Repensando el permiso de viajes para menores de edad.

Uno de los procesos burocráticos más molestosos al momento de viajar por su costo en tiempo y dinero suele ser el permiso de viaje para menores de edad. La inmensa mayoría de personas que no están sujetas a un riesgo importante de que sus hijos sean objetos de un secuestro hacia afuera del país, deben pagar con la ejecución de este proceso por el potencial acto delictivo de unos pocos. Como he indicado en propuestas anteriores entiendo que las excepciones no pueden definir las reglas, por eso en esta ocasión propongo repensar el proceso de permiso para menores de edad.

En el mundo ideal el proceso de permiso de viaje para menores de edad no debería existir. En ese mundo de lo ideal, el menor podría viajar sin restricciones de ninguna naturaleza salvo que exista una objeción documentada para viajar, requiriendo una acción activa del padre o tutor para prevenir el viaje sin su autorización y no un permiso previo.

Lamentablemente no vivimos en ese mundo ideal, y entendiendo que algunos cambios culturales toman tiempo, si el permiso de viaje para menores ha de existir, este debe ser un proceso en línea sin mayores formalidades más que la verificación de la identidad de los padres y estos mantener actualizado el estatus de permiso para los viajes de los menores en línea y en tiempo real.

No solo la Junta Central Electoral mantiene una base de datos de todos los ciudadanos y residentes legales en la República Dominicana, sino que esa misma base de datos registra quienes son los padres o tutores de cada persona, su estado civil y si esa persona se encuentra con vida o no. De hecho es la misma base de datos que hoy utilizan la Dirección General de Migración y la de Pasaportes para validar la identidad de las personas en sus respectivos roles.    

Los ciudadanos deben poder enrolarse en la plataforma que habilite Migración para gestionar el permiso. Una vez este se identifica adecuadamente y crea su usuario, el mismo sistema debe indicarle los menores de edad que desde la base de datos de la Junta Central Electoral esta ya tenga identificada como dependientes suyos, y allí, con un clic, este definir su consentimiento para los viajes de esos menores hacia el exterior en ese momento y para el futuro hasta tanto el usuario mismo desee variar la autorización.

Esto debe poder integrarse con los distintos esfuerzos realizados por la OGTIC y otros entes públicos de integrar los distintos servicios del Estado a una sola plataforma. Pero mientras eso no ocurra, debe estar en condiciones de operar de manera independiente y al costo que Migración entienda apropiado, honestamente no importa el costo, solo el ahorro en trámites y movimientos a oficinas de abogados y entidades públicos será más que suficiente. 

Este es uno de múltiples procesos que deben agotar los ciudadanos dominicanos con el Estado para poder realizar actividades ordinarias que deberían ser repensados, no solo por el ahorro importante que implica esto al Estado mismo, sino muy especialmente a los ciudadanos.  

Centralizar la atención e investigación de catástrofes.

Con frecuencia en la República Dominicana ocurren tragedias de diferentes magnitudes que por su naturaleza pueden ser prevenidas o mitigadas. Lamentablemente estas no suelen ser investigadas adecuadamente y como resultado de esto, en muy pocas ocasiones estamos en condiciones de tomar acciones efectivas para prevenir que estas vuelvan a ocurrir en el futuro. En esta ocasión propongo la creación de un instituto para la investigación y prevención de catástrofes que centralice la investigación de este tipo de eventos, tenga la responsabilidad de preparar y divulgar informes alrededor de los mismos, y documenten la toma de decisiones del Estado para regular su prevención. 

Desde las catástrofes en Villas Agrícolas y San Cristóbal, el colapso del paso a desnivel de la 27 de febrero, la muerte de niños en la Maternidad de Los Minas, la tragedia de Mesopotamia, el desprendimiento de asfalto de la pista del Aeropuerto de Las Américas, los accidentes masivos en nuestras carreteras, etc. La ocurrencia de eventos de múltiples fatalidades o potencialmente calamitosos es habitual en nuestro país. Lamentablemente, la información pública sobre las investigaciones relacionadas a esos eventos es de difícil acceso o si acaso existente. No hay información suficiente sobre las investigaciones realizadas, sus resultados, o si estas siquiera fueron realizadas. 

Más aún, es evidente que las investigaciones de estos eventos no es centralizada, sino que es asumida conforme a responsabilidades determinadas a un criterio ad-hoc y caso por caso. Dependiendo del tipo de evento se han presentado todo un desfile de entidades para las investigaciones que van desde los Cuerpos de Bomberos de la municipalidad donde ocurren, el INACIF, el Ministerio Público, el COE, el Ministerio de Salud Pública, el IDAC, el MOPC, las Fuerzas Armadas, el INTRANT, el Ministerio de Interior y Policía, y cualquier entidad que pudiera parecer remotamente relacionada a las circunstancias de cada caso.

Lo anterior ha derivado en investigaciones poco efectivas, poco difundidas o abiertamente inexistentes, lo que ha resultado en una pobre capacidad de acción del Estado no solo en determinar responsabilidades, sino mucho más importante aún, en acciones que puedan prevenir que situaciones similares se produzcan en el futuro.

La creación de un instituto donde se centralicen las investigaciones de esta naturaleza de primera mano definiría una responsabilidad institucional concreta a una entidad para asumir la investigación. Esto no limitaría a dicha entidad de auxiliarse de otras entidades del Estado que por su perfil técnico puedan ofrecer una asistencia efectiva a sus investigaciones, pero sí les haría directamente responsables de ejecutar y divulgar las mismas y documentar al Estado en como prevenir que estas puedan repetirse en el futuro.

Es esencial para la credibilidad de las instituciones del Estado que estas sean capaces de atender a las demandas de las situaciones que viven sus ciudadanos, dar respuestas creíbles y oportunas a las realidades detrás de los eventos calamitosos que ocurren en dicha sociedad, y responder de manera efectiva a las mismas no solo para mitigar sus efectos inmediatos sino para evitar que estas se repitan en el futuro, de forma tal que el ejercicio democrático tenga valor dentro de la población. Ordenar la capacidad de acción e investigación de catástrofes en la República Dominicana centralizándoles en una entidad con esa responsabilidad claramente definida en sus objetivos, sería un paso muy importante en esa dirección.

¿Prepararnos para otra presidencia de Donald Trump? (5)

Desde que empezara esta pequeña serie de propuestas para prepararnos para lo que en su momento consideré la inevitable segunda presidencia de Trump mucho ha cambiado en el terreno político estadounidense. La salida del Presidente Biden de la campaña y el ascenso entusiasta de la candidata demócrata Kamala Harris ha provocado un cambio dramático de tono, y si antes entendía la segunda presidencia de Trump como inevitable, ahora debo corregir la certeza del lenguaje que he empleado para solo considerarla como probable. Esto fortalece el tono de este último artículo sobre el tema, en la que sugiero implementar las reformas para asumir un calculado pero sano distanciamiento de Estados Unidos aún si Trump no gana la presidencia.   

Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y estratégico de la República Dominicana, y eso no debe y nunca debería cambiar. Eso dicho, debemos estar conscientes de que esta relación supone un riesgo importante en la medida que el ambiente político e institucional en dicha nación se vuelve más incierto.

La economía dominicana tiene una alta dependencia de Estados Unidos en aspectos que son críticos, tales como en las remesas, turismo y comercio exterior. Cualquier cambio de política o tratamiento que impacten esos sectores, tales como un impuesto a las remesas o la implementación de aranceles a las importaciones, pueden tener un efecto devastador en nuestro país.  

Por igual, la República Dominicana tiene una dependencia importante de la asistencia americana en su fortalecimiento institucional. Es tiempo de que nos vayamos deshaciendo de las rueditas de aprendizaje institucional y empecemos a trazar nuestro propio camino organizacional, legal, normativo y regulatorio, si bien no distanciandonos totalmente, pero al menos no esperando ni dependiendo de la colaboración institucional de Estados Unidos o la Unión Europea.

De manera general debemos iniciar la ardua labor de diversificar nuestra economía de modo que esta no sea desproporcionadamente dependiente de solo 3 rubros económicos sostenidos por la economía de un solo país. Por eso debe ser una urgencia estratégica promover la inversión extranjera directa y el comercio transfronterizo de la Unión Europea, Reino Unido, México, Centroamérica, Suramérica y Asia excluyendo a China. 

Es cierto que la victoria de Trump no es un hecho seguro como lo parecía hasta hace apenas 1 mes, pero eso no deja de resaltar lo peligrosamente expuestos que como país estamos a los vaivenes políticos en Estados Unidos que cada vez lucen más extremos e inciertos. Aún si en esta ocasión logramos salvar del peor escenario, es prudente que tomemos las acciones necesarias para nunca más vernos expuestos de esta manera.