Pongamos ojo a África.

De manera recurrente en esta serie de artículos con propuestas he hablado de diversificar los puntos de comercio internacional para la República Dominicana, primero para mitigar los riesgos asociados a una afectación en la economía de cualquiera de nuestros socios comerciales, y segundo por el impacto positivo que tendría en nuestra producción interna. En esta ocasión entiendo prudente llamar la atención sobre África, proponiendo poner especial atención y tomar acciones concretas para tener presencia comercial en dicho continente. 

África tiene muchas de las condiciones de plantarse como el futuro del desarrollo económico global para el resto de este siglo. Actualmente es la región cuya economía presenta el crecimiento más acelerado, tiene la población más jóven y mantiene un crecimiento poblacional que para el año 2050 le hará el hogar del 25% de la población mundial creciendo significativamente del 18% que representa hoy en día.

El problema más significativo que ha plagado al continente africano desde su descolonización, y la razón principal por la que no muchos ojos se han plantado sobre el continente, ha sido la inestabilidad política y social. Hoy en día incluso eso está empezando a ceder en muchos países y subregiones del continente, que habiendo finalmente encontrado algo de estabilidad le están empezando a cambiar la cara al estereotipo de África que se ha venido arrastrando desde el Siglo XX.

En adición a los países tradicionalmente más reconocidos por su estabilidad dentro de la región como Botswana, Cabo Verde, Seychelles, Namibia, Marruecos, Egipto y Sudáfrica, ya se vienen viendo algunas luces en otros, si bien frágiles, como en Ruanda, Niger, Costa de Marfil y Gambia. El proceso va a ser lento, posiblemente tendrá tropiezos, pero las condiciones se están dando para que una parte significativa de África empiece a caminar la ruta del desarrollo.

Históricamente África ha recibido muy poca atención en la República Dominicana y, salvo la competencia de Costa de Marfil a nuestra producción de cacao, rara vez es parte de nuestra conversación en materia comercial. Nuestros avances recientes en materia económica, manufactura y producción primaria podrían hacer de África un destino interesante para nuestro capital y exportaciones.

Por supuesto, abrirnos espacios comerciales en África va a representar muchísimos retos, más allá de los conocidos como la inestabilidad social y política de esa región. Pero es países como esos, donde la calidad de su producción local aún se encuentra rezagada, donde podemos encontrar oportunidades, y en un continente con el enorme potencial que hoy está empezando a mostrar África es donde pudiéramos encontrar altos retornos. No me hago ilusiones de que esos retornos lleguen en el corto o mediano plazo, esto podría tomar años sino décadas, pero en algún momento debemos dar los primeros pasos.

Ley de Transparencia de contenido y prensa

Continuando un poco el hilo de la propuesta anterior en la que sugerí la introducción de una ley de registros de agentes extranjeros a los fines de que las personas que actúan por cuenta de Estados o empresas del exterior se registren y transparenten su condición, en esta ocasión debemos poner los ojos sobre los medios de prensa y los generadores de contenido. Toda persona que genere o participe en la generación de contenido de cualquier naturaleza en la República Dominicana debe indicar de forma razonablemente prominente dentro de dicho contenido si ha recibido algún beneficio para realizar, patrocinar o promover dicho contenido.

Si bien esta propuesta deriva de lo ocurrido en Estados Unidos donde el Departamento de Estado afirma que varios generadores de contenido recibieron dinero de agentes rusos para realizar ciertas publicaciones, ilustrando el enorme peligro que subyace en este problema, en la República Dominicana es un secreto a voces el hecho de que ciertas publicaciones tanto en los medios alternativos así como en la prensa tradicional se realizan a cambio de un beneficio para el que genera, publica o difunde el mismo.

Una ley de transparencia de medios y contenido debería enfocarse en exigir de los creadores de los mismos a divulgar cualquier vínculo así como cualquier beneficio concreto o potencial ofrecido a cambio de realizar, publicar o difundir el mismo. Esto debe ser realizado dentro del mismo contenido de una forma clara y razonablemente prominente de modo que los consumidores del mismo estén informados de que el contenido se presenta a cambio o gracias a algún beneficio ofrecido por un tercero, debiendo distinguirse este tipo de “asistencia” a la que se recibe de patrocinadores ordinarios. 

Por supuesto, esto debe realizarse sin que pueda ser interpretado como una brecha al secreto profesional y la protección a la fuentes noticiosas de los periodistas. Revelar pagos o beneficios por la divulgación de contenido sirve para, por un lado, transparentar ante los consumidores los entes o personas con un interés excepcional en que este ese contenido les sea transmitido por conducto de dicho medio, y por el otro lado, permitir el escrutinio público de dicho interés.

En esta época donde el público está expuesto a un bombardeo constante de todo tipo de contenido noticioso, de opinión y de otras naturalezas, y existe una industria orientada hacia la desinformación, combatirla con transparencia es la mejor solución. Si los generadores de contenido no van a ajustarse a algún estándar ético medianamente razonable, estos deben estar sujetos a cuanto menos una obligación razonable de transparencia.

Ley de Registro de Agentes Foráneos

Recientemente el Departamento de Justicia reveló su acusación a dos empleados de la agencia de noticias rusa RT de haber cometido una conspiración para lavar activos y no registrarse como agentes de un Estado extranjero. La acusación reveló una de las formas en las que, alegadamente, el Estado ruso utiliza para influenciar al público en los Estados Unidos, pero más interesante aún, muestra la utilidad práctica de tener una ley que exija el registro de agentes de Estados extranjeros que realicen actividades dentro de nuestro territorio.

Es importante tener en cuenta que no hay nada inherentemente negativo o sospechoso de actuar por cuenta o encargo de un Estado o entidad extranjera en nuestro país con el propósito de influenciar la política interna o externa y la opinión pública, esto es parte ordinaria de la actividad profesional o comercial de miles de personas (dominicanos y extranjeros) en el país, y exigir un registro para estos fines no debe ser considerado una demonización de este tipo de actividad ni esta debe ser la perspectiva en el cumplimiento de la misma.

La exigencia de un registro para agentes o representantes de Estados o entidades extranjeras nos va a permitir resaltar, en una primera instancia, aquellos que lo hacen de buena fe y sin temores a hacerlo de manera transparente, permitiendo que sus acciones frente al Estado, los particulares y la opinión pública en la República Dominicana estén apropiadamente transparentadas.

La figura legal como tal es una reliquia de antes de la Segunda Guerra Mundial y viene de tener un alto enfoque en prevención de espionaje, pero esta ha venido a tener particular importancia en los últimos 10 años en la que los medios tradicionales han perdido sustancialmente su hegemonía sobre la opinión pública y donde los mecanismos de incidir sobre esta son más diversos y menos centralizados. 

Actualmente la República Dominicana no tiene los medios legales de perseguir personas que maliciosamente traten de influenciar nuestras políticas y a la opinión pública, sin revelar que operan por cuenta de Estados o entes extranjeros. Estos nos deja expuestos a que cualquier medio sea explotado para tratar de promover intereses foráneos o, simplemente, estimular la discordia e inestabilidad social interna, si así lo determinare como objetivo cualquier Estado o ente extranjero.    

En la medida que la República Dominicana crece y su economía y peso diplomático se tornan más relevantes en el Caribe y Centroamérica, nuestras acciones como país serán de mayor interés de actores foráneos. En principio es perfectamente admisible que personas actúen en bajo esa calidad en nuestro país, como parte de sus actividades profesionales o comerciales, pero conservar un registro y requerir esa transparencia es esencial para que estas actividades no exploten los distintos accesos a nuestra opinión pública nacional de forma negativa que puedan afectar nuestra estabilidad social y política.