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La semana pasada el anterior Presidente y actual candidato del Partido Republicano, Donald Trump, fue sujeto de un intento de asesinato en un rally en Pennsylvania. Por fortuna el Presidente 45 de los Estados Unidos sobrevivió sin heridas de importancia y se encuentra recuperado. En la democracia no hay espacio para la violencia, lo ocurrido es un hecho bochornoso e inaceptable, y espero que Estados Unidos tome todas las medidas necesarias para que cosas como estas no vuelvan a ocurrir, la seguridad de los candidatos debe ser garantizada, y más importante aún el lenguaje de campaña debe empezar a moderarse para nunca dar espacio o justificaciones a estos actos desquiciados.


Lamentablemente, este atentado va a movilizar una ola de simpatías alrededor de Trump que probablemente garantizan que este será electo nuevamente como Presidente de los Estados Unidos. Esto, por supuesto, es una muy mala noticia para Estados Unidos, pero en igual o mayor medida lo será para el resto del mundo, incluyendo a la República Dominicana y debemos empezar a prepararnos.


La ejecución de la política económica anunciada por Trump para los próximos años probablemente va a fortalecer la presión inflacionaria que hasta ahora había sido contenida por la FED de Jerome Powell. Más allá de la política fiscal y de comercio exterior prometida por el candidato republicano, que de por sí es altamente inflacionaria, Trump no está de acuerdo con la política monetaria de la FED y es probable que trabaje en minar su independencia hasta lograr flexibilizarla. Esto podría suponer una vuelta a los niveles de inflación del 2021 en Estados Unidos lo que permearía sobre toda la región que de por si ha estado tratando de contener sus propias presiones inflacionarias.


Lo anterior implica prepararnos para los efectos internos y externos de esa inflación que, en adición al alza de los precios de los bienes locales, se traducirán en un alto costo del crédito interno y externo en el mediano y largo plazo con el impacto que ello conlleva a nuestra economía. Esto en adición a lo que la inflación en Estados Unidos pueda producir sobre la capacidad de consumo de los estadounidenses lo que tenderá a impactar nuestro turismo y la recepción de remesas. 


Respecto de esta última, debemos prepararnos ante la posibilidad de que con un Congreso enteramente a su favor, Trump logre imponer un impuesto sobre las remesas, idea con la que ya había coqueteado al inicio de su primer mandato como forma de financiar el muro en la frontera con México. En el momento no es tan claro que tan alta entre sus prioridades se encuentre la idea de un impuesto a las remesas, pero este se alinearía con su plan fiscal para los próximos 4 años y con su mensaje político. Dada esas circunstancias es necesario que en República Dominicana estemos preparados ante esa contingencia y sus implicaciones a nuestra economía. 


La elección de Trump es altamente probable a partir de lo ocurrido la semana pasada, esto va a tener repercusiones importantes en la política interna y exterior de nuestro más importante socio comercial en el futuro previsible y es prudente que empecemos a prepararnos para esa contingencia desde ahora. Otros puntos de enfoque los estaré abordando en los siguientes artículos. 


 
 
 


El régimen legal del trabajo en la República Dominicana estará sujeto a una de las probables reformas que emprenderá el gobierno en los próximos años. La conversación de la reforma laboral suele ser dominada por los temas de la cesantía, los salarios mínimos, las licencias entre otros puntos que suelen tener un impacto claro y entendible para la mayoría. En esta ocasión, en cambio, deseo llamar la atención sobre los puntos ciegos de esta conversación para que una vez se formalice el inicio del proceso de reforma sean tomados en consideración.


En primera instancia deseo referirme a la protección de los datos personales de los trabajadores y el rol que deben jugar los empleadores en esa protección. Si bien, en principio, todo empleador debería estar al tanto de que los datos personales de sus trabajadores sí deben estar cuidados de conformidad con la Ley 172-13 sobre protección de datos personales, la realidad es que esto no parece del conocimiento generalizado de la clase empleadora. 


En el proceso de reclutamiento y durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores tienden a capturar una enorme cantidad de datos de sus trabajadores, siendo una proporción significativa de esos datos de naturaleza personal conforme esta ha sido definida en las regulaciones locales e internacionales en la materia. 


No obstante los datos de carácter personal de los empleados, por su naturaleza legal, ser muy sensibles debido a las potenciales repercusiones negativas del uso inapropiado de los mismos, los empleadores no suelen poner el celo que amerita el tratamiento de estos. Ese tratamiento relajado se extiende a nombres, direcciones, cuentas bancarias, salarios, beneficios, exámenes de salud, pruebas antidopaje, fechas de vacaciones, y la mayoría de los intercambios documentados entre el empleador y el empleado en todo el curso de su relación, y ni hablar de las informaciones de terceros que captan sin mucha consideración como las de las referencias personales, familiares (menores de edad incluidos) y allegados del trabajador. 


Si bien existe un régimen legal general sobre el tratamiento de los datos de carácter personal, debido a la naturaleza de la relación entre empleador y empleado, es más que razonable que exista un régimen especial de protección de datos personales en el Código Laboral que defina claramente las obligaciones de los empleadores respecto de la captura, tratamiento, uso y transmisión a terceros de los datos de sus empleados.


La introducción de ese régimen especial debe incluir un estímulo a crear una cultura de protección de datos personales que permee a toda la sociedad, incluyendo al Estado dominicano que, paradójicamente, en cumplimiento de normas de “transparencia” de dudosa efectividad exponen los datos personales de su personal de forma explícita.


Esa cultura de protección de datos personales tenderá a empujar a las empresas a reconsiderar las informaciones que desean captar de sus empleados seguramente optando por captar únicamente la información absolutamente necesaria como forma de reducir su exposición legal a ese régimen de protección, lo que a su vez fortalecerá el derecho a la intimidad constitucionalmente reconocido para todos por conducto del Derecho del Trabajo.  


 
 
 
  • Writer: Orlando Gomez
    Orlando Gomez
  • Jun 29, 2024
  • 2 min read


Ya iniciada la conversación sobre la eventual reforma tributaria en la República Dominicana, no estaría de más considerar algunos incentivos fiscales menos tradicionales que complementen los objetivos primarios detrás de este esfuerzo. Tradicionalmente los incentivos fiscales se enfocan en estimular el consumo o la inversión en un sector económico en específico, pero ahora, donde nos abocamos a una reforma fiscal que si bien podría no ser integral sí debería justificarse con algunos sacrificios en el gasto del Estado, podemos empezar a considerar incentivos fiscales para el desarrollo de soluciones que abaraten los costos operativos del Estado. 


Resulta evidente que el Estado dominicano necesita mucha data de todo tipo que pueda mejor documentar su toma de decisiones, y por igual necesita muchos desarrollos tecnológicos que le permitan reducir sustancialmente sus costos y eficientizar sus procesos. Si bien de forma tradicional esto se ha tratado de suplir desde adentro hacia afuera, el Estado asumiendo el tipo de data y tecnología que necesita y requiriéndola a través de los procesos tradicionales de compras y contrataciones, este tenderá a sacar mayores beneficios de que sean sus usuarios, todos los dominicanos, los que detecten sus fallos y puntos ciegos y que les aporten soluciones. 


Partiendo de lo anterior entiendo que sería muy provechoso que, aprovechando la coyuntura de la reforma fiscal, el Estado introduzca la figura de créditos fiscales como resultado de las mejores operacionales o desarrollos tecnológicos que el sector privado le ofrezca que impliquen ahorros significativos en sus procesos y operaciones. En efecto, crear dentro del sector privado toda una industria de soporte a las operaciones del Estado a cambio de un crédito fiscal proporcional a los ahorros o beneficios que aporten esos desarrollos para el Estado. 


Esto no debería limitarse únicamente a desarrollos tecnológicos en software o hardware, sino también a data de cualquier naturaleza, y recabada de conformidad a nuestras leyes, que le permita al Estado tener visibilidad sobre actividades o patrones que de otra forma no tendría conocimiento, esto a los fines de que cualquier negocio o industria no solo pueda acceder al crédito fiscal sino a que el esfuerzo sea equitativo para todos. 


Este esquema de incentivo fiscal primero que nada estaría creando un estímulo de inversión en investigación y desarrollo sin precedentes en la República Dominicana, un área en la que lamentablemente nos hemos destacado de manera negativa. Pero en segunda instancia se estaría enfocando esa inversión hacia desarrollos que tenderían a reducir costos y optimizar las operaciones del Estado sin costos directos para este, apalancándose en el capital e ingenio del sector privado para brindarle soluciones que le permitan ahorros sustanciales.


Si vamos a conservar incentivos fiscales debemos utilizarles para crear un círculo virtuoso donde esos incentivos den forma a una industria de crear optimización en las operaciones del Estado de forma que este pueda hacer mucho más con mucho menos y sacar más beneficios de su reforma fiscal que a una aspiración abstracta y poco realista del incremento de la presión tributaria sin consideraciones de su propio gasto.  


 
 
 

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