarles su estadía permanente en nuestro país y hacerles parte de nuestro pueblo, y en efecto hacerlos dominicanos como todos nosotros.

Naturalizar a nuestros inmigrantes facilita de forma significativa su integración en nuestra economía y hacerles participantes activos en sectores como educación, salud, minería, construcción, agricultura, entre otros, donde sus talentos y conocimientos pueden complementar los que ya tenemos en la población autóctona para poder elevar la calidad de nuestra oferta en cada uno de esos sectores.

Más aún, debemos ser capaces de motivar en esos inmigrantes el deseo de naturalizarse y ser parte de nuestra nación como dominicanos. Un poco menos del 10% de la población en nuestro territorio es inmigrante, lo que es una cantidad significativa. Debe movernos a preocupación que solo una proporción insignificante de esta busque activamente adquirir nuestra nacionalidad, debemos indagar los motivos y tomar las acciones necesarias para motivar y estimular la nacionalización de esos inmigrantes, incluyendo, pero no limitado, a ofrecer una amnistía a aquellos inmigrantes que por una razón u otra se encuentren sin documentos dentro de nuestro territorio.

Lentamente estamos evolucionando a ser un país de crecimiento poblacional negativo, pero al mismo tiempo vamos en camino a ser un país de flujos migratorios netamente positivo. Debemos tomar la coyuntura para aprovechar la oportunidad positiva que se nos viene presentando para contrarrestar el reto negativo que está derivando de nuestro desarrollo. Aprovechemos el activo que la miopía hace que otros países rechacen, no solo por nuestras necesidades presentes sino por lo que indefectiblemente se nos va a venir en el futuro.

Declaratoria de Estado de Emergencia para la educación.

Recientemente el Ministerio de Educación hizo público su “Evaluación Diagnóstica 2022” mostrando resultados alarmantemente malos en las distintas materias evaluadas en los alumnos de 3ro y 6to de primaria, así como los de 3ero de secundaria. Según reveló el Ministerio, estos resultados son consistentes con lo experimentado cada año desde el 2017, por lo que no parece necesariamente atado a potenciales lagunas derivadas de la pandemia. Lo que ocurre en la educación en la República Dominicana es una verdadera calamidad, al punto que entiendo que debemos genuinamente considerar una declaratoria de estado de emergencia para la educación.

Declarar un estado de emergencia lo primero que logra es darle el carácter que amerita la situación de la educación en nuestro país. Según la evaluación realizada por el Ministerio de Educación de 6,280 estudiantes de 6to de primaria evaluados, en la materia de Matemáticas solo pasaron el 0.7%, lo que ilustra la gravedad de lo que estamos enfrentando acá en todos los niveles. Esto refleja muy mal en todo el sistema educativo especialmente en los profesores y directores de planteles.

En segunda instancia, la declaratoria de estado de emergencia le permitiría al Poder Ejecutivo suspender los efectos legales de las normas que rigen el sector tanto en la relación laboral entre el Estado y el personal docente, la evaluación por competencias de los maestros, la designación de los directores de planteles, así como otros procesos que históricamente han probado ser obstáculos para exigir mayor calidad en la educación. Esto permitirá al Estado a girar la estrategia de educación del país hacia una enfocada en el cumplimiento de objetivos.

Más aún, esa declaratoria le permitiría al Estado suspender las actividades de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), incluyendo su capacidad de convocar a sus miembros, realizar paros y, en general, a operar de cualquier forma significativa como gremio. La ADP ha probado ser uno de los mayores obstáculos para lograr las reformas más necesarias del sector, suspender temporalmente su capacidad de operar como gremio, mientras perdure la emergencia, despejaría el camino para que el Estado proceda para atender la grave situación en el que está sumado el sector.

De partida soy el primero en reconocer que implementar una medida de esta naturaleza va a suponer retos legales y constitucionales importantes, en especial por ser algo sin precedentes en nuestro país. Dicho eso, nuestra educación está viviendo una situación crítica que estaría impactando el derecho a una educación de calidad de al menos dos generaciones de dominicanos en el contexto de cambios sociales y tecnológicos a nivel mundial para los cuales los estaremos dejando muy desprotegidos.

La situación en la calidad de la educación en nuestro país es sumamente grave, lo que es reflejado en todas las mediciones que se han hecho sobre esta, y me mortifica que no veo ningún sentido de urgencia en los actores principales de ese sector. Es tiempo de que le demos el carácter de crisis que tiene y tomemos todos los pasos necesarios para atenderlo a la mayor brevedad, aún si debemos acudir a las herramientas extremas.

Permitir la explotación de Loma Miranda

Hace casi 10 años del debate nacional alrededor de Loma Miranda y su explotación, el cual culminó luego de que el Congreso aprobara una ley que pretendía declarar la zona en un parque nacional y este fuera vetado sensatamente por el entonces Presidente Danilo Medina. Mucho ha cambiado en el mundo desde entonces, entre las cosas que han cambiado se incluye el precio del níquel que si bien en aquel tiempo rondaba los USD$13,000 por tonelada hoy, al momento de escribir este artículo, asciende a USD$23,000 por tonelada. Mi propuesta es permitir la explotación minera del níquel en Loma Miranda.

Otras cosas también han cambiado desde entonces. La población dominicana luce tener menos aversión hacia la minería, quizás porque la exportación minera de Pueblo Viejo por parte de Barrick Gold no degeneró en el apocalipsis ambiental que vaticinaban sus detractores, quizás porque la minería se ha convertido en una de las fuentes más importantes de ingresos para el Estado (probó ser esencial durante la crisis de la pandemia) o quizás porque esta hoy representa el 4% del PIB del país.

Durante el debate de aquel entonces, Pelegrín Castillo, quien fungía como Ministro de Energía y Minas, declaró que el yacimiento de níquel en Loma Miranda ascendía a 18 millones de toneladas. No he podido comprobar ese número en otras fuentes, pero de ser cierto, significa un potencial económico para el país comparable al de la mina de oro en Pueblo Viejo.

El evento que disparó el precio del níquel en estos años ha sido la creciente masificación de los vehículos eléctricos y las baterías para almacenamiento de energía, lo que seguirá ocurriendo de forma exponencial en las próximas décadas, por lo que la explotación estaría ocurriendo en un ambiente de precios muy favorable para el mineral a lo largo de toda su explotación en Loma MIranda.

Dado al historial de este tema en la República Dominicana me parece razonable que el Estado busque términos más favorables para el país como condición de autorizar la explotación. Entiendo que deberíamos atrevernos a exigir que una porción significativa del refinamiento se haga aquí y buscar compromisos para promover en el futuro la construcción de baterías para el almacenamiento de energía y producción de vehículos en nuestro territorio, debiendo considerarse cualquier ajuste impositivo o arancelario que faciliten esas iniciativas.

La minería es hoy un componente importante de la economía dominicana, y debemos aprovechar las oportunidades que nos brindan los mercados respecto de los minerales que tenemos en nuestro pedazo de esta isla. Agrego que, como lo propuse en un artículo anterior, debemos crear un fondo soberano utilizando parte de los ingresos derivados de la minería, para que los frutos de esta explotación puedan ser disfrutados por generaciones futuras, y así lo extraído de Loma Miranda y Pueblo Viejo nos rinda por décadas y décadas.